Guillermo Pérez Luque
Foto: PN Los Glaciares
La provincia de Santa Cruz se encamina a dar un paso importante en materia ambiental con el tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer un “blindaje ambiental” frente a recientes cambios en la normativa nacional sobre glaciares, que reducen los estándares de protección y delegan mayor responsabilidad en las provincias.
La iniciativa lleva las firmas del diputado por El Calafate, Carlos Alegría, junto a Karina Nieto, de Río Turbio. Fue presentada en noviembre de 2025 en momentos en que el Gobierno Nacional anunció su interés de modificar la Ley de Glaciares, lo que finalmente se aprobó esta semana.
El proyecto provincial ya cuenta con despacho favorable en comisiones y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. De no recibir nuevas modificaciones en el plazo previsto por el artículo 64 del reglamento interno, sería aprobada en la próxima sesión de la Legislatura, prevista para el 23 de abril.
Los puntos centrales
Ahora Calafate pudo saber que el proyecto propone incorporar dos nuevos artículos a la Ley Provincial N° 3123, sancionada en 2010, que establece el marco legal para la protección, preservación y monitoreo de los glaciares y el ambiente periglaciar en la provincia. El objetivo de esta modificación reforzar la protección del patrimonio natural santacruceño en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas.
En ese sentido, uno de los ejes centrales es la declaración de los recursos naturales como “bienes ambientales estratégicos no susceptibles de degradación”, incluyendo suelos, aguas, glaciares, ambiente periglacial, humedales y cuencas hídricas. Esta definición implica reconocer su valor esencial para la vida, el equilibrio ecológico y el desarrollo futuro de la provincia.
A su vez, la iniciativa crea las denominadas Zonas de Protección Ambiental Especial (ZPAE), donde se establece la prohibición absoluta de actividades extractivas que puedan afectar estos entornos, como la megaminería, la explotación hidrocarburífera no convencional o cualquier intervención que altere el equilibrio natural.
En sus fundamentos el proyecto aclara que esto no busca frenar el desarrollo económico, sino ordenarlo bajo criterios científicos y de sustentabilidad, permitiendo únicamente aquellas obras que cumplan estrictos controles ambientales.
No regresión y autonomía provincial
Uno de los puntos más relevantes es la incorporación del principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados. En la práctica, esto significa que ninguna decisión política, administrativa o normativa podrá flexibilizar las condiciones actuales de resguardo ambiental.
En la misma línea, se establece el principio de autonomía ambiental provincial, mediante el cual Santa Cruz se reserva el derecho de no aplicar normas nacionales que resulten regresivas en términos de protección del ambiente. Este punto cobra especial relevancia tras la reciente modificación de la Ley de Glaciares a nivel nacional.
Diputado Carlos Alegría
El proyecto también exige que cualquier actividad productiva o de infraestructura cercana a áreas protegidas sea sometida a evaluaciones de impacto ambiental estratégicas, incorporando estudios hidrogeológicos, climáticos y de riesgo acumulativo, con el fin de anticipar posibles daños.
En sus fundamentos, los autores advierten que los ecosistemas de Santa Cruz (que incluyen glaciares, humedales y cuencas únicas) “enfrentan crecientes amenazas por actividades extractivas, el cambio climático y la expansión de infraestructura”, lo que podría generar impactos irreversibles en el ciclo del agua, la biodiversidad y la calidad de vida de la población.
Con este proyecto, Santa Cruz busca posicionarse con una legislación moderna y firme, en defensa de sus recursos naturales, en un escenario nacional donde el debate ambiental vuelve a ocupar un lugar central.
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO CON SU DESPACHO DE COMISION
