El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados se alzaron en la madrugada de este jueves con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas con ambiciosos proyectos mineros. A las 2.30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió una vez más al Congreso para ver ese momento clave desde uno de los palcos del recinto.
Junto al bloque de La Libertad Avanza votaron positivamente el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego) y Tucumán (Osvaldo Jaldo); un puñado del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria.
En tanto, el rechazo fue del grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y el puntano Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.
Hubo una sola votación al final del debate, ya que previamente se había aprobado una moción del diputado Nicolás Mayoraz para que se procediera a realizar en un único acto la votación en general y en particular. El titular del bloque UP, Germán Martínez, había objetado esa moción, sugiriendo que se votara artículo por artículo, pero la moción del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales se impuso por 134 votos a favor y 117 en contra.
El debate se extendió por más de 11 horas, con discursos -en general- en contra de la ley, con cortes para cuestiones de privilegio y homenajes. Aunque había una docena de diputados de LLA anotados en la lista de oradores, luego se bajaron, y hablaron oficialistas solo al principio y al final.
La jornada había comenzado el día anterior, a las 15.13, cuando el tablero marcó 129 presentes, con aliados aportando al quórum en lo que fue la primera sesión de la Cámara baja desde que arrancó el periodo ordinario.
Por su parte, en las afueras del Congreso la jornada estuvo marcada por una protesta de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas en rechazo a la ley.
Desde distintas ONG's, asociaciones y particulares anticiparon que irán a la Justicia, y entre los argumentos para objetar la norma harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal.
Aunque en el Senado se había obviado este paso, en Diputados el oficialismo accedió al pedido de la oposición, pero tras la masiva inscripción y la decisión de LLA de destinar solo dos días, alertaron que esa instancia finalmente no cumplía con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto y pujaban por su aprobación.
La oposición reclamó que no se recibió a abogados constitucionalistas, al asegurar que la flamante norma es "inconstitucional" porque representa una regresión en derecho ambiental, algo que el oficialismo dice lo contrario.
A partir de la nueva ley se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.
También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La reforma prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas.
Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.
También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señaló en sus fundamentos que, a 15 años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
