Guillermo Pérez Luque
Un proyecto presentado en la Legislatura de Santa Cruz vuelve a poner en agenda la falta de reglamentación de la Ley Provincial N° 3522, que creó el Programa Socio-Educativo de Prevención del Bullying - Acoso entre Pares.
La Ley fue sancionada en diciembre de 2016, durante primer mandato de Alicia Kirchner como gobernadora. Sin embargo, pasaron mas de nueve años y todavía el Ejecutivo no la ha reglamentado.
La iniciativa, impulsada por la diputada Elba Lorena Ponce, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, avance con la reglamentación de la norma, condición necesaria para que pueda aplicarse de manera efectiva en todo el sistema educativo provincial.
En los fundamentos del proyecto al que accedió Ahora Calafate, la diputada de 28 de Noviembre advierte que, a más de nueve años de su sanción, la ausencia de reglamentación limita su implementación real y homogénea en las instituciones educativas.
El texto señala que el bullying, incluyendo el ciberacoso, es una problemática compleja que impacta directamente en la salud emocional, el rendimiento académico y las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes, lo que exige una respuesta concreta del Estado.
El proyecto de resolución no solo reclama la reglamentación, sino que además establece una serie de aspectos mínimos que deberían contemplarse. Entre ellos, la definición de lineamientos operativos claros, la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar, y la implementación de capacitaciones obligatorias y continuas para docentes y equipos directivos.
También se propone avanzar en una articulación interinstitucional con organismos vinculados a la protección de derechos de la niñez, y en la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación periódica del programa.
En paralelo, se insta al Consejo Provincial de Educación a garantizar la implementación efectiva de la ley en todos los establecimientos educativos, en línea con la normativa nacional vigente.
Ponce sostiene que la reglamentación permitirá transformar una ley vigente en una herramienta concreta de política pública, brindando mayor seguridad a las instituciones frente a situaciones de conflicto y fortaleciendo los acuerdos de convivencia escolar.
Además, la legisladora remarca la importancia de impulsar campañas de sensibilización y espacios de formación, con el objetivo de consolidar una cultura basada en el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos.
La iniciativa busca así saldar una deuda legislativa y avanzar hacia entornos escolares más seguros, donde la prevención y el abordaje del bullying cuenten con herramientas claras y efectivas en toda la provincia. El proyecto es analizado en comisiones de la legislatura.
