Guillermo Pérez Luque
Imagenes ilustrativas
En medio de una creciente preocupación a nivel nacional por amenazas de tiroteos en escuelas, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate envió un oficio a establecimientos educativos de la localidad con instrucciones claras y obligatorias de actuación ante este tipo de situaciones.
El documento al que accedió Ahora Calafate, está dirigido a directivos y establece un protocolo de intervención inmediata frente a cualquier tipo de amenaza, ya sea a través de redes sociales, mensajes, comentarios verbales o cualquier otro medio.
Desde el Juzgado se remarca que ante la detección o recepción de una amenaza, se deberá dar aviso urgente a la Policía, informar a la Justicia y a la Fiscalía de Instrucción, a cargo de la Dra. Natalia Mercado, y adoptar medidas preventivas dentro de la institución.
Entre esas acciones, se indica la necesidad de limitar el acceso de personas ajenas al establecimiento y activar mecanismos de resguardo según el nivel de riesgo.
Además, se instruye a las escuelas a trabajar en conjunto con los equipos de orientación escolar y organismos como la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SEMNAF) para garantizar la contención de los involucrados.
No minimizar y preservar pruebas
Uno de los puntos centrales del oficio es la advertencia de no subestimar ni minimizar ninguna amenaza, incluso cuando no haya certezas sobre su veracidad.
Se establece que deben considerarse como relevantes todas las manifestaciones que hagan referencia a posibles hechos de violencia armada, incluyendo mensajes en redes como WhatsApp, Instagram o TikTok, notas anónimas, comentarios o imágenes de armas vinculadas al ámbito escolar.
En ese sentido, se indica que toda amenaza debe presumirse como verosímil hasta que sea descartada por las autoridades competentes.
También se ordena a las instituciones preservar toda la evidencia disponible, como capturas de pantalla, mensajes y cualquier otro elemento que pueda servir para identificar a los responsables.
El oficio advierte que este tipo de conductas pueden encuadrarse en delitos previstos en el Código Penal, como amenazas o intimidación pública, lo que podría derivar en responsabilidades penales.
La medida se enmarca en una serie de episodios recientes registrados en distintos puntos del país, de la provincia y algunos en esta localidad, donde se han detectado mensajes o advertencias sobre posibles ataques en escuelas, generando alarma en comunidades educativas.
