Guillermo Pérez Luque
En una sesión marcada por la incertidumbre y negociaciones de último momento, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves el proyecto de “blindaje ambiental”, una modificación de la Ley Provincial N.º 3123 que fortalece el marco legal para la protección, preservación y monitoreo de los glaciares y del ambiente periglaciar.
La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Alegría, había atravesado previamente todas las comisiones legislativas con despacho favorable, lo que hacía prever un tratamiento sin sobresaltos.
El proyecto había salido de comisiones con despacho favorable en la pasada sesión del 9 de abril. Quedó hasta hoy sujeto a modificaciones u observaciones a través del artículo 64 del reglamento interno. Durante ese tiempo ningún legislador hizo uso de esas facultades, razón por la cual se nada hacía prever lo que iba a pasar.
En las horas previas a la sesión surgió la posibilidad concreta de que el proyecto fuera enviado a archivo, por parte del oficialismo lo que generó un escenario de tensión política.
Según pudo saber Ahora Calafate, la jornada estuvo atravesada por intensas negociaciones entre los distintos bloques. Incluso, el inicio de la sesión se vio demorado mientras se definía el futuro de la iniciativa. No trascendieron públicamente los motivos de ese cambio de postura.
Finalmente, y debido a que se habían logrado juntar los votos para sacar el proyecto por mayoría (entre legisladores de Unión Por la Patria, independientes, CC-ARI t algunos oficialistas) se alcanzó un acuerdo para avanzar con el tratamiento en el recinto. El proyecto fue aprobado con el voto afirmativo de los 23 diputados presentes. A pedido de su autor, la votación se realizó de manera nominal, dejando registro individual de cada legislador.
La modificación de la ley apunta a establecer mayores niveles de protección ambiental en un contexto nacional donde se debate la flexibilización de normativas vinculadas a los recursos naturales. En ese sentido, la iniciativa busca reforzar el resguardo de zonas sensibles como los glaciares, considerados estratégicos tanto desde el punto de vista ambiental como hídrico.
Qué puede pasar
Con la sanción legislativa ya concretada, el foco se traslada ahora al Poder Ejecutivo provincial, que deberá definir si promulga la ley o decide vetarla.
En caso de un eventual veto, el Ejecutivo deberá fundamentar los motivos de su decisión, en un tema que ya demostró generar tensiones políticas incluso antes de su aprobación.
En el caso de veto del Ejecutivo, la norma sancionada hoy en la Legislatura provincial, pasaría a la Comisión de Asuntos Constitucionales para aceptar veto, aceptar texto alternativo si existiera esa propuesta por el Ejecutivo o insistir con el texto original. El oficialismo cuenta con la mayoría en esa comisión.
