Guillermo Pérez Luque
Dentro de la agenda de leyes económicas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, tomó estado parlamentario un proyecto que busca reformular de manera integral el sistema de promoción industrial, con el objetivo de atraer inversiones y dinamizar la actividad productiva.
La iniciativa, impulsada por el diputado Santiago Aberastain Zubimendi, propone modificar las leyes provinciales N° 3092 y 3519 para crear un esquema más amplio de incentivos y financiamiento orientado a empresas que decidan radicarse o expandirse en la provincia.
Un esquema con lógica de “régimen de inversiones”
El proyecto se inscribe en una línea que ya había sido anticipada por el Ejecutivo provincial. A comienzos de año, la ministra de Producción, Nadia Ricci, había señalado que se trabajaba en un paquete de leyes para asistir al sector productivo y generar condiciones para la llegada de inversiones, incluso comparándolo con un “RIGI santacruceño”.
En ese contexto, la iniciativa aparece como una de las piezas centrales de esa estrategia, al proponer un régimen con beneficios concretos para el sector industrial y productivo.
En los fundamentos, el autor del proyecto plantea que la iniciativa apunta a adaptar la provincia a los desafíos actuales. Se busca “un crecimiento sostenible, diversificado y equitativo en todo el territorio provincial”.
El objetivo de fondo es reducir la dependencia de actividades extractivas y avanzar hacia una matriz productiva más amplia.
Beneficios fiscales, subsidios y estabilidad
El esquema de incentivos que propone el proyecto no es menor. Se trata de un paquete amplio que combina alivio fiscal, reducción de costos operativos y previsibilidad a largo plazo, tres factores clave a la hora de definir inversiones.
En materia impositiva, la iniciativa contempla exenciones de tributos provinciales por hasta 10 años, que pueden extenderse a 15 años en el caso de empresas radicadas en parques industriales, lo que introduce un incentivo territorial concreto. A esto se suma un componente estratégico: la estabilidad fiscal por hasta 30 años, una herramienta poco habitual en regímenes provinciales, que busca garantizar que las condiciones tributarias no cambien de manera abrupta durante el desarrollo de los proyectos.
Pero el proyecto no se limita a lo impositivo. También apunta a reducir costos estructurales mediante subsidios en servicios esenciales, como energía, agua y cloacas, que pueden alcanzar hasta el 50% en parques industriales y sostenerse durante varios años.
Además, incorpora un incentivo directo al empleo: la devolución de aportes y contribuciones patronales por nueva mano de obra santacruceña, lo que busca inclinar la balanza a favor de la contratación local.
En conjunto, el esquema configura un régimen que no solo intenta atraer inversiones, sino también condicionar su comportamiento en función de objetivos productivos y laborales.
Dos fondos para financiar el desarrollo
Uno de los aspectos más estructurales del proyecto es la creación de dos instrumentos financieros diferenciados, lo que marca una intención de ordenar el desarrollo productivo con herramientas específicas.
Por un lado, se crea el Fondo de Incentivo Industrial, pensado como el motor financiero del régimen. Este fondo permitirá otorgar créditos, subsidios de tasa, financiamiento directo y beneficios fiscales, funcionando como una herramienta flexible para acompañar inversiones en distintas etapas.
Su integración es amplia: incluye recursos provenientes del presupuesto provincial, recupero de créditos, aportes de organismos nacionales e internacionales y otros ingresos específicos. Esto le da una lógica de fondo dinámico, con capacidad de sostener políticas en el tiempo.
Por otro lado, se establece el Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo, con un objetivo más específico: mejorar la competitividad del entramado productivo local. Este fondo apunta a financiar capacitación, incorporación de tecnología, equipamiento y herramientas de gestión, aspectos clave para que las empresas locales puedan integrarse a cadenas de valor más exigentes.
Un dato relevante es su financiamiento parcial a través de un canon aplicado a la actividad minera, lo que introduce una lógica de redistribución: recursos generados por sectores extractivos podrían canalizarse hacia el desarrollo industrial y tecnológico.
Prioridad al empleo y al desarrollo local
Más allá del objetivo de atraer inversiones, el proyecto pone un énfasis explícito en el impacto territorial de esas inversiones.
El texto establece que los beneficios estarán orientados a proyectos que generen empleo intensivo de mano de obra santacruceña, lo que implica que no cualquier inversión será priorizada, sino aquellas que tengan un efecto concreto sobre el mercado laboral local.
Además, se incorporan criterios para evaluar los proyectos en función de su capacidad de generar encadenamientos productivos, es decir, su potencial para dinamizar otras actividades económicas dentro de la provincia.
Esto incluye el uso de materias primas locales, el agregado de valor en origen y la producción de bienes destinados a exportación, lo que apunta a evitar esquemas extractivos sin desarrollo asociado.
En esa línea, también se busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, reconociéndolas como parte central del entramado productivo y no solo como proveedoras marginales.
El enfoque general es claro: no se trata solo de atraer inversiones, sino de orientarlas para que generen efectos multiplicadores en la economía provincial.
Industria tradicional y economía del conocimiento
Uno de los cambios conceptuales más relevantes del proyecto es la ampliación del alcance del sistema de promoción.
Históricamente, estos regímenes estuvieron centrados en sectores industriales tradicionales. Sin embargo, la iniciativa incorpora de manera explícita a la economía del conocimiento y los servicios, lo que implica un giro hacia actividades de mayor valor agregado.
Esto incluye áreas como servicios tecnológicos, atención al cliente, desarrollo de software y otras actividades que no dependen necesariamente de recursos físicos, pero sí del capital humano.
En los fundamentos se destaca la necesidad de “aprovechar el capital humano de la provincia para prestar servicios en estos nuevos sectores”.
Este punto es clave porque introduce una estrategia de diversificación productiva. En lugar de depender exclusivamente de sectores extractivos o industriales tradicionales, el proyecto busca abrir la puerta a actividades que pueden generar empleo calificado y sostenerse en el tiempo con menor impacto ambiental.
Al mismo tiempo, no abandona los sectores históricos, sino que propone integrarlos con nuevas tecnologías y procesos, en una lógica de modernización del aparato productivo.
Agilidad en los procesos
Otro punto destacado es la intención de acelerar los tiempos administrativos.
El proyecto establece que los trámites para acceder a los beneficios deberán resolverse en un plazo máximo de 60 días, con evaluaciones mensuales de los proyectos.
Además, fija condiciones claras para la ejecución de las inversiones, con plazos y requisitos definidos.
El debate ahora se trasladará a las comisiones legislativas, donde se analizará el alcance real de un proyecto que apunta a cambiar las condiciones de desarrollo productivo en la provincia.
