Guillermo Pérez Luque
En medio del proceso de reformas que atraviesa el sistema electoral santacruceño, un proyecto de ley ingresado en la Legislatura propone dar un paso más en la dinámica democrática: establecer la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos antes de cada elección.
La iniciativa pertenece al diputado Pedro Muñoz, del bloque Coalición Cívica ARI, y plantea la incorporación de este mecanismo para todos los cargos electivos provinciales y municipales, desde gobernador hasta concejales.
El proyecto parte de la premisa central de que el voto informado es un pilar de la democracia.
En los fundamentos, el legislador sostiene que “el debate público entre candidatos constituye un mecanismo directo y eficiente para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio de manera informada y libre”.
Un proyecto en línea con reformas recientes
En los fundamentos, Muñoz vincula la iniciativa con los cambios recientes en el sistema electoral provincial, como la eliminación de la Ley de Lemas y la implementación de un régimen transitorio.
“La incorporación del debate electoral obligatorio resulta un complemento indispensable en este proceso de modernización”, sostiene.
También señala que el proyecto toma como antecedente la Ley Nacional 27.337, que estableció el debate presidencial obligatorio.
Desde esa lógica, la propuesta no se limita a recomendar los debates, sino que los convierte en obligatorios una vez oficializadas las candidaturas.
Quiénes deberán debatir y cuándo
La ley establece que estarán alcanzados todos los principales cargos electivos: gobernador, diputados provinciales —tanto por distrito único como por municipio—, intendentes y concejales.
A partir de la oficialización de las candidaturas, el Tribunal Electoral deberá convocar a los debates y coordinar su realización dentro de plazos específicos previos a la elección.
En el caso de gobernador y diputados provinciales, se prevé la realización de dos debates obligatorios, uno de ellos en una localidad del interior, mientras que para cargos municipales se establece al menos una instancia por distrito.
Qué pasa si un candidato no va
Uno de los puntos más contundentes del proyecto es el régimen de sanciones.
La iniciativa establece que quienes no participen de los debates sin justificación válida podrán enfrentar consecuencias concretas, como la imposibilidad de postularse en la siguiente elección, la pérdida de espacios de publicidad electoral y la exposición pública de su ausencia.
Incluso se prevé que el lugar asignado al candidato que no asista permanezca vacío durante el debate, como forma de visibilizar su inasistencia ante la ciudadanía.
En los fundamentos, se explica que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la norma: “La sanción tiene un fuerte impacto y opera como eficaz desincentivo del incumplimiento”
Cómo se organizarán los debates
El proyecto asigna al Tribunal Electoral Permanente la responsabilidad de organizar y supervisar todo el proceso.
Esto incluye la definición de reglas, temáticas, moderadores y tiempos de exposición, en diálogo con universidades, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos.
Además, se prevé que los debates se realicen en espacios públicos y con participación ciudadana, reforzando su carácter abierto.
Transmisión obligatoria y acceso público
Otro aspecto central es la difusión.
La ley establece que todos los debates deberán ser transmitidos en vivo por medios públicos, y que la señal será puesta a disposición de medios privados de manera gratuita.
También se prevé la incorporación de herramientas de accesibilidad, como interpretación en lengua de señas y subtitulado.
A esto se suma la obligación de registrar y archivar los debates, que deberán estar disponibles en plataformas digitales oficiales durante al menos diez años.
Una herramienta para mejorar la calidad democrática
Más allá de los aspectos técnicos, la propuesta apunta a modificar la dinámica de las campañas electorales.
“La democracia representativa no se agota en el acto de votar”, señala el proyecto, al remarcar la necesidad de que los ciudadanos accedan a información clara y comparada sobre quienes aspiran a gobernar.
En ese sentido, el debate aparece como una instancia clave para exponer propuestas, confrontar ideas y fortalecer la transparencia del proceso electoral.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento en comisiones, en un contexto donde la Legislatura discute distintos aspectos vinculados al sistema electoral.
