Proyecto para regular el ejercicio de la nutrición en Santa Cruz

Un proyecto de ley ingresado en la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz propone avanzar en la regulación del ejercicio profesional de la nutrición, una actividad que actualmente no cuenta con una normativa específica en la provincia.

La iniciativa —firmada por los diputados Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain Zubimendi, José Luis Quiroga, Adriana Nieto López y Patricia Urrutia— establece un régimen integral que define quiénes pueden ejercer, bajo qué condiciones y cuáles son los alcances de la profesión.

Desde el inicio, el proyecto deja en claro su objetivo central: ordenar una actividad que tiene un impacto directo en la salud pública. En los fundamentos se sostiene que es necesario “establecer un marco normativo claro que garantice la idoneidad profesional, la calidad de las prestaciones y la protección de la salud de la población”.

En esa línea, el texto define como nutricionista a toda persona con título universitario en la materia, y establece que el ejercicio profesional comprende no solo la atención individual, sino también tareas de investigación, docencia, planificación, gestión y asesoramiento en alimentación y nutrición.

Uno de los ejes centrales del proyecto al que accedió Ahora Calafate es la delimitación de las competencias profesionales. La norma habilita a los nutricionistas a intervenir en promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud alimentaria, tanto a nivel individual como poblacional.

También les reconoce un amplio campo de acción, que incluye desde la evaluación del estado nutricional hasta la planificación de políticas públicas, la participación en programas alimentarios, el asesoramiento a instituciones y la investigación científica.

En los fundamentos, se remarca el carácter estratégico de la profesión, al señalar que la nutrición tiene un “profundo impacto en la promoción, recuperación y protección de la salud de individuos y comunidades”.

El proyecto también establece requisitos claros para el ejercicio profesional. Será obligatorio contar con título habilitante y matrícula otorgada por el Ministerio de Salud y Ambiente, organismo que además tendrá a su cargo el control de la actividad.

Al mismo tiempo, se incorporan restricciones precisas para evitar el ejercicio indebido. En ese sentido, se advierte que quienes desarrollen prácticas propias de la nutrición sin contar con formación académica serán pasibles de sanciones.

Este punto se fundamenta en una preocupación creciente: la proliferación de prácticas sin respaldo profesional. Según se señala, esto representa “un riesgo para la salud pública”, en un contexto donde aumentan las enfermedades vinculadas a la alimentación.

En paralelo, la iniciativa define con detalle los derechos y obligaciones de los profesionales. Entre ellos, el ejercicio libre de la profesión, el acceso a condiciones laborales adecuadas y la posibilidad de negarse a prácticas contrarias a sus convicciones éticas.

A su vez, se establecen deberes como el respeto por la dignidad de las personas, el secreto profesional, la actualización permanente y la intervención dentro de los límites de su competencia.

También se fijan prohibiciones, como realizar prácticas propias de otras profesiones, difundir información engañosa o ejercer sin habilitación.

 Otro aspecto relevante es la incorporación de principios rectores del ejercicio profesional, como la ética, la responsabilidad social, la equidad y la cooperación interdisciplinaria.

En los fundamentos, se plantea que la nutrición debe entenderse como una disciplina clave en el abordaje de problemáticas actuales, especialmente frente al crecimiento de enfermedades crónicas.

“El incremento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y las patologías cardiovasculares evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la alimentación”

El proyecto también pone el foco en el contexto provincial, donde se registran altos niveles de exceso de peso y obesidad, lo que refuerza la necesidad de contar con profesionales capacitados y un marco regulatorio claro.

Además, se destaca el rol del nutricionista en la seguridad alimentaria, entendida como un derecho humano, y su participación en políticas públicas orientadas a garantizar alimentos seguros y nutritivos.