Peralta propone un "cerrojo legal" ante una eventual privatización de los servicios públicos

La propuesta establece que estas entidades no podrán ser privatizadas ni transferidas sin condiciones excepcionales, y fija un esquema jurídico orientado a resguardar su carácter público frente a eventuales decisiones coyunturales.

Qué establece el proyecto

La iniciativa define como patrimonio estratégico provincial a SPSE, Distrigas S.A. y Canal 9, en tanto cumplen funciones esenciales: garantizar el acceso al agua, la energía, la calefacción y la información. En ese marco:

• El Estado provincial deberá conservar el 100% del control de SPSE y Canal 9.
• Mantendrá la mayoría accionaria y el control decisorio en Distrigas S.A.
• Cualquier intento de privatización, concesión o modificación estructural requerirá el voto afirmativo de dos tercios de la Cámara de Diputados.
• Se prohíbe a los representantes del Ejecutivo autorizar operaciones societarias en Distrigas sin aval legislativo previo bajo esa misma mayoría agravada.
• Se incorpora la obligación de convocar a una audiencia pública provincial antes de tratar cualquier iniciativa de este tipo. La omisión implicaría la nulidad del proceso.

Fundamentos: servicios esenciales fuera de la lógica de mercado

El texto del proyecto  al que accedió Ahora Calafate se apoya en una premisa central: en Santa Cruz, el acceso a servicios básicos no puede depender de criterios de rentabilidad. Las condiciones geográficas y climáticas de la provincia imponen una realidad distinta a la de centros urbanos más densamente poblados.

En este contexto, el suministro de agua, energía y gas resulta indispensable para la vida cotidiana, especialmente en localidades alejadas o de baja densidad poblacional. La eventual transferencia de estos servicios al sector privado podría derivar en exclusión territorial, desabastecimiento o encarecimiento, debido a la falta de incentivos comerciales.

Por esa razón, SPSE y Distrigas son concebidas como instrumentos del Estado para garantizar derechos básicos, más que como empresas con fines lucrativos.

Soberanía informativa y rol del Estado

El proyecto también incluye a LU85 TV Canal 9 como componente estratégico. La iniciativa reconoce su función en la construcción de identidad cultural y en la difusión de información local.

En un escenario de alta concentración mediática, el canal estatal aparece como una herramienta clave para asegurar la cobertura de contenidos provinciales, la comunicación institucional y la transmisión de información en situaciones de emergencia, sin depender de agendas externas.

Protección jurídica y principio de no regresión

Uno de los ejes más relevantes del proyecto radica en su diseño institucional. Al exigir una mayoría agravada de dos tercios para avanzar en cualquier proceso de privatización o transformación, se busca evitar que decisiones de alto impacto se definan por mayorías simples o transitorias.

Este mecanismo se fundamenta en el principio de no regresión en materia de derechos, que impide retrocesos en niveles de protección ya alcanzados. En términos prácticos, eleva el umbral político necesario para modificar el estatus de estos servicios, promoviendo consensos amplios y sostenidos.

Control sobre decisiones societarias

En el caso de Distrigas S.A., constituida bajo régimen societario, el proyecto introduce un control indirecto pero efectivo: regula la actuación de los representantes del Estado en los órganos de decisión de la empresa.

Así, cualquier voto que implique venta de acciones o pérdida de control estatal sin autorización legislativa previa será considerado inválido. Esta disposición apunta a cerrar posibles vías de privatización encubierta mediante decisiones administrativas.

Participación ciudadana obligatoria

La iniciativa incorpora un requisito procedimental clave: la realización de una audiencia pública provincial antes de tratar cualquier cambio en el estatus de estas empresas.

Este mecanismo garantiza la participación de usuarios, trabajadores, gremios y organizaciones sociales. Además, otorga una herramienta jurídica concreta: si no se cumple este paso, cualquier decisión adoptada carecerá de validez.

Un debate de fondo: modelo de Estado y desarrollo

El proyecto no se limita a una regulación técnica. Plantea una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la gestión de servicios esenciales y sobre el modelo de desarrollo para la provincia.

La iniciativa del ex gobernador propone consolidar una estructura donde las decisiones estratégicas sobre recursos básicos se mantengan dentro del ámbito provincial, con control democrático y participación social.

El proyecto ya ingresó a la Legislatura y abre un debate que combina aspectos jurídicos, económicos y políticos, con impacto directo en la vida cotidiana de la población santacruceña.