Guillermo Pérez Luque
El proyecto de ley impulsado por legisladores del oficialismo para modificar la Ley 1600 y establecer que todos los ingresos al Poder Judicial de Santa Cruz se realicen exclusivamente mediante concursos públicos comenzó a generar un fuerte debate político e institucional.
La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la primera sesión ordinaria del año, propone incorporar nuevos artículos al régimen que regula el funcionamiento del Poder Judicial Provincial.
Entre otros puntos, plantea garantizar el acceso mediante concursos para todos los cargos, desde personal administrativo y de maestranza hasta funciones letradas, periciales y jerárquicas como secretarías, fiscalías y defensorías adjuntas. También busca establecer estabilidad laboral y cupos para personas con discapacidad.
Tal como informó previamente AHORA CALAFATE, el proyecto apunta a modificar los mecanismos de ingreso y selección dentro de la estructura judicial santacruceña.
Este martes, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada oficialista Adriana Nieto, se leyeron las respuestas enviadas por tres instituciones vinculadas al Poder Judicial: la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el Colegio Público de la Abogacía y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.
Las posturas dejaron expuestas diferencias profundas sobre el alcance y el sentido del proyecto.
Desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales señalaron que el tema fue tratado en comisión directiva y con el cuerpo de delegados, pero consideraron necesario ampliar el debate con trabajadores de toda la provincia.
En la nota enviada a la Legislatura remarcaron que “el reclamo por el restablecimiento de los concursos de ingreso al Poder Judicial ha sido manifiestamente expuesto y sostenido por esta asociación en los últimos años”.
Sin embargo, también sostuvieron que “un cambio en la ley orgánica de la justicia amerita un debate serio, responsable y plural”.
Por ese motivo solicitaron prorrogar el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto pueda ser discutido “en profundidad” dentro de los órganos deliberativos del gremio.
Ante ese planteo, Adriana Nieto recordó que el proyecto ingresó hace casi un mes y afirmó que el tema “ha tomado un impulso importante en la sociedad”.
“Hay que darle prioridad a este tratamiento de temas”, sostuvo la legisladora durante la comisión.
Más crítica fue la postura de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz.
En la nota a la que accedió Ahora Calafate, la entidad señaló que “no comparte los fundamentos esgrimidos para sustentar las modificaciones propuestas al régimen de concurso” y afirmó que los argumentos del proyecto “no reflejan de manera integral las necesidades del sistema”.
Además, indicaron que las soluciones planteadas “no se corresponden con los intereses y derechos de los asociados y asociadas” que representan.
La respuesta de Adriana Nieto fue inmediata y con tono duro.
“Son coherentes efectivamente con lo que han hecho y lo que venían haciendo. Yo tengo un solo nombre para darle a esto: CASTA. Así que sigan así, la CASTA judicial”, lanzó la diputada oficialista durante el encuentro de comisión.
La postura más favorable al proyecto llegó desde el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz.
En una extensa nota institucional, el directorio valoró positivamente la propuesta y defendió la obligatoriedad de concursos públicos como mecanismo de acceso al Poder Judicial.
“El sistema de concursos públicos constituye una herramienta esencial para garantizar los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad en el acceso a la función pública”, señalaron.
Además, remarcaron que el mecanismo contribuye a “fortalecer la legitimidad del Poder Judicial ante la ciudadanía”.
La entidad sostuvo también que avanzar hacia concursos obligatorios y transparentes permitiría evitar “discrecionalidades incompatibles con los estándares republicanos de gobierno”.
En otro tramo de la nota, el Colegio afirmó que en el ámbito judicial “resulta indispensable avanzar hacia mecanismos que fortalezcan la transparencia institucional y consoliden criterios de selección sustentados en la igualdad real de acceso”.
El proyecto continuará ahora en análisis dentro de la comisión de justicia a la esperade la respuesta del gremio, y promete abrir una discusión de fondo sobre los mecanismos de ingreso al Poder Judicial santacruceño, un tema que desde hace años genera cuestionamientos vinculados a discrecionalidad, designaciones y transparencia institucional.
