Guillermo Pérez Luque
El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta 600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
La iniciativa ingresó formalmente este martes a la Cámara de Diputados bajo el expediente Nº257/2026 y tomará estado parlamentario en la sesión prevista para este jueves.
El proyecto busca habilitar al Gobierno provincial a realizar distintas operaciones de crédito público para financiar gastos de capital, programas de desarrollo, obras de infraestructura y también para reestructurar o cancelar deudas previas del sector público provincial.
Pero además del impacto económico y político que genera el monto solicitado, la necesitará sí o sí el acompañamiento de los dos tercios de los diputados presentes, tal como lo establece el artículo 40 de la Constitución Provincial para cualquier empréstito sobre el crédito general de la provincia.
El texto enviado por el Ejecutivo autoriza a la Provincia a avanzar con emisiones de títulos de deuda, colocaciones en mercados nacionales e internacionales, acuerdos con organismos multilaterales, préstamos con entidades financieras, fideicomisos, y otras herramientas financieras.
El plazo máximo de amortización previsto es de hasta 15 años y la deuda podrá tomarse tanto en moneda nacional como extranjera.
Además, el proyecto faculta al Ministerio de Economía a prorrogar jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y a utilizar legislación internacional para las operaciones financieras, algo que el Ejecutivo considera necesario para acceder a mercados internacionales de capitales.
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es que autoriza al Gobierno provincial a afectar como garantía recursos de coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas y mineras.
El proyecto establece que podrán cederse derechos sobre regalías petroleras, regalías mineras, y fondos de coparticipación nacional.
Según los fundamentos, Santa Cruz cuenta con “un activo estratégico de primer orden constituido por sus regalías hidrocarburíferas y mineras”, señalando que esos ingresos dolarizados permiten reducir riesgos financieros.
En la extensa fundamentación, el Ejecutivo sostiene que la provincia atraviesa un escenario financiero complejo marcado por el déficit del sistema previsional, la caída de transferencias nacionales y la disminución de regalías hidrocarburíferas tras el retiro de YPF de áreas provinciales.
El texto al que accedió Ahora Calafate señala que el Presupuesto 2026 presenta una “necesidad bruta de financiamiento” superior a los 356 mil millones de pesos.
También indica que el déficit “se explica de manera estructural por el desbalance de las Instituciones de Seguridad Social” y por la caída de recursos nacionales y petroleros.
En otro tramo, el Gobierno afirma que la operación fue planificada para que “la captación de estos recursos se traduzca efectivamente en obras de infraestructura estratégica” con impacto social y económico en toda la provincia.
La necesidad de alcanzar una mayoría agravada obligará al oficialismo a buscar acuerdos políticos dentro de la Cámara de Diputados.
El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario y se espera que genere un fuerte debate sobre el nivel de endeudamiento provincial, las garantías ofrecidas y el destino de los fondos que pretende obtener el Ejecutivo.
