Empresarios respaldaron el proyecto de endeudamiento y reclamaron más inversión pública

Mientras el proyecto del Ejecutivo provincial para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares comienza a recorrer su camino legislativo, distintos sectores empresariales de Santa Cruz expresaron respaldo a la iniciativa y coincidieron en la necesidad de avanzar con inversiones públicas para enfrentar la crisis económica.

Las posiciones fueron planteadas durante una reunión realizada en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, encabezada por la ministra de Gobierno Belén Elmiger y el ministro de Economía Ezequiel Verbes.

Vidal pidió autorización para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares

Allí, funcionarios provinciales expusieron los principales lineamientos del proyecto enviado a la Legislatura, mediante el cual el Gobierno busca acceder a herramientas de financiamiento internacional destinadas a infraestructura energética, sanitaria, educativa y productiva, además de mejorar el perfil financiero de la provincia.

Del encuentro participaron representantes de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), CAPROMISA, la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos y referentes de distintos sectores productivos.

El Gobierno defendió el endeudamiento para obras e infraestructura

Durante la presentación, Verbes sostuvo que la iniciativa apunta a “resolver problemas estructurales postergados durante décadas” mediante inversiones que permitan dinamizar la economía provincial y fortalecer recursos genuinos.

Los funcionarios remarcaron además que el financiamiento solicitado no estará destinado a gastos corrientes, sino exclusivamente a: infraestructura, desarrollo, y administración de pasivos.

Según explicaron, el objetivo es sostener criterios de “responsabilidad fiscal” y planificación estratégica.

En paralelo, representantes empresariales describieron el difícil escenario económico que atraviesan distintos sectores debido a la caída de actividad y pérdida de empleo, planteando que la inversión pública puede convertirse en una herramienta clave para amortiguar la crisis.

“La infraestructura es un motor de la economía”

Uno de los apoyos más fuertes llegó desde la Cámara Argentina de la Construcción.

Bautista Simón, representante de CAMARCO, sostuvo que la infraestructura “no solamente mejora la calidad de vida de la comunidad y la competitividad, sino que además es un verdadero motor de la economía y un gran generador de puestos de trabajo”.

Además, consideró que herramientas financieras de este tipo “pueden ser importantes para reactivar proyectos de infraestructura, dinamizar la actividad y acompañar el desarrollo de Santa Cruz”.

El referente empresario afirmó también que existe coincidencia entre distintas cámaras sobre “la importancia estratégica que tiene la infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas e industrias de Santa Cruz”.

El comercio pidió “inyección de inversiones”

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Río Gallegos, su presidente Leandro Fadul destacó la instancia de diálogo con el Gobierno provincial y advirtió sobre el complejo momento económico que atraviesa la provincia.

Fadul señaló que las entidades participantes coincidieron en la necesidad de una “inyección de inversiones públicas” que permita generar dinamismo genuino en la economía santacruceña.

También remarcó el impacto que tiene la obra pública sobre la actividad privada, tanto de forma directa como indirecta.

Finalmente, desde el sector comercial solicitaron que el esquema de financiamiento contemple además líneas destinadas a proyectos productivos, industriales y comerciales que agreguen valor y generen empleo.

Según indicó Fadul, la propuesta fue bien recibida por los ministros, quienes aseguraron que ya trabajan en alternativas vinculadas a ese objetivo.

El proyecto enviado por el Ejecutivo comenzará a debatirse este jueves en la Cámara de Diputados y necesitará el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes para ser aprobado.