Quieren que los conflictos familiares pasen primero por mediación y no por tribunales

La diputada oficialista Adriana Nieto presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz e incorporar la mediación prejudicial obligatoria en los procesos de familia.

La iniciativa ingresó formalmente en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados  y propone que, antes de iniciar una demanda judicial en materia familiar, las partes deban atravesar una instancia previa de mediación.

Según el texto al que accedió Ahora Calafate, el objetivo es reducir la judicialización de conflictos familiares y agilizar las respuestas del sistema judicial provincial.

Qué plantea el proyecto

La propuesta incorpora un nuevo artículo al Código Procesal Civil y Comercial santacruceño estableciendo que toda demanda vinculada a temas de familia deberá acreditar previamente haber pasado por una mediación.

El proyecto indica que será obligatorio presentar el acta de cierre de la mediación, ya sea porque hubo acuerdo entre las partes o porque no fue posible alcanzarlo

“La mediación tendrá carácter obligatorio como requisito de admisibilidad de la demanda”, señala expresamente la legisladora

En caso de no cumplirse ese requisito, el juez podrá rechazar inicialmente la demanda hasta que la instancia sea cumplimentada.

La iniciativa aclara que habrá excepciones para situaciones de especial urgencia o vulnerabilidad.

Entre los casos exceptuados figuran:

• situaciones de violencia familiar o de género

• medidas cautelares urgentes

• casos donde estén en riesgo niños, niñas o adolescentes

• Procesos de adopción.

También prevé excepciones para otras situaciones que el mediador considere fundadamente inaplicables.

“Una medida de bajo costo y alta eficacia”

En los fundamentos, la diputada sostiene que la propuesta responde a “la creciente cantidad de conflictos familiares judicializados y la insuficiente capacidad de respuesta del sistema judicial”.

El texto remarca que causas vinculadas a alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación representan uno de los mayores niveles de litigiosidad dentro de la Justicia provincial.

“La mediación se presenta como una herramienta idónea para reducir la cantidad de causas que ingresan a los juzgados, disminuir los tiempos de resolución y favorecer acuerdos sostenibles en el tiempo”, sostiene el proyecto.

Además, plantea que este mecanismo puede ayudar a “preservar vínculos familiares, especialmente cuando hay niños involucrados”.

Nieto también argumenta que la obligatoriedad previa “no implica restringir el acceso a la justicia, sino ordenar su ejercicio”.

Reforma mínima, impacto amplio

Uno de los aspectos destacados en la fundamentación es que la modificación propuesta es técnicamente reducida, ya que incorpora solamente un artículo al Código Procesal; aunque con potencial impacto sobre el funcionamiento del sistema judicial.

La iniciativa establece además que, en caso de aprobarse, el Tribunal Superior de Justicia deberá dictar las acordadas necesarias para implementar el nuevo esquema dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley.