Guillermo Pérez Luque
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) emitió un duro comunicado cuestionando la reforma al régimen de Zona Fría aprobada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, al considerar que provocará un fuerte aumento en las tarifas de gas que pagan los hogares santacruceños.
La entidad sostuvo que la modificación “altera de manera sustancial la base de cálculo del subsidio”, ya que el beneficio dejará de aplicarse sobre el valor total de la factura y pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Según explicó la FESC, quedarán excluidos del subsidio los costos de distribución, transporte e impuestos, lo que derivará en una consecuencia concreta: “La boleta que recibirán los santacruceños será más cara, con independencia de si conservan o no formalmente el subsidio”.
En el comunicado, la Federación señaló que proyecciones elaboradas por organismos especializados estiman incrementos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas para los hogares de la región.
La entidad remarcó que el impacto en Santa Cruz es especialmente sensible debido a las condiciones climáticas. “El gas es un servicio esencial e insustituible durante ocho o nueve meses del año”, advirtió.
Además, alertó que el incremento tarifario significará “una transferencia directa de ingreso disponible desde los hogares hacia el costo de una tarifa”, afectando el consumo en comercios y servicios locales.
La FESC vinculó esta situación con el contexto económico que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la provincia. En ese sentido, recordó que el Índice de Producción y Actividad Económica (IPAE), elaborado por la propia entidad, viene mostrando una “contracción sostenida del consumo en el segmento PyME santacruceño”.
“Incorporar una presión tarifaria adicional de esta magnitud, en pleno período de mayor demanda energética, constituye un factor de agravamiento de un cuadro económico que ya presenta señales de deterioro”, afirmó el comunicado.
La Federación también puso el foco en las consecuencias sobre el comercio y el empleo. “Cuando una familia destina una proporción mayor de sus ingresos al pago de servicios básicos, reduce necesariamente su capacidad de gasto en el resto de la economía”, sostuvo.
Y agregó que esa caída del consumo “impacta de manera directa e inmediata en las pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo en cada localidad de la provincia”.
Finalmente, la FESC indicó que considera “un deber institucional informar con precisión y sin demora” sobre los efectos de la reforma y remarcó que “los santacruceños tienen derecho a conocer con antelación lo que esta medida implica para su economía familiar. Nadie podrá invocar desconocimiento”.
