Municipio va a la Justicia Civil para intentar recuperar las tierras del "23 de Abril”

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Luego de que la Justicia declarara prescripta la causa penal por usurpación en el asentamiento "23 de Abril", la Municipalidad de El Chaltén decidió avanzar por la vía civil. Ahora Calafate pudo saber que abogados del Ejecutivo presentaron una demanda en el fuero civil para solicitar el desalojo de las familias que ocupan el predio desde hace más de cuatro años.

La acción judicial busca recuperar un terreno que el Municipio considera parte de su patrimonio y que forma parte de las reservas destinadas a la planificación urbana.

Del fuero penal al civil

Como informó Ahora Calafate el pasado 16 de junio, el juez de Recursos Nelson Sánchez confirmó la resolución del Juzgado de Instrucción de El Calafate que declaró extinguida la acción penal por el delito de usurpación.

La decisión alcanzó a 32 personas imputadas por la ocupación iniciada el 23 de abril de 2022, al considerar que el delito había prescripto, ya que la legislación establece un plazo de tres años para su persecución penal.

Con ese fallo, la investigación penal quedó cerrada. Ahora el Municipio resolvió trasladar el conflicto al ámbito civil, solicitando que se ordene la restitución del terreno, ya que la ocupación continúa afectando un bien de propiedad pública.

Un juez declaró prescripta la causa por usurpación en el asentamiento “23 de Abril”

Según el planteo del Ejecutivo, mantener la ocupación impide avanzar con proyectos vinculados a futuras políticas de acceso a la tierra.

Un conflicto que sigue vigente

El asentamiento "23 de Abril" surgió en un contexto de fuerte demanda habitacional en El Chaltén y desde entonces se convirtió en uno de los principales conflictos urbanos de la localidad.

Con la finalización de la causa penal, la discusión deja de centrarse en la eventual comisión de un delito para pasar a analizarse desde el derecho de propiedad y la posesión del inmueble.

Ante la consulta de Ahora Calafate , desde el Municipio admitieron la presentación y señalaron que la decisión de acudir a la Justicia Civil no implica desconocer la problemática habitacional que atraviesa la localidad. "Es comprensible la situación social, pero hay también vecinos que esperan hace 15 años un terreno por la vía legal", indicaron.

Con la presentación de la demanda comienza ahora una nueva etapa judicial. Será la Justicia Civil la que deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si corresponde ordenar el desalojo del asentamiento o adoptar otra solución dentro del proceso.