Guillermo Pérez Luque
El Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de El Calafate se reunieron nuevamente para intentar avanzar en las deudas y acreencias que cada administración sostiene tener con la otra, con la intención de determinar los montos y avanzar hacia un eventual convenio que permita compensar obligaciones.
El tema fue abordado ayer viernes en una reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, con los concejales de El Calafate Leonardo Mardones y Miguel Sandoval, y el asesor técnico administrativo municipal Juan Manuel Miñones.
El encuentro forma parte de las conversaciones que Provincia viene manteniendo con los municipios a partir de la situación financiera de las cajas provinciales y adquirió especial relevancia después del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que volvió a dejar operativo el mecanismo contemplado en la Ley 1.782 para reclamar deudas previsionales mediante fondos coparticipables.
Hasta el momento, sin embargo, Provincia no avanzó con retenciones de coparticipación y las partes continúan buscando alternativas negociadas.
Provincia quiere regularizar la situación con la CSS
El comunicado difundido por el Gobierno provincial puso el énfasis en la situación financiera del Municipio y particularmente en sus obligaciones con la Caja de Servicios Sociales (CSS).
Durante la reunión, Verbes y Elmiger propusieron avanzar en la firma de un convenio de regularización con la obra social provincial, que el Ejecutivo considera necesario para garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores municipales.
Provincia también planteó la necesidad de que el Municipio publique información sobre su ejecución presupuestaria, contable y financiera.
Según la postura oficial, disponer de información pública y bajo criterios homogéneos permitiría transparentar la situación económica de las administraciones provinciales y municipales y facilitar el acceso de la ciudadanía a esos datos.
En la reunión también se habló del desequilibrio financiero que atraviesa Santa Cruz y de las herramientas incluidas en el proyecto de Ley de Financiamiento que el Ejecutivo provincial presentó ante la Legislatura.
El Calafate puso sus propias acreencias sobre la mesa
El Municipio difundió otra perspectiva del encuentro. La representación de El Calafate presentó documentación sobre las acreencias que sostiene tener frente al Estado provincial y planteó que cualquier acuerdo debe contemplar las cuentas en ambos sentidos y no solamente aquello que Provincia reclama al Municipio.
El dato más contundente difundido por el Ejecutivo municipal es que, según sus cálculos, las acreencias de El Calafate frente al Estado provincial serían diez veces superiores a la deuda que Provincia le reclama.
Una parte importante del reclamo de El Calafate corresponde a inversiones realizadas con fondos municipales en infraestructura que actualmente utilizan empresas provinciales.
El Municipio menciona obras y ampliaciones de redes de electricidad, gas, agua y cloacas, que luego pasan a ser utilizadas por empresas como Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas.
También incorporó a la discusión obligaciones que, mantienen empresas provinciales por habilitaciones comerciales, utilización del espacio aéreo y redes de servicios.
Otro capítulo corresponde a los inmuebles. El Municipio pidió regularizar la situación de más de treinta terrenos utilizados actualmente por empresas provinciales, sobre los cuales asegura que existen cuestiones pendientes relacionadas con deudas, planos de obras y situación dominial.
La propuesta: compensar lo que cada uno debe
La posición planteada por El Calafate es avanzar hacia una especie de cuenta integral entre ambas jurisdicciones.
Primero deberán verificarse las obligaciones que Provincia reclama al Municipio y, paralelamente, las acreencias que El Calafate presenta frente al Estado provincial y sus empresas.
Una vez reconocidos los montos, la intención municipal es avanzar en un convenio de compensación de acreencias mutuas y establecer cuál es finalmente el saldo entre ambas administraciones.
Las partes acordaron continuar con el análisis técnico y administrativo de la documentación presentada. Según informó el Municipio, estas conversaciones dan continuidad a lo acordado previamente entre el intendente Javier Belloni y el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen.
Una discusión que excede a El Calafate
La negociación se desarrolla en medio de un debate más amplio entre Provincia y los municipios santacruceños. El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la cautelar que había obtenido Río Gallegos contra la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial 1.782. De esta manera volvió a quedar disponible el mecanismo que permite a la Caja de Previsión Social solicitar la retención de recursos que correspondan a organismos deudores, entre ellos fondos provenientes de la coparticipación.
El máximo tribunal provincial no resolvió todavía la cuestión de fondo, ya que continúa pendiente la acción de inconstitucionalidad promovida por Río Gallegos.
A partir de ese escenario, Provincia abrió conversaciones con diferentes municipios para buscar alternativas antes de recurrir a las retenciones.
En el caso de El Calafate, la discusión adquirió una característica particular: el Municipio no desconoce que existen obligaciones reclamadas por organismos provinciales, pero pretende que antes de determinar cuánto debe se establezca también cuánto le debe Provincia.
Será precisamente el análisis de esas cuentas cruzadas el que deberá determinar si la afirmación municipal de que sus acreencias son diez veces superiores a lo reclamado por el Estado provincial se sostiene en los números finalmente reconocidos por ambas partes.
