Ahora Calafate
Después de más de tres años desde su sanción, Santa Cruz presentó oficialmente este jueves la reglamentación de la Ley Provincial 3820, una norma de amplio alcance que establece un nuevo sistema de promoción y protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.
El acto reunió a autoridades provinciales, asociaciones vinculadas a la discapacidad y representantes de diferentes organismos. También participaron de manera virtual referentes municipales y directivos de escuelas especiales del interior provincial.
La presentación estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, y la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa.
La reglamentación había sido firmada por el gobernador Claudio Vidal el pasado 31 de julio, según se informó durante el acto.
Una ley que esperaba su reglamentación
La Ley 3820 fue sancionada por la Legislatura provincial el 20 de diciembre de 2022 y promulgada parcialmente mediante el Decreto 48/2023. Posteriormente se estableció su texto definitivo a través del Decreto 708/2023. La norma reemplazó a la antigua Ley 1662 y creó el Sistema de Promoción y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.
Su primer artículo establece como objetivo asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, con especial referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
La reglamentación llevaba tiempo pendiente. Tanto en 2024 como en 2025 la Cámara de Diputados de Santa Cruz había solicitado al Poder Ejecutivo que avanzara con ella. El año pasado, además, la Legislatura pidió que en el proceso participaran organizaciones representativas de personas con discapacidad, familiares, profesionales y otros actores vinculados a la temática.
“Fue un año de mucho trabajo”
Precisamente esa participación fue uno de los aspectos destacados durante la presentación.
Alejandra Ulloa explicó que la elaboración de la reglamentación demandó aproximadamente un año y requirió consensuar posiciones entre el Estado, las asociaciones y las familias.
“Fue un año de mucho trabajo, no fue fácil, tuvimos que consensuar ambas partes, asociaciones, familia y Estado”, afirmó la subsecretaria.
Durante 2025 se habían realizado mesas de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones no gubernamentales. En esos encuentros se discutieron borradores y se incorporaron aportes antes de que el documento pasara por las áreas legales del Ejecutivo.
Ulloa explicó que también fue necesario analizar el impacto presupuestario de la aplicación de la norma y las distintas necesidades planteadas desde las localidades.
“Había que tomar decisiones políticas, ya sea con el presupuesto, analizar cómo íbamos a encarar la situación”, señaló.
Qué derechos contempla la Ley 3820
La importancia de la reglamentación radica en la amplitud de la ley que ahora deberá llevarse a la práctica.
La 3820 contiene disposiciones vinculadas con salud, rehabilitación, educación inclusiva, trabajo, transporte, accesibilidad, vivienda, deporte, cultura y protección social, entre otros aspectos.
Entre sus disposiciones establece la implementación de Juntas Interdisciplinarias Evaluadoras de Discapacidad, integradas al sistema público de salud, encargadas de emitir el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También contempla obligaciones para la Caja de Servicios Sociales, medidas destinadas a la inclusión educativa y laboral, condiciones de accesibilidad en el transporte y beneficios vinculados con servicios públicos.
En materia habitacional, por ejemplo, el artículo 47 dispone que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) destine el 5% de las soluciones habitacionales que construya a viviendas adaptadas para personas con discapacidad o familias que tengan un integrante directo con discapacidad.
Durante la presentación, Luis Quiroga anticipó que la reglamentación exigirá ahora un trabajo transversal entre diferentes áreas del Estado.
Mencionó específicamente al Consejo Provincial de Educación, que tendrá responsabilidades relacionadas con la lengua de señas, y al IDUV, además de otros organismos provinciales.
“Esto recién empieza”, afirmó Quiroga al describir la etapa que se abre a partir de la reglamentación.
El funcionario también aportó un dato sobre los recursos que actualmente demanda el área. Según indicó, durante lo transcurrido de 2026 el Ministerio lleva destinados aproximadamente $900 millones a situaciones especiales y al área de discapacidad, a la que identificó como la que requiere mayor cantidad de recursos dentro de ese tipo de asistencia.
Ahora será el turno de los municipios
Otro de los aspectos destacados durante el acto fue el papel que tendrán las localidades santacruceñas.
Quiroga explicó que fueron invitados concejales de todos los municipios de Santa Cruz porque ahora deberán avanzar con las adhesiones y trabajar junto con la Provincia para implementar las disposiciones de la norma en cada jurisdicción.
“Tienen una misión muy importante: adherir a la ley y trabajar articuladamente con el Gobierno provincial”, señaló.
Este punto abre una nueva instancia también para El Calafate, ya que la efectiva implementación territorial de distintos aspectos contemplados por la ley requerirá la intervención y articulación de los gobiernos locales.
“Detrás de esta ley hay personas”
Quiroga remarcó que el desafío comienza precisamente ahora: transformar la reglamentación en políticas concretas.
“Detrás de esta ley hay personas que necesitan de la atención y de que todos nos involucremos para poder darles la mejor calidad de vida que necesitan”, expresó.
En tanto, el ministro Sebastián Georgion puso el foco en una de las preocupaciones que atraviesa a muchas familias de personas con discapacidad.
“Aquel que es papá y tiene un niño con discapacidad, la primera preocupación que tiene es saber qué va a pasar cuando uno no esté”, afirmó.
El funcionario sostuvo que la reglamentación debe permitir que los derechos establecidos en la ley tengan una aplicación efectiva y destacó la necesidad de avanzar desde un esquema predominantemente asistencial hacia políticas integrales.
Una nueva etapa
La presentación realizada este jueves representa el comienzo de la aplicación efectiva de una ley de amplio alcance. Después de su sanción en diciembre de 2022, la promulgación en 2023, los reiterados pedidos legislativos para que fuera reglamentada y las mesas de trabajo desarrolladas con organizaciones durante 2025 y 2026, la Provincia cuenta finalmente con la reglamentación anunciada.
Ahora comenzará una etapa que involucrará a ministerios, organismos descentralizados, el sistema educativo y los gobiernos municipales. Como resumió Luis Quiroga durante el acto: “Esto recién empieza”.
