Jairo Guzmán también pide eliminar la Cámara Federal de Apelaciones de Piedra Buena

Un segundo diputado nacional por Santa Cruz impulsa ahora la derogación de la Cámara Federal de Apelaciones creada con asiento en Comandante Luis Piedra Buena, un tribunal establecido por ley hace once años pero que nunca llegó a ser habilitado.

El libertario Jairo Guzmán, presentó un proyecto de ley que propone directamente derogar la Ley 27.154 y restablecer la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sobre los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 19 de agosto y coloca a Guzmán en la misma posición que había asumido anteriormente el diputado José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, quien en mayo presentó otro proyecto para eliminar la Cámara.

Pero, a diferencia del proyecto de Garrido, incorpora expresamente qué ocurriría con la jurisdicción actualmente asignada al tribunal que se pretende eliminar. El artículo segundo propone: “Restablézcase la competencia de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia”, para que vuelva a actuar como tribunal de alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La presentación de Guzmán se conoce pocos días después del fuerte debate que protagonizaron los diputados santacruceños durante el plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda.

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Los argumentos de Guzmán

En sus fundamentos, Guzmán sostiene que el objetivo es suprimir “un tribunal aún no habilitado” y realizar una evaluación integral basada en “un uso racional y eficiente de los recursos públicos” destinados al Poder Judicial.

Una parte importante de la argumentación recoge planteos realizados por la Asociación de Abogados de Río Gallegos ante el Consejo de la Magistratura y representantes nacionales de Santa Cruz.

Según reproduce el proyecto, esa entidad considera que instalar la Cámara en Piedra Buena “no responde a genuinos intereses de una mejor administración de justicia” y cuestiona que la ubicación elegida en 2015 solucione los problemas de distancias y costos que fueron utilizados originalmente para justificar su creación.

Uno de los principales argumentos vuelve a ser la conectividad. El proyecto señala que Piedra Buena se encuentra a unos 240 kilómetros de Río Gallegos, donde funciona el Juzgado Federal de Primera Instancia más cercano, y que no cuenta con aeropuerto comercial con vuelos regulares.

También plantea el caso de Caleta Olivia: su Juzgado Federal se encuentra actualmente a unos 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia, mientras que pasaría a depender de una Cámara situada aproximadamente a 400 kilómetros, según las distancias consignadas en los fundamentos.

Cantidad de causas y población

Guzmán incorpora además estadísticas para cuestionar la necesidad de dividir la actual jurisdicción. Según los datos del Poder Judicial correspondientes a 2021 citados en el proyecto, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia recibió 2.497 expedientes, ubicándose antepenúltima entre las trece Cámaras Federales con asiento en las provincias.

El legislador compara esa cifra con los 7.720 expedientes de Rosario, 5.775 de Córdoba, 4.813 de Mar del Plata y 4.131 de La Plata, y concluye que la creación del nuevo tribunal dejaría dos Cámaras con una cantidad de causas considerablemente menor que otras jurisdicciones federales.

También señala que la jurisdicción de la Cámara creada en 2015 comprende, según el Censo 2022 citado en el proyecto, 522.598 habitantes, mientras que el municipio de Comandante Luis Piedra Buena tenía 9.278 habitantes.

La búsqueda de un edificio

Otro de los elementos que aporta el proyecto es información sobre las dificultades encontradas para conseguir una sede.

Guzmán cita un informe de la Dirección General de Infraestructura Judicial del Consejo de la Magistratura, según el cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado informó que no disponía de inmuebles y un procedimiento de contratación directa para comprar una propiedad quedó “DESIERTO”.

Posteriormente se relevaron dos posibles inmuebles en Piedra Buena.

Uno fue descartado por sus condiciones y porque la Municipalidad se encontraba gestionando su alquiler. El segundo, ubicado en Bicentenario 352, tenía 397,66 metros cuadrados cubiertos, mientras que el programa de necesidades de la Cámara requiere aproximadamente 1.000 metros cuadrados para alojar las cuatro secretarías previstas por la Ley 27.154.

El informe citado por Guzmán concluyó que la oferta se encontraba fuera de los parámetros técnicos y recomendó declarar fracasada la convocatoria.

A partir de ello, el proyecto sostiene que “la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de una Cámara Federal de Apelaciones”.

Qué plantea sobre los tres jueces ya designados

Este es uno de los puntos que diferencia especialmente al proyecto de Guzmán y adquiere relevancia después del debate ocurrido la semana pasada en Diputados.

La Cámara ya tiene nombrados a sus tres vocales: Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez, designados mediante los decretos 780/22, 781/22 y 782/22, respectivamente. El propio proyecto de Guzmán reconoce expresamente esas designaciones.

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Sin embargo, sostiene que el procedimiento para incorporarlos efectivamente al tribunal “no se encuentra completo” porque “no se les ha tomado juramento ni se les ha asignado jurisdicción”.

A partir de esa interpretación, Guzmán afirma que “no se verifica en el caso afectación alguna a derechos adquiridos ni resulta oponible la estabilidad o inamovilidad” prevista constitucionalmente para quienes ya se encuentran ejerciendo como magistrados.

Este argumento resulta particularmente relevante porque responde a una de las principales objeciones formuladas la semana pasada por Ana María Ianni, quien durante el debate del proyecto de Garrido advirtió sobre la situación jurídica en la que quedarían los tres jueces si el Congreso elimina el tribunal para el cual fueron nombrados.

En los fundamentos finales de su iniciativa, Guzmán sostiene que “la mera multiplicación de tribunales no implica per se una solución” a los problemas de carga de trabajo, distancias, accesibilidad y celeridad de la Justicia Federal, y concluye que la derogación permitiría buscar una distribución de recursos “con un criterio integrador, eficiente y estratégico”.