Denuncia contra policías. Los jefes locales afirmaron que las emergencias estuvieron garantizadas durante el "quite de colaboración"

Foto: Archivo Ahora Calafate

Como había anticipado Ahora Calafate los responsables y superiores de las unidades policiales de El Calafate, y de Bomberos de esta localidad y de El Chaltén acudieron al Juzgado local a declarar por la causa judicial que se abrió a partir de la denuncia presentada por la Jefatura de Policía de Santa Cruz contra efectivos que participaron del denominado “quite de colaboración” durante el conflicto salarial.

La Justicia comenzó a investigar penalmente a policías de El Calafate por el conflicto salarial

Los testimonios se dieron entre el viernes 21 y el miércoles 26 de agosto.  El objetivo de esta etapa fue reconstruir cómo se desarrolló la medida de protesta, qué servicios se vieron afectados y si existieron conductas individuales que puedan configurar un incumplimiento de los deberes propios de la función pública.

La denuncia del máximo jefe Policíal impulsó una investigación vinculada principalmente con el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, figura contemplada en el artículo 249 del Código Penal para aquellos casos en los que un funcionario ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda algún acto propio de su función.

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Según pudo saber Ahora Calafate a partir de fuentes consultadas vinculadas con la causa, los testimonios no describieron una situación uniforme en todas las dependencias.

En algunos lugares hubo tareas administrativas, preventivas o patrullajes ordinarios que dejaron de realizarse o se redujeron durante determinados momentos. En otros, en cambio, el acompañamiento al reclamo habría tenido características fundamentalmente simbólicas y el personal continuó realizando sus funciones habituales.

Las emergencias

Uno de los aspectos en el que coincidieron las declaraciones de los jefes de comisarías, dependencias y cuarteles es que los servicios de emergencia permanecieron garantizados durante el conflicto.

Los superiores señalaron que, cuando se produjeron situaciones consideradas graves o urgentes, los efectivos que adherían al reclamo respondieron a los requerimientos y participaron de los procedimientos necesarios.

Entre los episodios mencionados durante las testimoniales aparece la búsqueda de una adolescente que había sido denunciada como desaparecida en El Calafate. De acuerdo con lo declarado, no se habría registrado una negativa de efectivos a participar de ese operativo.

La fuga y la participación en los rastrillajes

Ese punto será particularmente relevante en el análisis que deberá realizar la Justicia, ya que la investigación busca determinar no solamente si existió una protesta o una reducción de determinadas tareas, sino si agentes concretos omitieron, rehusaron o demoraron actos que estaban obligados a realizar por su función.

Otro de los hechos incorporados al análisis fue la fuga de un detenido ocurrida durante el período en que se desarrollaba el conflicto policial.

El episodio tuvo especial trascendencia porque había sido mencionado públicamente por El jefe de la Policía, Crio. General Diego Agüero, en el contexto de la decisión de recurrir a la Justicia contra los efectivos que participaban del reclamo.

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Sin embargo, según las declaraciones recibidas posteriormente, agentes que se encontraban adheridos a las medidas participaron de los rastrillajes realizados después de la fuga. Las fuentes consultadas señalaron además que algunos efectivos incluso utilizaron vehículos particulares para sumarse a la búsqueda.

Fuentes judiciales consultadas indican que esos testimonios no implican por sí solos una definición respecto de las responsabilidades investigadas, pero aporta elementos que deberán ser valorados junto con el resto de la prueba.

Las declaraciones también permitieron reconstruir cómo los responsables locales fueron comunicando la situación hacia los niveles superiores de la Policía.

Según los testimonios, durante el conflicto hubo comunicaciones telefónicas, notas, informes, anotaciones en libros de guardia y otros registros internos mediante los cuales las jefaturas informaban sobre la evolución de la protesta y el funcionamiento de cada dependencia.

Otro punto que la Justicia busca precisar es cuándo fueron impartidas las órdenes formales para que el personal normalizara completamente el servicio y de qué manera fueron notificadas.

Las declaraciones indican que durante las primeras semanas no habría existido una intimación individual dirigida a cada efectivo. Posteriormente, desde la Jefatura policial se emitieron órdenes para que el personal retome sus tareas y disponiendo que los agentes fueran notificados personalmente.

Qué dijeron desde Bomberos

Las testimoniales correspondientes a las áreas de Bomberos siguieron una línea similar. De acuerdo con la información recabada, el servicio destinado a responder emergencias permaneció cubierto y no se habrían registrado casos de agentes que se negaran a intervenir cuando fueron convocados.

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Incluso hubo dependencias en las que las tareas operativas y administrativas continuaron desarrollándose normalmente y la adhesión al reclamo se expresó únicamente mediante acciones simbólicas.

Ahora será el turno de los documentos

La ronda de testimoniales no cierra la investigación. Ahora se abre una nueva etapa en la que la Justicia deberá comprobar si lo relatado por los responsables de las dependencias coincide con los registros existentes.

Para ello serán analizados libros de guardia, partes diarios, planillas de servicio, distribución de turnos, órdenes internas, informes y notificaciones cursadas durante el conflicto.

La intención es reconstruir, jornada por jornada, qué personal tenía servicio asignado, quién se presentó a trabajar, qué tareas realizó y si hubo casos concretos de agentes que se negaran a cumplir una función o dejaran de realizarla.

También se buscará determinar qué órdenes fueron impartidas por la superioridad, cuándo fueron notificadas y qué hizo cada efectivo después de recibirlas.

Ese análisis individual será determinante, ya que una eventual responsabilidad penal no puede surgir únicamente de la adhesión general a una protesta, sino que deberá establecerse cuál fue la conducta concreta atribuible a cada persona investigada.