Guillermo Pérez Luque
Imagen ilustrativa IA Ahora Calafate
La Legislatura de Santa Cruz sancionó por unanimidad una ley que crea equipos interdisciplinarios de intervención para escuelas primarias y de nivel inicial, con el objetivo de detectar a tiempo problemáticas emocionales, sociales y de aprendizaje y brindar acompañamiento tanto a estudiantes como a docentes y familias.
La iniciativa había sido presentada por Fabiola Loreiro, Claudia Urrutia, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain Zubimendi y Claudia Barrientos, del bloque oficialista. El despacho definitivo fue acordado por unanimidad en un plenario de cinco comisiones y luego convertido en ley, también por unanimidad, en la sesión de este jueves 10 de septiembre.
Uno de los puntos centrales de la norma es la composición de esos equipos. Deberán estar integrados, como mínimo, por un psicólogo, un psicopedagogo y un trabajador social, con la posibilidad de sumar otros especialistas según las necesidades de cada institución, como terapeutas ocupacionales, nutricionistas o profesionales de educación especial.
La ley reconoce la dificultad concreta de falta de profesionales en varias localidades de Santa Cruz. Por eso establece que, “en lo posible”, deberá conformarse un equipo de intervención por localidad, con disponibilidad para actuar ante los requerimientos de las escuelas.
El texto al que accedió Ahora Calafate señala que esos equipos “no podrán negarse a desarrollar el trabajo en relación a las necesidades que surjan” y que deberán organizar su esquema de intervención entre las distintas instituciones educativas de la localidad.
La intención es que esos grupos puedan intervenir antes de que las dificultades se profundicen. Entre sus funciones estarán realizar evaluaciones periódicas para detectar necesidades individuales o grupales, diseñar programas de intervención, asesorar a los docentes frente a situaciones complejas y brindar orientación a las familias.
La necesidad de contar con estos equipos ya venía siendo planteada desde distintos sectores del sistema educativo. Este año, ADOSAC incluyó entre sus reclamos la falta de apoyo adecuado para las tareas de inclusión y advirtió específicamente sobre la ausencia de “equipos interdisciplinarios en niveles críticos como primaria o inicial”.
El señalamiento apunta a una situación en la que muchas problemáticas emocionales, sociales o de aprendizaje terminan siendo afrontadas principalmente por docentes y directivos, sin el acompañamiento permanente de profesionales especializados.
En El Calafate también hubo señales concretas de esa demanda. En febrero de 2025, el CIC Néstor Kirchner abrió un consultorio psicopedagógico luego de detectar, entre unos 350 niños que acompañaba la institución, casos que necesitaban tratamientos de ese tipo y no podían acceder a ellos adecuadamente. Se explicó entonces que la iniciativa buscaba dar respuesta al colapso de estos servicios.
El enfoque de la ley no se limita al rendimiento escolar. También apunta a trabajar sobre salud mental, inclusión, convivencia y conflictos, además de promover el bienestar emocional y social de los estudiantes.
Otro de los objetivos es fortalecer el trabajo conjunto entre escuela, familia y profesionales, de manera que la respuesta no quede concentrada solamente en los docentes. La norma prevé también capacitación continua para el personal escolar y campañas de sensibilización sobre la importancia del bienestar emocional dentro de las instituciones educativas.
Recursos y responsabilidad del Consejo de Educación
La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación, que deberá garantizar los recursos necesarios para poner en marcha los equipos.
La ley dispone que el Ejecutivo provincial, a través del CPE, deberá destinar recursos humanos, materiales y financieros. Esto incluye la contratación de profesionales especializados, capacitación permanente, espacios de trabajo adecuados, materiales didácticos y terapéuticos y herramientas tecnológicas para realizar seguimiento de los estudiantes.
También deberán generarse redes con organismos de salud y organizaciones comunitarias, de modo que los equipos puedan articular sus intervenciones cuando una situación requiera otro tipo de abordaje.
La norma incorpora además un mecanismo de seguimiento. Los equipos deberán presentar informes trimestrales al Consejo Provincial de Educación sobre sus actividades, resultados y recomendaciones, mientras que el funcionamiento general será evaluado periódicamente para ajustar las estrategias cuando sea necesario.
La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será el Poder Ejecutivo el encargado de dictar las normas reglamentarias para hacerla operativa.
