Parques Nacionales cambia su política científica: qué se prioriza y qué investigaciones podrían perder espacio

La Administración de Parques Nacionales acaba de introducir un cambio profundo en la manera en que define qué investigaciones científicas considera prioritarias dentro de las áreas protegidas nacionales.

La Resolución 316/2026 publicada en el Boletín Oficial, reemplaza buena parte del esquema institucional construido entre 2020 y 2023 y aprueba dos documentos nuevos: un Lineamiento Estratégico para la Gestión del Conocimiento Científico-Técnico Aplicado a Monumentos Naturales y una nómina de Actividades Estratégicas Científico-Técnicas.

Hasta ahora la APN tenía un Plan de Gestión del Conocimiento que funcionaba como un marco amplio para organizar, articular e integrar prácticamente todo el campo científico-tecnológico del organismo. Desde ahora, la nueva política pone el énfasis en trabajos en la generación de conocimiento relacionado con las “necesidades concretas de conservación, manejo, monitoreo, fiscalización y gestión del riesgo”.

En los fundamentos de la nueva resolución aparece expresado con claridad el cambio de orientación. Allí señala que la producción científica sobre Monumentos Naturales “no se limitará al diagnóstico académico”, sino que deberá traducirse en “evidencia directamente aplicable a la toma de decisiones, la reducción de amenazas y la eficacia del manejo”.

Ese principio es central para entender el nuevo modelo. Para que una actividad científico-técnica sea considerada prioritaria, deberá cumplir simultáneamente cuatro condiciones: demostrar una vinculación directa con una necesidad operativa; establecer cómo sus resultados modificarán o respaldarán una medida de manejo; ser viable desde el punto de vista presupuestario y logístico; y garantizar que la información obtenida quede incorporada a las bases oficiales de la APN.

En otras palabras, la utilidad inmediata o potencial para la gestión pasa a convertirse en un filtro explícito de priorización.

El huemul y otras especies pasan al centro de la agenda

El nuevo esquema establece una prioridad principal: los Monumentos Naturales nacionales.

Dentro de esa categoría figuran expresamente la ballena franca austral, el huemul, la taruca y el yaguareté. La APN establece que la investigación sobre esas especies y sus hábitats constituirá su “línea de acción prioritaria”.

Las líneas previstas incluyen estudios sobre dinámica poblacional, genética, movilidad, conectividad ecológica y delimitación de hábitats críticos.

También contempla investigaciones sobre amenazas y mortalidad: atropellamientos, colisiones con embarcaciones, enmallamientos, caza furtiva, contaminación, perros asilvestrados, especies invasoras y degradación del hábitat.

A eso se suman programas de rescate, rehabilitación, reintroducción, restauración de hábitats y evaluación de medidas de mitigación.

La tecnología también aparece con un lugar explícito: telemetría, fototrampeo, sensores remotos, monitoreo acústico y sistemas de alerta temprana pasan a formar parte de las herramientas consideradas estratégicas.

GLOF, incendios y bosques: ejes con especial interés para los parques de Santa Cruz

Dentro del segundo anexo hay varias líneas que tienen particular relevancia para los parques nacionales ubicados en Santa Cruz. Una de las más llamativas es la incorporación expresa del riesgo geológico en áreas protegidas.

La nueva política incluye la evaluación científico-técnica de “eventos de vaciamiento repentino de lagos glaciares (GLOF), deslizamientos, movimientos de masa e inestabilidad de macizos rocosos”, especialmente cuando puedan existir riesgos para personas, infraestructura, sectores de uso público o valores de conservación.

Los GLOF (sigla en inglés de Glacial Lake Outburst Flood) son vaciamientos súbitos de lagos vinculados a glaciares, capaces de liberar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

Su inclusión expresa resulta especialmente significativa para áreas protegidas de montaña y ambientes glaciares, aunque la resolución no anuncia por ahora ningún proyecto específico en esos parques.

También se incorpora como prioridad el manejo del fuego, con elaboración y actualización de planes, evaluación de impactos posteriores a incendios y definición de acciones de prevención y restauración.

Otro eje es el monitoreo forestal mediante sensores remotos y LiDAR, destinado a medir biomasa, combustibles, severidad de incendios, dinámica de bosques e invasiones de pinos.

También aparece el monitoreo sistemático de la calidad ambiental de lagos, ríos y humedales, mediante indicadores físicos, químicos y biológicos.

Son líneas que, por su naturaleza, tienen una posible aplicación directa en buena parte de las áreas protegidas patagónicas.

Qué esquema quedó atrás

Para comprender el alcance del cambio hay que mirar lo que Parques Nacionales decidió derogar.

La Resolución 316 deja sin efecto cinco resoluciones dictadas entre 2020 y 2023 y también la Disposición Conjunta 3/2023, que había aprobado el Plan de Gestión del Conocimiento, Investigación y Producción Científico-Tecnológica de la APN.

Ese plan tenía una concepción considerablemente más amplia de la actividad científica.

Había sido diseñado para organizar e integrar todas las actividades científico-tecnológicas de Parques Nacionales y se había elaborado con participación de áreas de Conservación, Operaciones, Uso Público, Áreas Marinas Protegidas, Recursos Humanos y las distintas direcciones regionales.

El documento también tenía una fuerte impronta participativa y territorial. Planteaba expresamente la necesidad de articular conocimiento científico con diferentes actores sociales y entendía a la producción científica como parte de procesos sociales, culturales y políticos.

En su listado de prioridades aparecían 21 grandes líneas temáticas, considerablemente más amplias que las establecidas ahora.

Entre ellas estaban las perspectivas socioambientales y las relaciones cultura-naturaleza; interculturalidad y saberes de comunidades locales; patrimonio cultural; uso público; modelos de desarrollo sostenible de comunidades asociadas a las áreas protegidas; gobernanza; derechos humanos; género y diversidad; educación ambiental; comunicación de la ciencia; patrimonio geológico y paleontológico; cambio climático y producción de escenarios futuros.

Consultar el Plan de Gestión del Conocimiento aprobado por APN en 2023

Las ciencias sociales pierden presencia explícita

La diferencia resulta especialmente visible en el área de las ciencias sociales.

El plan derogado colocaba entre sus primeras prioridades las “perspectivas socioambientales y relaciones cultura-naturaleza”, la interculturalidad y los conocimientos y prácticas de comunidades locales.

También incluía expresamente investigaciones sobre modelos de gobernanza, derechos humanos, género y diversidad, memoria colectiva y relaciones entre las áreas protegidas y las poblaciones que viven en ellas o en sus zonas de influencia.

Además, el Consejo Asesor Científico Tecnológico creado en 2020 (cuya resolución de creación también queda sin efecto) tenía entre sus objetivos establecer vínculos con la comunidad científica y “puentes con saberes alternativos” provenientes de pueblos originarios, comunidades campesinas, chacareros, colonos y otros sectores vinculados a las áreas protegidas.

La nueva normativa no prohíbe esas investigaciones. Tampoco afirma que dejarán de autorizarse. Pero ya no aparecen expresamente dentro del núcleo de prioridades que Parques Nacionales define para orientar su propia producción científico-técnica.

Esa diferencia es importante y obliga a distinguir entre dos cosas: qué investigaciones pueden continuar desarrollándose dentro de un parque y cuáles recibirán prioridad institucional de la APN. Tampoco desaparece toda investigación básica, pero cambia el filtro

Algo similar ocurre con los estudios de ciencia básica. La nueva resolución no establece que una investigación sin aplicación inmediata vaya a ser rechazada. Tampoco modifica, al menos en el texto aprobado, el reglamento general de permisos de investigación científica vigente.

Lo que sí hace es fijar un criterio bastante más estricto para determinar qué actividades serán priorizadas institucionalmente.

El nuevo Anexo exige que exista una conexión demostrable entre el resultado científico esperado y una necesidad concreta de una unidad de conservación. También exige explicar cómo esa información podrá modificar, optimizar o respaldar una medida de manejo.

Esto abre una pregunta relevante para investigaciones de largo plazo cuya importancia puede no ser evidente al momento de iniciarse.

Buena parte del conocimiento científico sobre cambio climático, ecología, geología, comportamiento animal o evolución de ecosistemas surge precisamente de series largas y trabajos cuyos resultados no siempre tienen una aplicación operativa inmediata.

La resolución no explica de qué manera serán evaluados esos casos.

También desaparece el Consejo Asesor Científico Tecnológico

Otro cambio institucional significativo es la derogación de la norma que creó en 2020 el Consejo Asesor Científico Tecnológico de Parques Nacionales.

Ese organismo había sido concebido como un espacio de consulta, cooperación y diálogo entre APN, universidades, organismos científicos y especialistas.

Su diseño preveía reuniones periódicas, recomendaciones al Directorio, vinculación con investigadores y articulación con conocimientos provenientes de comunidades y otros actores territoriales.

La nueva resolución ordena notificar a quienes integraban ese Consejo, pero no crea en su reemplazo un organismo equivalente dentro del texto aprobado. Ese aspecto también marca una diferencia entre ambos modelos.