“Tenemos más preguntas que respuestas”: los cuestionamientos de Diputados al decreto de Vidal por Península Magallanes

El debate por el Decreto 915/26 tuvo este jueves un tono mucho más fuerte que el que finalmente quedó reflejado en la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.

Antes de que los 19 legisladores presentes votaran por unanimidad exigir al Poder Ejecutivo el expediente completo y todos sus antecedentes, diputados de distintos bloques expusieron dudas y cuestionamientos sobre la operación autorizada en Península Magallanes.

El punto en común fue claro: no hubo un rechazo general a las inversiones privadas, pero sí fuertes planteos sobre la legalidad del procedimiento, la falta de información, el impacto ambiental y la ausencia de participación de la comunidad.

Mora Doldan pidió analizar la legalidad del decreto

La diputada Agostina Mora Doldan fue quien abrió el debate al presentar una moción de privilegio. “Necesitamos traer al recinto el Decreto 915/26, necesitamos analizar la legalidad de ese acto”, planteó.

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También reclamó conocer si existe un estudio de impacto ambiental y pidió que el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurra a dar explicaciones.

La legisladora puso especial énfasis en las normas que restringen la adquisición de tierras por extranjeros y en la necesidad de verificar si el procedimiento respetó la legislación vigente.

Luego aclaró que su postura no implicaba oponerse a la llegada de inversiones.

“Acá no se trata de estar en contra de las inversiones privadas”, expresó, pero remarcó que la obligación de los legisladores es controlar que ningún acto público entre en conflicto con el marco legal.

También puso el foco en la protección de los recursos hídricos, a los que definió como estratégicos.

Boffi: inversiones sí, pero dentro de la ley

El diputado Piero Boffi acompañó el reclamo y sostuvo que antes de tomar una posición definitiva era necesario contar con toda la documentación.

“Nadie está en contra de las inversiones y el desarrollo turístico”, afirmó.

Pero inmediatamente agregó que esos procesos deben realizarse “dentro de las normativas vigentes, con los cuidados necesarios, con los impactos ambientales necesarios”.

Boffi también cuestionó que, hasta ese momento, los legisladores hubieran podido acceder básicamente a una versión sintetizada del decreto y no al expediente completo.

Alegría: “Tenemos más preguntas que respuestas”

El diputado por El Calafate, Carlos Alegría, fue uno de los más críticos.

“Este decreto genera incertidumbre, pero por sobre todas las cosas tenemos más preguntas que respuestas”, afirmó.

Alegría reveló además que el 23 de junio había enviado una nota al Consejo Agrario Provincial solicitando información sobre proyectos previstos para Península Magallanes y que nunca obtuvo respuesta.

Su reclamo apuntó a conocer quién compra las tierras, qué pretende construir, qué comprende el Master Plan Ecocentro y cuáles son las autorizaciones ambientales que respaldan el proyecto.

También cuestionó la falta de información sobre los mecanismos de participación pública.

“Nuestro pueblo no está en contra de las inversiones privadas, lo que necesitamos es que se haga con reglas claras”, sostuvo.

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“¿Por qué esta única vez?”

Sobre el final de su intervención, Alegría puso el foco en uno de los aspectos centrales del Decreto 915.

Recordó que la norma no elimina el Decreto 994/17, que restringe la adquisición de tierras por extranjeros dentro de áreas protegidas, sino que establece una excepción puntual.

“¿Por qué esta única vez y por qué con esta empresa o con esta inversora?”, preguntó.

Ese interrogante quedó como uno de los puntos más fuertes del debate.

Godoy pidió que el Gobierno no siga avanzando sin respuestas

El diputado Carlos Godoy también hizo referencia a la preocupación generada en El Calafate y pidió que la Cámara reciba toda la documentación antes de que el Gobierno continúe avanzando.

Consideró indispensable conocer si existe efectivamente un estudio de impacto ambiental y qué organismos intervinieron en la autorización.

También sostuvo que funcionarios provinciales deberían presentarse ante la Legislatura para dar explicaciones.

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Godoy señaló que antes de fijar una posición política definitiva se necesita información oficial suficiente, pero advirtió que el Gobierno no puede continuar tomando decisiones sin aclarar todos estos puntos.

Un debate que excede una compraventa

Las intervenciones mostraron que la discusión ya no está limitada a una operación inmobiliaria.

Los diputados pusieron sobre la mesa la extranjerización de tierras, el cumplimiento de las leyes ambientales, la participación ciudadana, la protección de recursos estratégicos y el rol del Estado provincial en la definición del desarrollo turístico de Península Magallanes.

La resolución aprobada después del debate obliga ahora al Ejecutivo a remitir toda la documentación en un plazo de 24 a 48 horas.

Las respuestas que surjan de ese expediente serán las que permitan determinar si las dudas planteadas en el recinto encuentran sustento o si el Gobierno logra despejar los cuestionamientos que este jueves atravesaron a casi todo el arco legislativo.