Reyes lanzó fuertes cuestionamientos al decreto sobre Península Magallanes

El Decreto 915/26 sumó un nuevo cuestionamiento, esta vez desde un análisis principalmente jurídico. La exdiputada nacional Roxana Reyes, presidenta ejecutiva de los equipos técnicos de la Fundación SUR Santa Cruz, habló con Ahora Calafate sobre el informe elaborado por esa organización en relación con la decisión del gobernador Claudio Vidal de exceptuar, por única vez, una restricción provincial para posibilitar una operación inmobiliaria en Península Magallanes.

El decreto autoriza de manera “estrictamente excepcional” la venta de un inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU para el proyecto denominado Master Plan Ecocentro. La publicación oficial establece además que esa excepción no podrá invocarse como antecedente vinculante para futuras solicitudes. 

Ese último punto es, justamente, uno de los aspectos que Reyes pone en discusión.

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“Una excepción singular no es procedente”

Para Reyes, el principal problema jurídico aparece en la decisión de apartarse de una regla general para habilitar una operación determinada.

“Una excepción singular no es procedente. Si hay una regulación, hay una reglamentación, hacer una excepción singular a un área natural protegida que tiene restricciones representa claramente avasallar la igualdad ante la ley”, sostuvo en diálogo con Ahora Calafate. 

El Decreto 915 establece expresamente que la autorización es exclusiva para esta operatoria y que no podrá ser utilizada como precedente.

Reyes cuestiona esa cláusula. “El solo hecho de hacerlo sienta precedente”, afirmó, y planteó que otros propietarios podrían utilizar en el futuro esta decisión como antecedente para solicitar un tratamiento similar.

A su entender, si el Gobierno considera que las restricciones actuales deben modificarse, la discusión debería darse de manera general.

“Una vez que lo discutamos y quieran cambiar la regulación o la reglamentación, tiene que ser uniforme para todos”, señaló. 

Los fundamentos que todavía no se conocen

Otro de los cuestionamientos apunta a la motivación del decreto. Hasta el momento, la publicación disponible en el Boletín Oficial es una versión sintetizada. Allí se señala que la decisión se adopta de acuerdo con fundamentos técnicos, ambientales y económicos contenidos en los considerandos, pero esos considerandos no aparecen en la publicación pública consultada.

“No encontramos la motivación. ¿Cuáles son los fundamentos? Todo acto administrativo como elemento esencial debe ser motivado”, afirmó Reyes.

Según explicó, conocer las razones de una decisión pública es indispensable para que la ciudadanía pueda evaluarla y ejercer control.

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“Le tiene que permitir al ciudadano conocer las razones de la decisión y entonces, una vez que conozco las razones, la puedo controlar”, agregó. 

Por eso valoró el pedido aprobado por la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo remita el expediente completo y todos sus antecedentes.

La Ley de Tierras Rurales, otro interrogante

Reyes también incorporó al análisis la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales. La norma regula la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras y contiene restricciones específicas. Reyes sostuvo que debe determinarse cómo impacta esa legislación sobre la parcela involucrada en la operación.

“Hay cuestiones que este decreto no menciona, que es la Ley 26.737 de Tierras Rurales”, señaló. 

En este punto, la exdiputada sostuvo que es necesario conocer con precisión la ubicación y características de la fracción involucrada y la documentación tramitada ante los organismos nacionales.

Su planteo forma parte de las cuestiones que SUR considera que deben aclararse antes de evaluar integralmente la validez y los alcances de la operación.

También pone la mirada en las zonas de frontera

Otro aspecto mencionado por Reyes es el Régimen de Zonas de Seguridad de Frontera. La normativa nacional contempla un régimen de “previa conformidad” para determinadas operaciones inmobiliarias dentro de esas áreas. La regulación vigente establece distintos requisitos según la ubicación del inmueble, su naturaleza y las características del adquirente. 

“También tenemos el Régimen de Zonas de Seguridad de Frontera, que exige autorización previa de autoridad nacional para la adquisición de inmuebles por extranjeros dentro de zonas de frontera”, explicó Reyes. 

La cuestión concreta a determinar es si la parcela comprendida por el Decreto 915 está alcanzada por ese régimen y, de ser así, qué trámites fueron realizados.

Impacto ambiental y participación ciudadana

En la entrevista Reyes también cuestionó la información disponible sobre el procedimiento ambiental. El propio Decreto 915 indica que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada, aunque supedita su ejecución al cumplimiento de la legislación ambiental, territorial y de conservación y del Plan de Manejo correspondiente.

Reyes sostiene que esa declaración debería ser conocida públicamente. “No se conoce la declaración de impacto ambiental aprobada que el decreto dice que tiene, no se conoce públicamente a la fecha quién lo emitió, qué contenido tiene, qué condiciones le han sido impuestas”, manifestó.

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También mencionó la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. La normativa nacional reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y participar en procedimientos relacionados con decisiones que puedan tener efectos sobre el ambiente. El Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina mediante la Ley 27.566, establece además principios de acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Reyes considera que en este caso esas garantías no fueron visibles para la comunidad de El Calafate.

Qué pidió la Fundación

La Fundación SUR Santa Cruz elaboró un petitorio que fue enviado a los diputados provinciales y al vicegobernador.

Entre otras cosas, solicita la publicación integral del Decreto 915, el expediente completo del Consejo Agrario Provincial, los dictámenes jurídicos y técnicos, la declaración de impacto ambiental con todos sus antecedentes y la documentación vinculada con la operación.

“No podemos hablar sin tener el texto íntegro de este decreto. Es realmente una falta de transparencia que no tengan los considerandos”, afirmó Reyes. 

También solicitaron información sobre el cumplimiento de la normativa nacional de tierras rurales y del régimen de zonas de frontera.

Piden suspender sus efectos

El planteo de SUR va un paso más allá. La organización pidió que se suspendan los efectos del Decreto 915 hasta que se publique toda la información y pueda verificarse el cumplimiento de las normas involucradas.

También reclama una instancia de participación ciudadana en El Calafate antes de cualquier avance definitivo.

“Pedimos la suspensión de los efectos del decreto hasta que se cumpla con la publicidad y la verificación de todo esto”, explicó Reyes.

Y agregó que solicitaron “la realización de una instancia de participación ciudadana en El Calafate, con información completa y previa”. 

No descartan acudir a la Justicia

La fundación también anticipó que realizará un pedido formal de acceso a la información pública para conocer todas las actuaciones administrativas.

Si las respuestas no llegan o consideran que continúan existiendo irregularidades, Reyes señaló que existe la posibilidad de llevar la discusión al ámbito judicial.

“Prevemos también la oportunidad de acudir a la sede judicial”, afirmó, al explicar que la naturaleza y los objetivos de la Fundación permiten evaluar una acción de ese tipo.

El planteo de Roxana Reyes agrega así otra dimensión a la discusión que se abrió en torno al Decreto 915.

Mientras distintos sectores de El Calafate vienen reclamando información sobre el proyecto, su impacto y la participación de la comunidad, el análisis de SUR pone el foco en una cuestión previa: si la excepción otorgada para esta operación fue correctamente fundamentada, qué normas nacionales y provinciales resultan aplicables y si el procedimiento seguido garantiza suficiente transparencia, igualdad y participación pública.