Guillermo Pérez Luque
La Justicia Federal ordenó a la Municipalidad de El Chaltén restringir durante 90 días las actividades que se realizan en el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos, conocido como CARRI, ante el riesgo de que sustancias contaminantes detectadas en el predio puedan alcanzar el río Fitz Roy y sectores naturales próximos.
La medida fue dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos, conducida en esta investigación por el fiscal federal interino Julio Zárate.
La causa investiga una posible infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y se concentra en el funcionamiento del predio ubicado sobre la costanera norte de El Chaltén.
La resolución no dispone el cierre del establecimiento.
Por el contrario, permite que continúe cumpliendo la función para la cual fue creado: acopio, selección, compactación, acondicionamiento y transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.
Lo que la Justicia prohibió, al menos durante los próximos 90 días, es cualquier actividad que exceda esas funciones.
Entre otras medidas ordenó el cese inmediato de la disposición final, enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión de residuos dentro del predio.
También quedó prohibido el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales para su permanencia sobre suelo natural.
La cautelar también alcanza a otras prácticas que pueden generar contaminación.
La Municipalidad deberá suspender el lavado de camiones, tareas de mantenimiento mecánico, cambios de aceite o combustible y cualquier otra operación capaz de liberar hidrocarburos, grasas o efluentes sobre sectores que no estén impermeabilizados ni cuenten con sistemas de contención.
Además, dentro de las 48 horas deberán aislarse y señalizarse los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, las zonas donde se detectaron derrames y los puntos próximos a la vera del río Fitz Roy.
Hasta su retiro, esos recipientes deberán permanecer bajo cubierta y sobre una base impermeable.
La jueza fijó además un plazo de diez días para que aceites usados, combustibles, emulsiones y recipientes contaminados sean inventariados, correctamente envasados y rotulados y posteriormente entregados a transportistas y operadores habilitados.
Todo el procedimiento deberá quedar registrado mediante fotografías y documentación y realizarse bajo control de la autoridad ambiental competente.
También quedó prohibido alterar el suelo en los sectores investigados, salvo las tareas urgentes de contención o retiro expresamente autorizadas.
El objetivo es doble: evitar que continúe un eventual daño ambiental y, al mismo tiempo, preservar las pruebas de la investigación penal.
La decisión judicial se apoya en las muestras tomadas por personal de Prefectura Naval Argentina durante un procedimiento realizado en el predio.
Allí se encontraron recipientes volcados que contenían aceite o sustancias grasas.
Los análisis posteriores detectaron HEM, un indicador utilizado para identificar grasas y aceites, tanto en muestras sólidas como líquidas. En las muestras de suelo también se detectó SGT-HEM, utilizado para identificar hidrocarburos.
El problema señalado por los peritos es que los recipientes estaban sobre suelo natural, sin impermeabilización, por lo que las sustancias podían filtrarse y eventualmente alcanzar el río Fitz Roy.
Fue a partir de esos resultados que el fiscal Zárate solicitó el 10 de septiembre la medida cautelar ahora concedida.
La situación del CARRI no es nueva.
Ahora Calafate viene informando sobre el tema desde 2025, cuando surgieron denuncias por el uso del establecimiento para la disposición final y soterramiento de residuos, una finalidad para la cual el predio no había sido concebido.
En junio de aquel año el Concejo Deliberante aprobó por mayoría un pedido para que el Ejecutivo municipal informara las razones por las cuales se estaban depositando residuos sólidos urbanos en el CARRI.
La iniciativa había sido presentada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo, quien días antes había realizado una denuncia. En ese momento también se conoció que la Secretaría de Ambiente provincial había constatado impactos derivados del vertido y enterramiento de residuos.
Ese antecedente resulta importante para entender la resolución actual.
El CARRI fue concebido como un centro destinado a recibir, clasificar, compactar y derivar residuos reciclables, no como un lugar de disposición final.
En noviembre de 2025 volvió a debatirse en el Concejo Deliberante un proyecto que reclamaba suspender el uso del predio como basural y avanzar con una remediación ambiental. Aunque la iniciativa no consiguió entonces tratamiento sobre tablas, todos los bloques reconocieron que la situación del CARRI se había convertido en un problema que requería respuestas.
En 2026 la causa pasó a tener intervención federal.
Ahora Calafate informó sobre un allanamiento realizado por Prefectura en el CARRI, durante el cual se tomaron muestras de suelo y agua y se requirió documentación municipal.
El propio fiscal Julio Zárate explicó entonces a este medio que previamente se habían realizado tareas de observación e investigación que permitieron registrar residuos, aceites y otros elementos en inmediaciones del río.
La novedad ahora es que esos procedimientos ya produjeron resultados periciales concretos y llevaron a la Justicia a disponer restricciones preventivas obligatorias para el uso del CARRI
