Hector Lara
La convocatoria comenzó a las 18:00, cuando vecinos y vecinas se acercaron, algunos con banderas y carteles para participar de un encuentro que tuvo como eje el análisis de la normativa vigente y de las recientes modificaciones legales que, según plantearon los organizadores, podrían tener incidencia sobre el área protegida y sobre la comunidad de El Calafate.
Durante la asamblea se repasaron artículos de la Constitución Nacional, la Constitución de Santa Cruz, leyes provinciales, decretos reglamentarios y otras normas vinculadas con la protección de áreas naturales. Los participantes elaboraron además una síntesis de la legislación, que fue distribuida entre quienes asistieron al encuentro.
“Nos hemos auto convocado y hemos decidido juntarnos para conversar este tema de Península de Magallanes. La idea es comenzar a instalar en la comunidad esta problemática con respecto al Parque Provincial Península de Magallanes y cómo entendemos algunos que las decisiones que se están tomando en el orden provincial no solo afectan al parque provincial, sino también pueden afectar a la comunidad de El Calafate”, expresaron durante la convocatoria.
En ese marco, se recordó que la Península de Magallanes fue declarada Reserva Provincial en 1993 y que posteriormente, en 2003, adquirió el estatus de Parque Provincial. Los vecinos también señalaron que las áreas naturales protegidas de la provincia se encuentran reguladas por la legislación específica sancionada en 2017.
Uno de los momentos centrales de la asamblea estuvo protagonizado por la abogada especializada en derecho ambiental Melina Lorenti, quien planteó la necesidad de analizar en profundidad el marco jurídico y el proceso que derivó en las decisiones cuestionadas por los vecinos. “Es mucha la información que tenemos para leer, procesar, estudiar, pero me parece destacar que estemos presentes en esta convocatoria porque evidentemente algo está pasando, algo nos llama la atención”, manifestó.
Lorenti puso el foco particularmente en la posibilidad de que se habiliten asentamientos humanos dentro de un parque provincial y planteó interrogantes respecto de los mecanismos de participación ciudadana.
“La posibilidad que haya asentamientos humanos en parque provincial. Nos tendríamos que preguntar si hubo participación ciudadana en todo esto, porque lo notamos a partir de la publicación en los medios sobre un decreto que autorizó una excepción para vender a extranjeros una porción esencial y de altísimo valor ambiental”, sostuvo.
Consideró necesario determinar si la comunidad contó con instancias para acceder a información y expresar su opinión respecto del destino de esas tierras. “Sobre eso preguntarnos si tuvimos la debida participación, si correspondía que podamos opinar, qué es lo que se va a hacer en ese lugar, si tenemos todos la información. Todo eso lo podamos conversar y, en base a eso, evaluar qué es lo que se podría hacer jurídicamente o judicialmente”, agregó.
La abogada también remarcó que el análisis deberá contemplar un conjunto amplio de normas y no solamente las mencionadas durante la reunión. “Es mucha la normativa, no solamente la citada en la asamblea, hay más, para ver si corresponde iniciar algún tipo de acción”.
Como cierre del encuentro, los participantes acordaron continuar con el análisis y volver a reunirse el próximo 15 de octubre. La fecha fue elegida en coincidencia con una jornada de movilización anunciada a nivel nacional en rechazo a la venta de tierras a extranjeros y que confluirá con la quinta Marcha Federal Universitaria.
De esta manera, la asamblea realizada este sábado resultó como un primer espacio de debate entre vecinos de El Calafate en torno al futuro de la Península de Magallanes, con el foco puesto en la situación jurídica del área protegida, la protección de su bosque nativo, el acceso a la información pública y la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar ese territorio.
