Concejales insistieron con una ordenanza para controlar el manejo de fondos municipales

El Concejo Deliberante de El Chaltén volvió a insistir con una ordenanza que había sido vetada por el intendente Néstor Ticó. Esta vez se trata de una norma que busca recuperar el control legislativo sobre los recursos municipales que excedan los montos previstos en el presupuesto, limitando las facultades que el propio Concejo había delegado al Ejecutivo.

La decisión se tomó este jueves, durante la 13ª sesión ordinaria, cuando los concejales trataron la insistencia de la Ordenanza 288/2026, sancionada originalmente el 30 de abril y posteriormente vetada en su totalidad mediante el Decreto Municipal 122/2026.

El proyecto, impulsado por Ignacio Moreno Hueyo (Cambia Chaltén), obtuvo cuatro votos favorables y la abstención de Carlos Ticó (Unión por la Patria).

Durante el debate, Moreno Hueyo lanzó fuertes cuestionamientos a la administración municipal, mientras que Elizabeth Romanelli reconoció que había sido un error flexibilizar los controles presupuestarios al comienzo de la actual gestión.

Qué establece la ordenanza

La discusión gira alrededor del artículo 8 de la Ordenanza 259/2024, correspondiente al Presupuesto Municipal 2025, que continúa vigente por prórroga.

Esa disposición otorgó al Departamento Ejecutivo facultades para administrar recursos que superaran las previsiones presupuestarias, con la obligación de informar posteriormente al Concejo Deliberante.

La Ordenanza 288 modifica ese mecanismo y establece que todo incremento de recursos que exceda el monto total presupuestado, la incorporación de nuevos ingresos, la creación de partidas de gastos o la modificación de montos asignados por jurisdicción deberá contar con autorización previa del Concejo, mediante una ordenanza de ampliación presupuestaria.

La norma contempla que el Ejecutivo pueda realizar compensaciones de partidas dentro de los límites establecidos por el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. Las modificaciones que superen esos porcentajes también deberán ser autorizadas por los concejales.

En términos concretos, la modificación busca que el Ejecutivo no pueda disponer por sí solo de recursos adicionales a los presupuestados, sino que deba justificar y obtener autorización legislativa para su utilización.

Las voces en el recinto

Al fundamentar la insistencia, Ignacio Moreno Hueyo realizó una extensa crítica a la administración del intendente Ticó y a la falta de información que, según afirmó, caracteriza la relación entre el Municipio y el Concejo Deliberante.

"Los presupuestos del Departamento Ejecutivo Municipal son un dibujo", sostuvo el concejal, quien recordó que en los primeros años de gestión había acompañado algunas decisiones presupuestarias pese a sus objeciones, con la expectativa de que mejorara el funcionamiento institucional.

Sin embargo, afirmó que esa situación no se modificó y cuestionó que el Ejecutivo continúe sin responder numerosos requerimientos legislativos. También cuestionó las demoras en la presentación de documentación contable y rendiciones de cuentas.

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al contenido de los presupuestos municipales y al tratamiento de las deudas que mantiene la administración.

En su intervención, Moreno Hueyo sostuvo que mantener amplias facultades para disponer de recursos adicionales, sin la información y los controles que considera necesarios, resulta incompatible con la responsabilidad del Concejo. "No le vamos a dar más ese poder", afirmó, al defender la decisión de insistir con la ordenanza vetada.

Por su parte Elizabeth Romanelli (Unión por la Patria), reconoció públicamente su responsabilidad en la modificación original del mecanismo de control presupuestario.

La concejal recordó que, al comienzo de la actual gestión, el artículo 8 exigía autorización legislativa para determinados movimientos de fondos. Sin embargo, a pedido del entonces secretario de Gobierno, Rivero, se acordó reemplazar ese requisito por una simple notificación al Concejo.

"Este artículo 8, que originalmente le pedía al municipio que pida autorización al Concejo Deliberante con cada movimiento de fondos que haga, nosotros lo modificamos a que solamente notifique cada movimiento de fondos", explicó.

Romanelli señaló que aquella decisión había sido tomada durante los primeros meses de gestión, con el propósito de reducir trámites burocráticos y facilitar una relación de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Pero sostuvo que, casi tres años después, los resultados fueron los contrarios a los esperados.

"Hago mea culpa, fui una de las promotoras en modificar el artículo 8", expresó Romanelli, quien consideró necesario recuperar las atribuciones de control que los concejales habían flexibilizado.

En tanto la presidenta del cuerpo, Estefanía Leyes (Encuentro Vecinal), también acompañó la insistencia y recordó que había votado favorablemente la ordenanza antes de que fuera vetada.

Leyes sostuvo que la decisión implica asumir la responsabilidad institucional de revisar las atribuciones que el propio Concejo otorgó al Ejecutivo municipal.

Explicó que se trata de recuperar un mecanismo de control presupuestario que ya había funcionado anteriormente. "Esto ya venía funcionando así hasta el 2023, entonces es volver de nuevo a su estadio original", señaló.

A diferencia de las intervenciones más críticas, Leyes manifestó su intención de mantener canales de diálogo con el Departamento Ejecutivo, aunque reconoció las dificultades existentes en la relación entre ambos poderes.

Otra insistencia frente a un veto del Intendente

La decisión de este jueves tiene un antecedente reciente.

En agosto pasado, Ahora Calafate informó que el Concejo había insistido por unanimidad con otra ordenanza vetada por Néstor Ticó.

En aquella oportunidad se trató de la Ordenanza 291/2026, que establece un régimen de asignación específica de fondos para que determinados ingresos provenientes de tasas y derechos municipales tengan destinos identificados.

El Ejecutivo había objetado esa norma por considerar que restringía su capacidad de administración financiera y afectaba la flexibilidad necesaria para atender distintas necesidades presupuestarias. Los cinco concejales mantuvieron entonces su postura y decidieron insistir con la ordenanza.

Ahora, con la insistencia de la Ordenanza 288, el Concejo vuelve a sostener una decisión legislativa frente al veto del intendente.

Aunque se trata de dos normas diferentes, ambas están vinculadas con el control, la administración y el destino de los fondos públicos municipales.