Riesgo sísmico: proponen un plan provincial que incluya prevención, simulacros y respuesta

Santa Cruz podría contar por primera vez con un régimen específico que reúna en una misma política pública qué se sabe sobre el riesgo sísmico, qué sectores son más vulnerables, cómo prepararse antes de un evento y qué hacer durante y después de una emergencia.

Ese es el objetivo del Proyecto de Ley presentado por el diputado Carlos Alegría, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Legislatura provincial.

La propuesta apunta a reducir las posibles consecuencias de un sismo mediante información, planificación, prevención y preparación.

Un plan permanente

La iniciativa crea el Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo Sísmico, que deberá funcionar como instrumento permanente de planificación.

Entre otras cosas, deberá contar con un diagnóstico actualizado de la peligrosidad y del riesgo sísmico en Santa Cruz, identificar zonas con diferentes niveles de exposición y reunir información sobre fallas y estructuras geológicas cuando existan datos científicos suficientes.

También deberá analizar la vulnerabilidad de la población, de las edificaciones y de la denominada infraestructura crítica: aquellos servicios e instalaciones cuya interrupción podría agravar una emergencia.

Allí pueden entrar, por ejemplo, hospitales, redes de agua y energía, comunicaciones, edificios de seguridad, rutas u otras instalaciones esenciales.

El plan deberá además incorporar protocolos de comunicación y alerta, programas de capacitación, simulacros periódicos y mecanismos para evaluar daños y organizar la recuperación. Y deberá revisarse cada cinco años, incorporando nueva información científica y las experiencias que surjan de ejercicios o emergencias reales.

Qué significa riesgo sísmico

Uno de los puntos que el proyecto intenta diferenciar es peligrosidad sísmica de riesgo sísmico.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) define la peligrosidad como la probabilidad de que se produzca cierto movimiento del suelo en una zona durante determinado período. El riesgo, en cambio, depende también de cuánto pueden resultar afectadas las personas, las construcciones y los servicios.

En otras palabras, dos lugares sometidos a una peligrosidad similar pueden tener riesgos diferentes si uno posee construcciones, infraestructura o sistemas de respuesta más vulnerables que el otro.  Esa distinción es central para entender el proyecto.

El Calafate está en una zona de peligrosidad reducida

La zonificación del INPRES divide al país en cinco categorías, numeradas de 0 a 4: desde peligrosidad muy reducida hasta muy elevada.

La región de El Calafate está clasificada dentro de la Zona 1, de peligrosidad sísmica reducida, según información oficial del INPRES.

Eso no significa que no puedan producirse movimientos ni que no haya que prever sus consecuencias. El riesgo también depende de la vulnerabilidad existente.

Precisamente por eso el proyecto establece que las decisiones no deberían aplicarse de igual manera en toda Santa Cruz. Cada sector deberá analizarse según su peligrosidad, características geológicas, población, estado de las construcciones, infraestructura crítica, accesibilidad, servicios esenciales y capacidad local de respuesta.

Revisar infraestructura

Uno de los componentes del régimen será evaluar progresivamente la vulnerabilidad sísmica de los edificios públicos y la infraestructura crítica provincial.

De acuerdo al proyecto de Alegría, los estudios deberán establecer prioridades teniendo en cuenta el nivel de riesgo, la función que cumple cada edificio y la cantidad de personas expuestas.

Si se detectan construcciones prioritarias, el Ejecutivo podrá evaluar medidas de adecuación, refuerzo o rehabilitación. Y las nuevas obras públicas ubicadas en zonas expuestas deberán respetar los criterios técnicos de construcción sismorresistente que correspondan.

Simulacros y capacitación

El proyecto también propone incorporar la preparación a la vida cotidiana de organismos e instituciones.

Prevé capacitaciones destinadas a trabajadores públicos, docentes, personal sanitario, organismos de seguridad y Protección Civil, responsables de servicios esenciales, organizaciones sociales y población en general.

Además, establece la realización periódica de simulacros de emergencia sísmica en edificios públicos y otros lugares que, por la concentración de personas o su importancia estratégica, sean considerados prioritarios.

Los establecimientos públicos provinciales deberán contar además con procedimientos internos para actuar frente a una emergencia.

Los municipios también formarían parte

La propuesta contempla acuerdos entre Provincia, municipios y comisiones de fomento para intercambiar información, coordinar protocolos, realizar ejercicios conjuntos, mejorar las comunicaciones y desarrollar planes locales de emergencia.

También habilita la cooperación con organismos científicos nacionales, universidades e instituciones especializadas.

Entre ellos menciona expresamente al INPRES y al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Santa Cruz ya tiene un protocolo para las escuelas

El proyecto no parte de cero. Santa Cruz cuenta desde mayo de este año con un Protocolo Sísmico para Establecimientos Educativos, aprobado mediante la Resolución 265/2026 y elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

Alegría menciona ese antecedente expresamente en los fundamentos y plantea que el paso siguiente sería extender la planificación más allá de las escuelas.

La nueva ley abarcaría también hospitales, servicios esenciales, infraestructura pública, planificación territorial, comunicación, capacitación y recuperación después de un evento.

Al fundamentar su proyecto, Alegría expresa que “no sería razonable esperar a que ocurra un evento de gran magnitud” para recién entonces analizar protocolos, vulnerabilidad de edificios, continuidad de servicios o preparación de la población.

Ahora comienza el debate legislativo

El proyecto ingresó el 7 de octubre y tomó estado parlamentario en la sesión del jueves.

Antes de poder llegar al recinto deberá ser analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales; Recursos Naturales; Asuntos Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Legislación General.

Si finalmente se convierte en ley, la implementación sería progresiva y dependerá de criterios técnicos, prioridades de riesgo y disponibilidad presupuestaria. Además, la autoridad responsable deberá enviar cada año a la Legislatura un informe sobre estudios realizados, infraestructura crítica identificada, capacitaciones, simulacros y avances del plan.