Coparticipación: proponen un nuevo reparto de fondos entre Provincia y municipios desde 2027

Agostina Mora y Eloy Echazú, dos de los diputados que firman el proyecto

Diputados del bloque Unión por la Patria presentaron el Proyecto de Ley que propone reemplazar buena parte del esquema vigente por un nuevo régimen de coparticipación. Pero la propuesta es más amplia que una discusión sobre porcentajes. Intenta actuar sobre tres cuestiones que sus autores consideran relacionadas: los recursos que reciben los gobiernos locales, la dependencia de adelantos extraordinarios del Tesoro provincial y la deuda acumulada con los organismos de la seguridad social.

 “Una reforma de la coparticipación no puede agotarse en la mera modificación de un porcentaje”, expresa el proyecto al que accedió Ahora Calafate y lleva las firmas de Agostina Mora Doldán, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy.

El proyecto tomó estado parlamentario y deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales; Trabajo; Recursos Naturales; Asuntos Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Legislación General antes de estar en condiciones de llegar al recinto.

Qué se reparte actualmente

El régimen actual tiene como una de sus normas centrales a la Ley Provincial 1494, posteriormente modificada.

No existe hoy un único porcentaje de coparticipación. Los municipios y comisiones de fomento reciben 11% de los recursos que Santa Cruz percibe por Coparticipación Federal de Impuestos; 40% del producido de Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas; y 7% de las regalías de petróleo y gas. 

Hay además una particularidad: antes de calcular el 40% correspondiente a esos impuestos provinciales, la legislación vigente establece una detracción del 20% destinada al Fondo para el Financiamiento de la Intransferibilidad de la Caja de Previsión Social. 

Es decir, el sistema actual utiliza porcentajes distintos según de dónde provenga el dinero.

Qué quiere cambiar el proyecto

La propuesta de Unión por la Patria crea una masa bruta coparticipable común. Allí quedarían incluidos cuatro grandes grupos de recursos: la Coparticipación Federal de Impuestos; Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas; las regalías de petróleo y gas; y, por primera vez dentro de este régimen general, las regalías mineras.

Sobre ese conjunto, el proyecto establece una distribución primaria de 81% para la Provincia y 19% para el conjunto de municipios y comisiones de fomento.

La intención declarada por sus autores es “ampliar y unificar la masa coparticipable” y aumentar los recursos genuinos disponibles para los gobiernos locales.

El 19% reemplazaría porcentajes que hoy son diferentes. Sobre los fondos nacionales la participación subiría del 11% al 19%, y sobre las regalías hidrocarburíferas, del 7% al 19%. En cambio, los impuestos provinciales que actualmente tienen una participación nominal del 40% (aplicada luego de la detracción previsional correspondiente) también pasarían al nuevo esquema del 19%.

A eso se suma que ingresarían las regalías mineras y cambiaría el mecanismo previsional.

Por lo tanto, para conocer el resultado final para El Calafate o cualquier otra localidad habría que aplicar ambos sistemas sobre la misma recaudación real.

Actual vs. propuesta

La fórmula entre municipios prácticamente se mantiene

Una vez determinado cuánto dinero corresponde al conjunto de los gobiernos locales, hay que resolver cuánto recibe cada localidad.

En este punto el proyecto no plantea una ruptura con la fórmula actual.

Propone distribuir el 83,15% según la cantidad de habitantes de cada localidad, otro 11% en partes iguales entre las municipalidades alcanzadas por ese componente y el 5,85% restante según la diferencia poblacional de cada localidad respecto de Río Gallegos.

La legislación vigente utiliza básicamente esos mismos porcentajes. La diferencia es que actualmente excluye expresamente del componente igualitario a Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado; el nuevo texto habla de excluir a “las tres de mayor población”. 

Por eso, el principal cambio no estaría inicialmente en la fórmula que divide el dinero entre las localidades, sino en qué recursos forman la masa total que se distribuye.

Por qué aparece ahora la deuda de los municipios

La cuestión previsional es otro de los ejes del proyecto. Durante este año, la deuda de municipios con la Caja de Previsión Social volvió a quedar en el centro de la relación entre Provincia y gobiernos locales.

El artículo 22 de la Ley 1782, actualmente vigente, establece que la Tesorería General de la Provincia, a pedido de la CPS, debe retener de fondos de coparticipación, recursos propios u otras liquidaciones los importes adeudados en concepto de aportes y retenciones. 

La aplicación de ese mecanismo generó una disputa judicial. En julio, el Tribunal Superior de Justicia revocó una medida cautelar que había suspendido esas retenciones, por lo que el artículo volvió a quedar operativo. Tras esa resolución, el Gobierno provincial abrió una ronda de reuniones con intendentes para discutir el problema. 

El nuevo proyecto propone modificar de raíz ese esquema. Diferencia claramente entre contribuciones patronales y aportes personales.

El fallo que reabrió una discusión histórica entre la Provincia y los municipios

Las obligaciones anteriores al inicio del nuevo régimen que municipios y comisiones de fomento mantengan con la Caja de Previsión Social, Caja de Servicios Sociales e Instituto de Seguros por contribuciones patronales y seguros a cargo del empleador quedarían “extinguidas de pleno derecho”.

Distinto sería el tratamiento de los aportes personales. Esas deudas, siempre que no se encuentren prescriptas, ingresarían en una moratoria común para todas las jurisdicciones. Se consolidarían sin intereses, recargos ni multas acumulados hasta el comienzo del nuevo régimen y tendrían un plazo de gracia de 12 meses.

La tasa de financiación y el número mínimo de cuotas serían determinados por el nuevo Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal.

La iniciativa también contempla mecanismos para determinar las deudas, formular objeciones y celebrar convenios de armonización. Esos acuerdos deberán luego ser ratificados por los concejos deliberantes correspondientes.

A su vez, propone derogar el artículo 22 de la Ley 1782, que hoy permite efectuar las retenciones sobre coparticipación.

Cómo se pagarían las obligaciones en adelante

Que el proyecto pretenda regularizar la deuda anterior no significa que municipios y comisiones de fomento dejarían de aportar a la seguridad social.

Por el contrario, busca que desde 2027 los aportes personales, contribuciones patronales y seguros correspondientes a cada mes sean determinados mediante declaraciones juradas y retenidos directamente de la coparticipación.

La diferencia es que esas retenciones tendrían efecto cancelatorio: una vez retenido el importe correspondiente, la obligación de ese período quedaría efectivamente pagada.

Para administrar esa información se crearía el Sistema Integrado de Retenciones y Bases Remunerativas (SIRBRE) en la órbita de ASIP.

Además, cada trabajador provincial o municipal podría consultar mediante un portal si su empleador declaró y pagó correctamente sus aportes y contribuciones a la CPS, CSS e ISPRO.

Una garantía en lugar de pedir adelantos todos los meses

Los fundamentos sostienen que parte del problema actual es que algunos gobiernos locales no consiguen cubrir sus gastos corrientes con la coparticipación y dependen de adelantos o asistencia del Tesoro provincial.

Según los datos consignados por los propios autores, durante 2025 el déficit consolidado de los veinte municipios y comisiones de fomento habría alcanzado los $21.193 millones.

Frente a esa situación, el proyecto crea una Garantía automática. Simplificando un mecanismo bastante técnico, si la coparticipación acumulada de una localidad resulta inferior a determinado gasto salarial reconocido por el régimen, la Provincia aportaría la diferencia dentro de límites previamente establecidos.

La garantía no permitiría reconocer cualquier incremento de personal o salarios. El proyecto incorpora fórmulas que comparan la evolución del gasto y de la planta municipal con los de la propia Provincia.

Además sería transitoria: funcionaría durante 18 meses, entre el 1° de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028.

La idea expresada en los fundamentos es reemplazar una asistencia que hoy depende de gestiones individuales ante el Ejecutivo por reglas conocidas de antemano.

Provincia y municipios sentados en el mismo organismo

Otra novedad sería la creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Tendría un representante del Poder Ejecutivo provincial, uno de cada municipio adherido y otro por el conjunto de las comisiones de fomento. Todos contarían con voz y voto.

Entre otras tareas, actualizaría los coeficientes de coparticipación, controlaría las declaraciones juradas, calcularía la garantía y las retenciones previsionales y publicaría información fiscal.

También administraría un Portal Único de Datos Fiscales, de acceso público y gratuito.

No sería todavía la última reforma

El proyecto contiene una particularidad: aun si fuera aprobado, obliga a continuar discutiendo el sistema.

El Consejo debería elaborar antes del 31 de diciembre de 2027 un nuevo anteproyecto de coparticipación que incorpore criterios vinculados con las competencias, servicios y funciones que efectivamente presta cada jurisdicción, cuánto cuestan y qué cobertura tienen.

Es decir, el esquema propuesto para 2027 funcionaría también como una etapa para ordenar las cuentas, normalizar las obligaciones previsionales y generar información que permita discutir posteriormente una fórmula más estructural.

La adhesión sería necesaria

La nueva ley tampoco se aplicaría automáticamente de la misma manera a todos los gobiernos locales.

Municipios y comisiones de fomento deberían adherir mediante ordenanza o resolución. La adhesión implicaría aceptar el régimen sin reservas ni limitaciones.

Quienes no lo hagan no accederían a la Garantía, al esquema de regularización de deudas ni participarían del nuevo Consejo y continuarían bajo las reglas que el propio proyecto establece para las jurisdicciones no adheridas.

El proyecto recién comienza ahora su recorrido legislativo.