Península Magallanes. El fiscal federal advirtió que pueden estar en juego derechos ambientales

Ahora Calafate accedió al Dictamen elaborado por el fiscal federal interino Pablo Fernando Mansilla antes de que el juez Claudio Vázquez resolviera sobre el amparo presentado por la operación de tierras en Península de Magallanes.

El documento aporta nuevos elementos para entender qué ocurrió antes del fallo conocido este viernes y, sobre todo, muestra una diferencia importante entre la opinión del fiscal y la decisión posterior del juez.

Uno de los puntos más claros del dictamen está relacionado con quién debía resolver el caso.

Península Magallanes. Un juez ordenó frenar la operación por las tierras y envió el amparo a la Corte Suprema

Mansilla entendió que el Juzgado Federal de Río Gallegos era competente porque los efectos de la controversia se producirían en Santa Cruz y, según expresó, en el ámbito del Parque Nacional Los Glaciares.

En otras palabras, para el fiscal no era necesario, en ese momento procesal, que el expediente fuera directamente a la Corte Suprema.

Su conclusión fue que el tribunal federal de Río Gallegos podía seguir interviniendo en el amparo presentado contra el Estado Nacional.

Cómo anticipó Ahora Calafate, el juez Vázquez tomó posteriormente una posición distinta. Consideró que el conflicto no podía resolverse solamente con el Estado Nacional como demandado porque una eventual decisión también afectaría a la Provincia de Santa Cruz, a Lacustre del Sud S.A. y a ASB Hospitality Calafate S.A.U.

Al incorporar necesariamente a la Provincia, el juez entendió que la competencia cambiaba y que, por disposición constitucional, debía intervenir directamente la Corte Suprema.

Para el fiscal, el amparo era una vía adecuada

El otro punto relevante del dictamen tiene que ver con la forma elegida para llevar el reclamo a la Justicia.

El amparo es un procedimiento rápido que se utiliza cuando se considera que existe una afectación clara de derechos y que esperar un juicio ordinario podría tornar inútil una futura decisión judicial.

Mansilla sostuvo que en este caso estaban dadas las condiciones para analizar el conflicto mediante esa vía.

ADELANTO: Diputados presentaron un amparo federal para frenar la venta de tierras en Península de Magallanes

Luego de repasar los requisitos que exige la jurisprudencia, afirmó que “dichos extremos se verifican en el amparo interpuesto”.

Y agregó que el amparo resultaba una “vía idónea” para analizar la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales— en relación específica con la operación de Península de Magallanes.

Esto no significa que el fiscal haya dicho que los demandantes tienen razón sobre el fondo del caso.

Su dictamen se refiere a una cuestión previa: considera que existe materia suficiente para que la Justicia examine el reclamo mediante un amparo.

La cuestión ambiental

Mansilla también introdujo un elemento especialmente relevante para esta controversia. Al explicar por qué consideraba procedente el amparo, mencionó que podían estar en juego derechos de naturaleza ambiental.

El fiscal no resolvió si existe efectivamente un daño ni afirmó que el emprendimiento sea ambientalmente ilegal. Su observación es procesal: la posible afectación ambiental es uno de los factores que, a su entender, justifican que el planteo sea examinado judicialmente mediante una vía rápida, como es el amparo.

Ese aspecto cobra particular importancia porque las tierras involucradas se encuentran dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes y la demanda cuestiona, entre otros puntos, el alcance de los controles ambientales aplicados durante el procedimiento que terminó con el Decreto provincial 915/2026.

El fiscal quería un paso previo antes de resolver la cautelar

También hubo una diferencia entre Mansilla y Vázquez respecto de la urgencia.

El fiscal consideró que, antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar solicitada, convenía pedir un informe previo para contar con más elementos y poder ponderar mejor los intereses involucrados.

En cambio, el juez Vázquez decidió no esperar. Aunque se declaró incompetente para resolver el fondo, el Juez Federal de Río Gallegos entendió que podía producirse una modificación registral de las tierras mientras el expediente era enviado a la Corte y que eso podía dificultar una futura sentencia.

Por eso ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble que no inscriba transferencias de dominio, cesiones ni constitución de derechos reales sobre las parcelas G2 y G3 hasta que intervenga el máximo tribunal.

En ese punto, la resolución judicial terminó siendo más inmediata que lo sugerido por el Ministerio Público.

“Que no se piensen que nos van a frenar”: Vidal defendió la operación en Península Magallanes y apuntó al kirchnerismo

Qué aporta este dictamen al caso

El documento al que accedió Ahora Calafate agrega un dato relevante al escenario abierto después del fallo de este jueves.

Antes de que la causa fuera enviada a la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal había considerado que el reclamo podía ser tratado en Río Gallegos y que la vía del amparo era apropiada para analizarlo, especialmente por la posible existencia de derechos ambientales involucrados.

La Corte Suprema deberá ahora definir si acepta la competencia originaria que le atribuyó el juez Vázquez.

Mientras tanto, la situación registral de las parcelas permanece congelada y la operación no puede consolidarse mediante una transferencia de dominio u otros derechos reales.

El fondo del conflicto (la validez del artículo 154 del DNU 70/2023, el alcance del Decreto 915 y la legalidad de la operación) todavía no fue resuelto.