Guillermo Pérez Luque
El proyecto para desafectar casi 70 hectáreas de la reserva provincial en el paraje La Florida, con la finalidad de estudiar su posible urbanización, llegará este jueves 22 de octubre a la Legislatura de Santa Cruz. Su tratamiento genera expectativas entre quienes esperan una solución a la falta de tierras en El Chaltén, pero también cuestionamientos de otro sector de la comunidad, que advierte sobre las consecuencias ambientales y legales de la iniciativa.
Mientras la Municipalidad de El Chaltén organiza el traslado de vecinos a Río Gallegos para acompañar la sesión, Ahora Calafate accedió a una presentación formal realizada por otro grupo de residentes ante la Cámara de Diputados, en la que solicitan acceso a información ambiental y advierten que la eventual aprobación de la ley podría dar lugar a acciones judiciales.
La nota, fechada el 16 de octubre e ingresada oficialmente a la Legislatura el lunes 19, está dirigida al presidente de la Cámara, Fabián Leguizamón. Lleva las firmas de vecinos que expresan sus objeciones al Proyecto de Ley 188/2026, enviado por el gobernador Claudio Vidal en abril de este año.
El escrito contiene diez pedidos concretos de información y documentación, fundamentados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la legislación vigente sobre acceso a la información pública.
El principal planteo apunta a la decisión de retirar la protección legal de una superficie de 69 hectáreas, 78 áreas y 16 centiáreas, pertenecientes a la reserva natural La Florida, ubicada en el sector sudeste del Lote Pastoril N.º 178, a varios kilómetros de El Chaltén.
Los firmantes consideran que no están suficientemente explicitados los fundamentos técnicos y ambientales que justifican avanzar con esa decisión antes de determinar si las tierras resultan efectivamente aptas para una urbanización.
En su presentación sostienen que, de los antecedentes mencionados en el proyecto, no surgen los motivos ni fundamentos por los cuales se debería primero desafectar una porción de la reserva para posteriormente evaluar la posibilidad de desarrollar allí un plan urbanístico.
Por eso solicitan conocer la totalidad de las actuaciones que obran en poder de la Cámara de Diputados, los informes elaborados por el Consejo Agrario Provincial y la Secretaría de Estado de Ambiente, y las evaluaciones técnico-científicas que respaldan la modificación del área protegida.
También preguntan si se emitió alguna autorización ambiental previa, cuáles fueron los mecanismos de participación ciudadana implementados y qué otras alternativas de tierras fiscales fueron evaluadas para dar respuesta a la demanda habitacional sin intervenir sobre una reserva natural.
Otro de los pedidos apunta a conocer la delimitación exacta de la superficie que se pretende desafectar y de las aproximadamente 157 hectáreas restantes, que pasarían a una categoría diferente de protección.
Los vecinos incorporaron fotografías del lugar para fundamentar sus preocupaciones sobre las características naturales del terreno.
Según expresan, el sector presenta riesgos asociados a crecidas repentinas del curso de agua cercano, procesos de erosión y frecuentes desprendimientos de piedras, condiciones que consideran relevantes a la hora de evaluar una posible urbanización.
Además, cuestionan que se impulse un nuevo desarrollo territorial cuando El Chaltén enfrenta dificultades estructurales relacionadas con la provisión de servicios, el tratamiento de residuos y efluentes cloacales y la generación de energía eléctrica.
Para los firmantes, cualquier solución habitacional debería estar precedida por una evaluación integral que contemple no solamente la disponibilidad de tierras, sino también su seguridad, el impacto ambiental y la factibilidad de construir y mantener la infraestructura necesaria.
Uno de los aspectos más relevantes de la presentación es su contenido jurídico.
Los vecinos sostienen que la desafectación y recategorización de la reserva, si se concretan sin las evaluaciones ambientales y los mecanismos de participación que consideran necesarios, podrían vulnerar principios establecidos en la legislación ambiental argentina, entre ellos los de prevención, precaución, progresividad y no regresión.
En ese sentido, advierten que la eventual ley "podría ser cuestionada judicialmente en cuanto a su constitucionalidad".
También anticipan que podrían iniciar acciones legales ante una falta de respuesta dentro de los plazos previstos o una negativa injustificada a entregar la información ambiental solicitada.
Los firmantes aclaran, además, que su planteo no desconoce la necesidad de encontrar soluciones a la crisis habitacional. Por el contrario, expresan su disposición a colaborar en la búsqueda de alternativas para los residentes de El Chaltén que resulten viables desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Como informó Ahora Calafate, la iniciativa que llegará este jueves al recinto no es la misma que el gobernador Claudio Vidal envió originalmente a la Legislatura.
Durante varios meses, las comisiones parlamentarias analizaron observaciones relacionadas con el destino de las tierras, la protección ambiental, la infraestructura necesaria y las garantías para evitar usos distintos al habitacional.
En agosto, funcionarios del Consejo Agrario Provincial explicaron ante los diputados que los estudios disponibles no determinaban todavía si las casi 70 hectáreas eran aptas para construir viviendas. El análisis realizado hasta entonces estaba orientado principalmente a evaluar los efectos que tendría la desafectación sobre el resto de la reserva.
A partir de estos debates, y especialmente de las modificaciones propuestas por el diputado Carlos Alegría, el despacho aprobado en comisiones estableció que la desafectación tendrá carácter transitorio y que el destino prioritario será generar soluciones habitacionales para residentes permanentes de El Chaltén.
También dispuso que cualquier urbanización deberá estar precedida por estudios de viabilidad ambiental, hídrica, territorial, urbanística y de infraestructura.
Si esos análisis concluyen que las tierras no son aptas para el destino previsto, deberán adoptarse las medidas necesarias para que permanezcan o vuelvan a quedar bajo un régimen de protección.
Precisamente allí aparece una de las diferencias centrales entre la propuesta legislativa y el reclamo vecinal: mientras el proyecto contempla realizar los estudios de factibilidad después de la desafectación, los firmantes cuestionan que se retire previamente la protección ambiental sin contar con todas las evaluaciones y la participación ciudadana que consideran necesarias.
En paralelo a estos cuestionamientos, la Municipalidad de El Chaltén ratificó su respaldo al proyecto e invitó a los vecinos a trasladarse a Río Gallegos para acompañar su tratamiento legislativo.
Bajo la consigna "El Chaltén apoya el proyecto de La Florida en la Legislatura", el gobierno municipal convocó a quienes deseen presenciar la sesión a inscribirse en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal para coordinar el viaje.
La salida está prevista para este jueves a las 6 de la mañana desde el Gimnasio Municipal, mientras que el regreso se realizará una vez finalizada la sesión, con arribo estimado a El Chaltén durante las últimas horas del día.
La convocatoria municipal presenta la jornada como un acontecimiento histórico para la localidad.
El tratamiento del proyecto estaba previsto inicialmente para el 8 de octubre, pero quedó pendiente después de que la sesión de Diputados fuera levantada en medio de los incidentes ocurridos durante una protesta de trabajadores petroleros.
Días después, durante el acto por el 41.º aniversario de El Chaltén, el gobernador Claudio Vidal confirmó que la iniciativa sería tratada el 22 de octubre e invitó expresamente a los vecinos a concurrir a la Legislatura.
La falta de terrenos para viviendas es uno de los problemas más persistentes de El Chaltén. La localidad atraviesa una emergencia habitacional y desde hace años se discuten diferentes alternativas para ampliar la disponibilidad de suelo.
La Florida es una de las opciones impulsadas por el Gobierno provincial y el Municipio, aunque su ubicación, separada del actual casco urbano y con importantes necesidades de infraestructura, también ha sido objeto de cuestionamientos durante el debate legislativo.
La posibilidad de habilitar tierras para futuras viviendas genera expectativas en parte de la comunidad. Pero la presentación conocida ahora por este medio demuestra que también existen vecinos que consideran necesario revisar las condiciones ambientales, técnicas y legales antes de avanzar.
Con la votación prevista para este jueves, el proyecto se encamina hacia una definición legislativa. Sin embargo, aun si resulta aprobado, la posibilidad de construir viviendas en La Florida seguirá dependiendo de estudios de factibilidad y de decisiones posteriores.
