“La Legislatura tiene que hacerse respetar”. Alberto Chaile pidió a los diputados que investiguen el Decreto sobre Penínusla Magallanes

Alberto Chaile, durante su exposición en la Legislatura

El debate por el futuro de Península de Magallanes llegó nuevamente al recinto de la Legislatura de Santa Cruz, esta vez con la voz de uno de los vecinos de El Calafate que impulsa el reclamo contra el Decreto Provincial 915/2026. Alberto Chaile, exdiputado provincial, hizo uso de la palabra ante los legisladores y les pidió que asuman su función de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

Su intervención se produjo luego de que la Cámara aprobara un cuarto intermedio para escucharlo. Durante su exposición, Chaile reconstruyó más de tres décadas de antecedentes sobre la protección de Península de Magallanes, recordó una histórica movilización de vecinos de El Calafate y cuestionó el procedimiento utilizado por el gobernador Claudio Vidal para habilitar una operación inmobiliaria vinculada con un emprendimiento turístico.

Pero además introdujo una comparación con otro tema que también estuvo presente en la sesión: el proyecto del propio Gobierno provincial para desafectar tierras de la reserva La Florida, en El Chaltén.

Fue allí donde planteó uno de sus principales cuestionamientos al Gobernadro Vidal “¿Por qué no mandó un proyecto de ley y lo discutió de cara al pueblo de Santa Cruz?”, preguntó

El pedido de investigar el Decreto 915

Chaile explicó que su presencia en la Legislatura respondía a una iniciativa de vecinos de El Calafate preocupados por la decisión del Ejecutivo de autorizar excepcionalmente la transferencia de tierras dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

El Decreto 915, firmado el 1° de septiembre por el gobernador Claudio Vidal, autorizó por única vez y con carácter excepcional una operación para transferir las parcelas G2 y G3 desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U., cuyo capital pertenece a una sociedad constituida en Dubái.

Chaile sostuvo que existen interrogantes sobre la legalidad del procedimiento y reclamó que los diputados constituyan una comisión investigadora para revisar las actuaciones del Consejo Agrario Provincial, la Secretaría de Ambiente y el Poder Ejecutivo.

“Venimos a pedir que la Legislatura se haga respetar también”, expresó frente a los diputados.

Recordó que fue la propia Cámara la que sancionó las leyes que establecieron el régimen de protección de Península de Magallanes y sostuvo que ahora debe controlar que esas normas se cumplan.

“En esta Legislatura está la totalidad de la representación del pueblo y en un sistema republicano el rol de las legislaturas es claro. Están para controlar, están para hacer cumplir las leyes que la misma Legislatura sanciona”, afirmó.

Aclaró que la intención no es anticipar responsabilidades, sino establecer si las actuaciones administrativas se ajustaron a la normativa vigente.

“No estamos juzgando ni resolviendo absolutamente nada. Estamos solo pidiendo que se estudie el tema y se discuta y se convoque a todos los actores que han intervenido”, manifestó hacia el final de su exposición.

La comparación con La Florida: “¿Por qué no mandó un proyecto de ley?”

Uno de los pasajes más significativos de la intervención de Chaile estuvo dedicado a comparar lo ocurrido con Península de Magallanes y la iniciativa del Gobierno provincial para desafectar parte de la reserva La Florida, en El Chaltén.

El exdiputado recordó que el gobernador Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la situación de esas tierras, con el argumento de buscar alternativas frente a la crisis habitacional de esa localidad.

Aunque manifestó su desacuerdo con la desafectación de áreas naturales protegidas, reconoció que el Ejecutivo había recurrido al procedimiento previsto por la Ley Provincial 3466.

“Celebramos que el gobernador en este tema de La Florida esté cumpliendo con la ley”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente trasladó ese razonamiento al caso de Península de Magallanes. “¿Por qué el gobernador de la provincia, el Gobierno de Santa Cruz, si quiere explotar turísticamente la Península Magallanes, por qué no mandó un proyecto de ley y lo discutió de cara al pueblo de Santa Cruz?”, preguntó.

Para ilustrar su planteo utilizó una metáfora. Dijo que si un intendente pretendiera instalar un cajero automático en una plaza pública y para ello necesitara modificar su uso, tendría que promover una ordenanza y someterla al debate correspondiente.

Con esa comparación cuestionó la decisión de avanzar mediante una excepción administrativa en Península de Magallanes.

Chaile también se refirió a los anuncios sobre una inversión de 90 millones de dólares vinculada al desarrollo turístico en el sector.

“Si quiere explotar la Península Magallanes, que mande el proyecto de ley, que lo discuta de cara al pueblo de Santa Cruz, que publique todas las decisiones en el Boletín Oficial y no las mantenga escondidas o las tengamos que andar buscando, solicitándolas para poder verlas”, reclamó.

El planteo establece una discusión sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo y de la Legislatura en materia de áreas protegidas. La comparación propuesta por Chaile no supone, por sí misma, que ambos procedimientos deban tener necesariamente el mismo tratamiento legal, cuestión que forma parte de los interrogantes planteados alrededor del Decreto 915.

Los vecinos recibieron documentación y analizan posibles acciones judiciales

Durante su intervención, Chaile aportó una novedad relacionada con las gestiones que viene realizando el grupo de vecinos.

Explicó que, luego de conocerse el Decreto 915, comenzaron a reunirse personas de distintas procedencias políticas, profesionales y culturales, que compartían la preocupación por el destino de Península de Magallanes.

Mencionó entre ellos a Agustín González, Alexis Casandra Valdez, Cecilia Daversa, Ángel Serra, Fernanda Nogueira y la abogada especialista en Derecho Ambiental Melina Lorenti.

“Todos con miradas distintas, todos con visiones distintas”, señaló, al describir cómo comenzaron a organizarse.

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El grupo elaboró tres solicitudes de acceso a la información pública, dirigidas al Consejo Agrario Provincial, al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Ambiente.

Chaile reveló que la Secretaría de Ambiente ya respondió y remitió copia del expediente correspondiente a sus actuaciones, además de contestar los requerimientos formulados por los vecinos.

Explicó que están estudiando esa documentación y aguardando las restantes respuestas para determinar los próximos pasos.

“Después de estudiarla y evaluarla decidiremos qué hacemos desde el punto de vista judicial, como ciudadanos que somos amparados por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”, indicó.

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de nuevas presentaciones judiciales, aunque aclaró que todavía no existe una decisión tomada por ese grupo.

El respaldo de más de 3.000 firmas

La exposición de Chaile se produjo después de que ingresara formalmente a la Legislatura una petición ciudadana respaldada por más de 3.000 firmas, que solicita la conformación urgente de la Comisión Investigadora de la Administración Pública.

Como informó Ahora Calafate el pasado 20 de octubre, la iniciativa fue impulsada por cuatro vecinos de El Calafate: Fernanda Nogueira, Alexis Casandra Valdez, Ángel Serra y el propio Alberto Chaile.

La presentación, acompañada por más de 200 planillas de adhesiones, solicita investigar el Decreto 915/2026, el Expediente del Consejo Agrario Provincial N.º 495.894/2023 y las actuaciones administrativas que precedieron a la autorización de la operación inmobiliaria.

El pedido se fundamenta en los artículos 47 y 53 bis del Reglamento de la Cámara, que contemplan el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Administración Pública ante posibles irregularidades que la Legislatura decida investigar.

La intervención de Chaile en el recinto permitió exponer directamente ante los diputados los argumentos que sustentan esa petición y reclamar una respuesta institucional.

La presentación ciudadana se suma al proyecto legislativo que propone derogar el Decreto 915 y al amparo judicial ya iniciado por diputados provinciales y una organización civil.

Nota relacionada: Más de 3.000 firmas piden que la Legislatura investigue el Decreto 915 por Península de Magallanes.

Cuando El Calafate logró que Néstor Kirchner vetara una ley

Otro de los momentos destacados del discurso fue el repaso histórico de la protección de Península de Magallanes.

Chaile recordó que en 1994 la Legislatura provincial aprobó un plan de manejo que contemplaba un desarrollo turístico en ese territorio.

Al día siguiente de aquella aprobación, vecinos, empresarios, comerciantes y dirigentes de El Calafate viajaron a Río Gallegos para pedirle al entonces gobernador Néstor Kirchner que vetara la ley.

“El pueblo del Calafate, que en ese momento no tenía más de 4.000 habitantes, sus empresarios, sus comerciantes, sus dirigentes políticos, sus pobladores, se movilizaron a Río Gallegos, frente a la Casa de Gobierno”, recordó.

Según relató, después de una extensa discusión, Kirchner asumió el compromiso de vetar la norma y la Legislatura aceptó posteriormente esa decisión.

Chaile, que por entonces integraba la Cámara como diputado provincial, recordó que se establecieron sucesivos plazos para elaborar un nuevo plan de manejo, aunque pasaron muchos años sin que se concretara.

Finalmente, en 2003 se creó el Área Natural Protegida Península de Magallanes, que incluye un parque provincial y reservas con distintas categorías de protección.

Con ese repaso buscó remarcar que la protección de Península de Magallanes fue resultado de decisiones legislativas y de la participación de la comunidad de El Calafate, y no solamente de medidas administrativas.

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Qué dijo sobre el fallo de la Corte Suprema

Chaile dedicó también una parte de su intervención a explicar el conflicto judicial que mantuvieron empresas propietarias de tierras con la Provincia de Santa Cruz.

Recordó que, después de años de litigio, la Corte Suprema se pronunció en 2021 sobre distintos reclamos indemnizatorios y cuestionamientos al régimen de protección ambiental.

Según explicó, el máximo tribunal reconoció la facultad de la Provincia para establecer reservas y parques provinciales, pero también observó las consecuencias de haber mantenido restricciones durante décadas sin aprobar el correspondiente plan de manejo.

Para reforzar ese argumento, reprodujo fragmentos de la sentencia sobre los límites del derecho de propiedad y la obligación constitucional de proteger el ambiente.

Entre ellos destacó la afirmación de que “ni el derecho de usar y disponer de la propiedad ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución reviste el carácter de absoluto”.

Chaile reconoció, al mismo tiempo, que la ausencia prolongada del plan de manejo constituyó una responsabilidad del Estado provincial.

Sostuvo que, tras la sentencia, se desarrolló un proceso de elaboración del instrumento de manejo con participación de especialistas, empresarios, propietarios, organizaciones ambientales y vecinos, posteriormente ratificado durante la gestión de Alicia Kirchner.

Para el exdiputado, estos antecedentes deben formar parte del análisis legislativo de las nuevas autorizaciones sobre Península de Magallanes.

“Un cajero automático de 90 millones de dólares”

Hacia la parte final, Chaile amplió sus cuestionamientos y vinculó la controversia con el modelo de desarrollo económico de Santa Cruz.

Repasó distintos períodos de la historia provincial, desde la expansión ganadera y la explotación de hidrocarburos hasta la minería y la consolidación de áreas naturales protegidas.

Señaló que en todos esos procesos estuvo presente el argumento de promover la producción y el empleo.

Al referirse a la iniciativa turística de Península de Magallanes retomó su metáfora del cajero automático.

“Se nos promete producción y trabajo a cambio de montar un cajero automático de 90 millones de dólares en el Parque Provincial Península Magallanes”, cuestionó.

Sin desconocer la necesidad de generar nuevas actividades económicas y fuentes laborales, sostuvo que la discusión debe contemplar también la conservación del patrimonio natural.

Afirmó que Santa Cruz tiene numerosas áreas protegidas y que lo que se resuelva en Península de Magallanes puede establecer un precedente para las decisiones futuras sobre esos territorios.

“Creemos que lo que se decida con Península Magallanes tiene el carácter de ser paradigmático”, advirtió.

Y agregó: “El modelo de desarrollo en función del trabajo y la producción, de lo que se decida con el Parque Provincial Península Magallanes, va a impactar en el futuro de todos los santacruceños”.

“Pensemos también en las próximas generaciones”

En el cierre de su intervención, Chaile citó el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 73 de la Constitución Provincial, que reconocen el derecho a un ambiente sano y establecen el deber de preservarlo.

Pidió a los diputados que consideren las consecuencias de las decisiones actuales más allá de las necesidades políticas inmediatas.

“Sabemos que hay necesidades políticas, sabemos que hay urgencias políticas, sabemos que se vienen tiempos electorales, sabemos que los gobernantes están necesitados de dar soluciones a la población”, expresó.

Sin embargo, planteó que la respuesta no debe limitarse al corto plazo.

“No está mal pensar en la próxima elección, que va a ser el año que viene, pero es muy importante que pensemos también en las próximas generaciones, que pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los que nos van a suceder”, sostuvo.

Su intervención terminó con un pedido concreto: que la Cámara constituya una comisión investigadora, estudie la documentación y convoque a todos los organismos y actores involucrados.

La exposición de Chaile agregó así una instancia de reclamo directo ante los legisladores al proceso de movilización que se desarrolla en El Calafate y que ya reunió más de 3.000 firmas.

Ahora la respuesta a ese pedido depende de la Cámara de Diputados, que deberá decidir si activa el mecanismo de investigación solicitado por los vecinos, mientras continúa en comisiones el tratamiento del proyecto que propone derogar el Decreto 915.