Daniel Mariani enfrenta un pedido de juicio político por presuntas irregularidades en su desempeño

Un pedido de juicio político contra Daniel Mauricio Mariani, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y actual presidente del Consejo de la Magistratura, comenzará a ser analizado en la Cámara de Diputados de la provincia. La presentación fue realizada por un dirigente social de Río Turbio, quien solicita la destitución del magistrado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La información fue confirmada esta mañana por el diputado provincial Pedro Muñoz, quien preside la Sala Acusadora de la Legislatura, durante una entrevista en el programa A Diario, de FM Dimensión.

Ante la consulta de Ahora Calafate, Muñoz precisó que el pedido ingresó formalmente, tomó estado parlamentario en la sesión del jueves 22 de octubre y fue remitido a la instancia legislativa encargada de analizarlo.

Además, adelantó que se prevé convocar a la Sala Acusadora para el miércoles 11 de noviembre, oportunidad en la que se comenzará a evaluar la presentación conforme al procedimiento establecido por la Ley Provincial N.º 13, que regula el juicio político.

El legislador aclaró que las actuaciones tienen carácter reservado y evitó emitir opiniones sobre los cuestionamientos formulados contra Mariani, debido a su responsabilidad dentro del procedimiento.

Diputado Pedro Muñoz

Quién impulsa el juicio político y cuáles son los motivos

El pedido fue presentado por Roberto Carlos Bucarey, un dirigente social vinculado con Río Turbio y la Cuenca Carbonífera.

De acuerdo con información obtenida por Ahora Calafate, la presentación plantea una serie de cuestionamientos relacionados con el desempeño de Mariani en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Magistratura, organismo que interviene en la selección de jueces y funcionarios judiciales de Santa Cruz.

Entre los principales señalamientos aparecen presuntas irregularidades en los procedimientos de selección de magistrados, cuestionamientos al ejercicio de facultades administrativas y decisiones adoptadas durante los enfrentamientos internos que atravesaron al máximo tribunal provincial.

Uno de los aspectos que se pretende revisar está relacionado con concursos para cubrir cargos judiciales en distintas localidades de Santa Cruz, entre ellos el Concurso Múltiple N.º 115, correspondiente a juzgados de Instrucción de Río Turbio, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

También, de acuerdo fuentes consultadas, se cuestionan determinadas actuaciones vinculadas con el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, el control interno de expedientes y las facultades ejercidas por Mariani durante la disputa por la conducción del Tribunal Superior.

El planteo incluye pedidos de informes a organismos judiciales para reunir antecedentes que permitan evaluar las acusaciones.

Más de dos décadas en el Tribunal Superior de Justicia

Daniel Mauricio Mariani es el magistrado de mayor antigüedad en el máximo tribunal santacruceño. Ingresó en 2003, durante el proceso de renovación de autoridades judiciales que coincidió con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación.

Su designación se produjo para cubrir una de las vacantes generadas en el Tribunal Superior, entre ellas la que dejó Carlos Zannini, quien se trasladó al Gobierno nacional para asumir como secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

Antes de incorporarse al máximo tribunal, Mariani había desempeñado funciones de asesoramiento en la Legislatura provincial.

A lo largo de sus más de 23 años de trayectoria en el Tribunal Superior ocupó distintas responsabilidades institucionales y tuvo participación en el Consejo de la Magistratura.

Actualmente, además de continuar como vocal del Tribunal Superior, preside el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, cargo que asumió en mayo de este año.

Los enfrentamientos que marcaron al máximo tribunal

La presentación del pedido de juicio político se produce después de un prolongado período de enfrentamientos internos en el Tribunal Superior de Justicia, que alcanzaron su punto de mayor tensión entre 2025 y los primeros meses de 2026.

El conflicto estuvo relacionado principalmente con la ampliación del máximo tribunal de cinco a nueve integrantes, impulsada por el Gobierno provincial y aprobada mediante la Ley 3949.

Mariani tuvo un papel central en esa disputa. Como presidente del organismo tomó juramento a nuevos vocales designados tras la reforma, mientras que otros cuatro integrantes del Tribunal cuestionaron la legalidad de esas incorporaciones.

Renée Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta adoptaron decisiones que desconocían la continuidad de Mariani en la presidencia y designaron a Fernández para ocupar ese cargo.

Mariani, por su parte, rechazó esas resoluciones y sostuvo que sus colegas no habían reunido las mayorías necesarias para desplazarlo, teniendo en cuenta la ampliación del número de miembros establecida por la nueva ley.

La controversia generó una situación inédita en el Poder Judicial santacruceño, con autoridades enfrentadas que se atribuían la conducción del Tribunal Superior.

Otro episodio se produjo en enero de 2026, cuando Mariani dispuso que no se liquidara un incremento salarial escalonado aprobado por los cuatro vocales con los que mantenía el enfrentamiento. Argumentó que aquella resolución carecía de los requisitos legales necesarios para tener validez.

El conflicto finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo de este año dictó una resolución que permitió avanzar con la integración del Tribunal Superior con sus nueve miembros.

El 18 de mayo se concretó una reunión con la nueva composición y Gabriel Contreras Agüero fue elegido presidente del Tribunal Superior. Mariani, en tanto, pasó a representar al organismo ante el Consejo de la Magistratura, cuya presidencia asumió al día siguiente.

Qué puede ocurrir a partir del 11 de noviembre

La Constitución de Santa Cruz establece que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia pueden ser sometidos a juicio político, entre otras causales, por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.

El procedimiento legislativo contempla la intervención de dos órganos: la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora.

La primera tiene facultades para investigar los hechos denunciados, requerir informes, reunir pruebas y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación. Para aprobarla se requiere el voto favorable de los dos tercios de sus integrantes presentes.

Solo si esa instancia prospera, el procedimiento continúa ante la Sala Juzgadora, que debe resolver sobre la eventual responsabilidad política del funcionario.

En este caso, la reunión prevista para el miércoles 11 de noviembre constituirá una primera instancia de análisis del pedido contra Mariani.

Muñoz remarcó que el procedimiento es reservado y que deberá desarrollarse respetando las disposiciones legales correspondientes.

De esta manera, el histórico magistrado santacruceño enfrenta un nuevo cuestionamiento institucional, esta vez a través de un mecanismo constitucional que podría derivar en un proceso de remoción, aunque su eventual avance dependerá de lo que resuelvan los diputados que integran la Sala Acusadora.