Península Magallanes: Piden que la Provincia compre las tierras y las destine a conservación y turismo

Instituciones del sector privado turístico de El Calafate solicitaron al gobernador Claudio Vidal que el Estado provincial adquiera las tierras de Lacustre del Sud involucradas en el proyecto turístico de Península de Magallanes. Proponen destinarlas a conservación y desarrollar circuitos de trekking, senderismo y actividades recreativas de bajo impacto. El planteo se apoya en el derecho de adquisición preferente previsto en la Ley Provincial 3466
 
Turismo 17/11/2026Guillermo Pérez LuqueGuillermo Pérez Luque

ACATEC CAP

Entidades empresarias vinculadas con el turismo de El Calafate elevaron un pedido al gobernador Claudio Vidal para que la Provincia tome un rol directo en el futuro de las tierras privadas de Península de Magallanes y avance en su adquisición con fines de conservación y desarrollo turístico de bajo impacto.

El planteo propone que los terrenos de Lacustre del Sud, actualmente involucrados en la operación autorizada para el denominado Master Plan Ecocentro, pasen a manos del Estado provincial y sean incorporados a una planificación pública que priorice la protección ambiental.

La iniciativa surge después de las reuniones que representantes empresarios mantuvieron con autoridades del Consejo Agrario Provincial (CAP) para conocer detalles del proyecto que contempla unidades de alojamiento dentro del área protegida.

Las entidades sostienen que la alternativa no significa dejar de desarrollar turísticamente Península de Magallanes, sino impulsar un modelo diferente.

Entre las actividades mencionan circuitos de trekking, senderismo y propuestas recreativas de bajo impacto ambiental, que puedan sumar nuevos atractivos, ampliar la estadía promedio de los visitantes y generar oportunidades para guías, prestadores y trabajadores de El Calafate.

“Península es patrimonio natural, turístico y ambiental. Preservarla también es invertir en el futuro de El Calafate y de Santa Cruz”, señala el planteo difundido por el sector.

Una herramienta que está prevista por ley

El pedido tiene un sustento concreto en la legislación provincial. La Ley 3466 de Áreas Protegidas, vigente desde 2016, establece en su artículo 30 que el Estado de Santa Cruz tiene derecho preferente de adquisición, en igualdad de condiciones, sobre los inmuebles privados ubicados dentro de áreas naturales protegidas cuando sus propietarios deciden venderlos.

La norma obliga al propietario a comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación el precio y las demás condiciones de la venta. A partir de esa notificación, el Poder Ejecutivo dispone de 120 días para ejercer la opción de compra.

El mecanismo no es nuevo. La anterior Ley Provincial 786, que regulaba parques y reservas antes de ser reemplazada por la Ley 3466, ya contemplaba en su artículo 5 un derecho de preferencia del Estado para adquirir propiedades privadas dentro de parques provinciales.

La actual legislación mantuvo esa herramienta y la incorporó específicamente al capítulo referido a inmuebles privados ubicados dentro de Áreas Naturales Protegidas.

La Provincia ya tuvo la oportunidad de comprar

El planteo de las entidades adquiere especial relevancia porque esa posibilidad ya se presentó durante este mismo año.

Según consta en el expediente administrativo del proyecto, en marzo de 2026 Lacustre del Sud comunicó al Estado provincial su intención de vender la denominada Fracción G y ofreció la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia por un valor de 3 millones de dólares.

El Consejo Agrario Provincial decidió entonces no ejercer esa opción. De acuerdo con la documentación del expediente difundida posteriormente, el organismo informó que, evaluadas sus prioridades de gestión, no tenía interés en adquirir el inmueble por ese monto.

Ese antecedente introduce ahora un dato importante: las instituciones empresarias están solicitando políticamente que la Provincia reconsidere aquella decisión y busque las herramientas legales para incorporar las tierras al patrimonio público.

La situación jurídica actual ya no es idéntica a la de marzo, porque posteriormente el Gobierno provincial avanzó con otra decisión.

El planteo empresario busca instalar una alternativa al desarrollo basado principalmente en nueva infraestructura de alojamiento.

Las instituciones consideran que la Provincia podría preservar los terrenos y, al mismo tiempo, habilitar allí actividades compatibles con los objetivos turísticos de El Calafate.

La propuesta menciona expresamente senderos, trekking y actividades recreativas vinculadas con la naturaleza, con participación de prestadores locales.

Según sostienen, este modelo permitiría incorporar nuevas experiencias para los visitantes, favorecer estadías más prolongadas y generar empleo sin comprometer los valores ambientales que justificaron la protección de Península de Magallanes.

También expresaron preocupación por las excepciones otorgadas para proyectos particulares y advirtieron que no deberían convertirse en antecedentes que debiliten las normas de protección ni generen desigualdades entre propietarios.

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