La denuncia penal exige que se investigue el posible delito de incumplimiento del deber de funcionario público, la falsificación de documentos, y si se llevaron adelante acciones que pongan en riesgo la salud pública.
“Se cargaron en el sistema para ser vacunadas a personas como si fueran personal de salud cuando en realidad no lo son. Es una falta grave que nos perjudica a todos como ciudadanos. Esperemos que estas denuncias avancen y se obtengan resultados”, expresó Reyes.
El documento refiere a que “atento la posible ocurrencia de delitos de acción pública, tipificados como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, violación de la normativa nacional para evitar la propagación de una pandemia y falsedad ideológica, al ingresar datos falsos u omitir el ingreso de datos verdaderos, en la base de datos del ministerio de Salud de la Nación dispuesta para el registro y seguimiento de la vacuna contra el Covid-19”.
Recordemos que el plan de vacunación establece que tendrán prioridad para ser vacunados los profesionales de la salud, los adultos mayores de más de 60 años, las personas con riesgos de enfermedad grave y el personal docente y no docente, para luego continuar de forma escalonada con el resto de la población.
“Los funcionarios que violaron los deberes de funcionarios públicos, malversaron bienes públicos y abusaron de su autoridad para saltearse el esquema de prioridades de vacunación para vacunarse ellos, sus allegados y familiares deberán hacerse cargo y responder a las consecuencias”, subrayó por su parte Roquel.
En la denuncia que cuenta con el patrocinio letrado del Dr. Javier Sotessel, Reyes y Roquel solicitan ser tenida como parte querellante por considerarse “particular damnificada en su carácter de ciudadana de la provincia de Santa Cruz”.
“Seguiremos el avance de esta denuncia y el esclarecimiento de los hechos hasta el final. Basta de impunidad”, concluyeron los legisladores.
