A nueve años del hecho hoy comenzará finalmente el juicio oral en el que se imputa al empresario Oscar Raúl Núñez y dos capataces de su estancia, Omar Alcides Soto y Juan Carlos Arrechea, por abigeato agravado, delito que consiste en apoderamiento ilegítimo de una o más cabezas de ganado, en concurso real con estelionato.

El caso Núñez comenzó en mayo de 2014, originado por una denuncia que derivó en un procedimiento por parte del Grupo Especial de Operaciones Rurales (GEOR) -hoy División de Operaciones Rurales- donde se secuestraron tres camiones jaula que transportaban ovinos con distintas señales de varias estancias para ser faenados.

Los productores damnificados, ya que transportaban animales con sus señales como así también visiblemente adulteradas (orejas cortadas) que habían sido denunciados como robados -tanto de la zona de La Esperanza como de Lemarchand- se constituyeron como querellantes en la causa, ya que Núñez no habría podido acreditar la propiedad de los ovinos cargados en su establecimiento, con la documentación de respaldo. En el procedimiento se demoraron casi mil ovinos con señales de diferentes estancias, a punto de ingresar a un frigorífico local.

La causa estuvo a cargo de la dra. Marcela Quintana, a cargo del Juzgado de Instrucción N 1 de Rio Gallegos. Durante la investigación, la magistrada ordenó allanar las estancias: Laguna de Oro, La Florinda, La Negra, La Tehuelche, Rivadavia y La Nueva. Luego del hecho en sí y de los allanamientos, determinó que había elementos suficientes para que quedaran procesadas las tres personas mencionadas.

Hace unos años, la última novedad que trascendió fue que la Justicia habría ampliado el procesamiento de la acusación contra Núñez por: “Abigeato agravado, cuatro hechos, en concurso real, estelionato en grado de tentativa”.

Los capataces fueron detenidos con la misma imputación que se le hizo a Núñez porque la fiscalía habría considerado que actuaron los tres, lo que agravaría la pena de reclusión o prisión de cuatro a diez años. 

Cabe destacar que no es la primera vez que el empresario está involucrado en un hecho de esas características, ya que en 2013 en la localidad de Caleta Olivia,  un camión jaula (el último de varios que habían pasado) que transportaba hacienda de Núñez fue demorado en un control de rutina por irregularidades, ya que llevaba la mitad de los ovinos de los cuales no habría podido acreditar propiedad y se realizaron en aquel momento actuaciones policiales, con la intervención del Consejo Agrario Provincial.

JUSTCIA LENTA

Al respecto y habiendo pasado nueve años, la comisión directiva de la Sociedad Rural de Río Gallegos (SRRG) expresó su descontento por el lento accionar de la justicia en casos de abigeato y la laxitud de las penas, las cuales deberían ser mayores, exhortando a la justicia a que resuelva una condena ejemplificadora con la finalidad de desalentar este tipo de conductas delictivas, que en la mayoría de los casos terminan siendo condenas mínimas.

Asimismo, es dable recordar que, una vez procesado Oscar Núñez, quien era socio de la SRRG, fue en principio suspendido y luego, al quedar imputado en la causa, fue expulsado de la entidad.

Hay infinidad de casos menores de abigeato en la justicia provincial que aún esperan su resolución. En este sentido, desde la Rural, explicaron que en el común de los casos el DOR o la Policía cumplen con la tarea –nada fácil- muchas veces sin el equipamiento necesario, en lugares de difícil acceso, de detener a los sospechosos justo en el momento del hecho delictivo, quienes una vez en la comisaría y por orden del juez interviniente, fijan domicilio y se retiran. 

La Sociedad Rural de Río Gallegos en cambio elogió al Juez de El Calafate Carlos Narvarte, quien en agosto de 2021 dispuso la prisión de tres personas que llevaban 5 ovejas vivas en el baúl de un Fiat Uno y aún continúan detenidas.

“Desde ya, expresaron desde la SRRG que en particular el caso Núñez es emblemático, debido a la magnitud de la carga transportada, las irregularidades y la trascendencia en los medios, entre otros, aunque después de tanto tiempo es una tarea titánica reunir a los imputados y dilucidar el hecho en sí, recordando, además, que el juicio oral estaba previsto para octubre del año pasado y fue postergado por supuestos problemas de salud de uno de los imputados, cambios en la defensa etc., situaciones que dilataron el comienzo”, afirman en la Rural de la capital provincial.