El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, que denominó de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. La medida será tratada durante las sesiones extraordinarias que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 31 de enero.

El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes.  Contempla 664 artículos en 163 páginas. Las comisiones a las que será girado el proyecto (Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores) serán conformadas antes de que termine la semana y a partir de los primeros días de enero irán al Congreso los principales ministros y funcionarios para “explicar la importancia de avanzar con estas reformas”.

Emergencia pública. Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.

Privatización de las empresas públicas. El Gobierno busca generar “mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. En ese sentido, se constituirán sociedades anónimas, “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

Política de calidad regulatoria. La medida tiene como objetivo la simplificación, digitalización y desburocratización administrativa, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos administrativos, para obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a la consiguiente reducción de los índices de pobreza”.

Sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales -que serán diseñadas por el Poder Ejecutivo- para la elección de los diputados nacionales. Este sistema, que reemplazaría el actual régimen plurinominal- implica que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.

En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.

Con este nuevo paradigma electoral Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento.

Esta forma de elegir diputados era y es completamente ajena a la costumbre política argentina, en la que lo que se considera es que los diputados son representantes del pueblo y, en palabras de Roque Saenz Peña, lo que debe ser representadas son las corrientes de opinión.

Materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76 mil millones de dólares.

Blanqueo y moratoria El proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 0 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
En paralelo, el Gobierno propone una generosa moratoria para deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.

Deuda pública. El proyecto deroga el artículo primero de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto. Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.

Política tributaria.Se contempla un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que actualmente no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.

Seguridad. Se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
Además, el proyecto propone convalidar el protocolo de seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich; en este sentido se dispone que la realización de las manifestaciones deberán ser notificadas a la cartera de Seguridad “con una antelación no menor de 48 horas”.

Justicia: se dispone el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad en un plazo de tres años y, además, instaura el régimen de Juicio por Jurados para que sean juzgados por este sistema todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los 5 años de prisión o reclusión.

Sistema educativo. Se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.

Reorganización de la administración del Estado. Con ese propósito, reclama facultades para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente”.

Jubilaciones y pensiones. El Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.

Uno de los puntos que llamó la atención de los diputados de la oposición fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que “ratifica” el mega decreto de necesidad y urgencia N°70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.