Santa Cruz adhirió a la “Ley Lucio” para prevención de violencia infantil
Los diputados aprobaron por unanimidad la adhesión a la Ley que establece capacitaciones obligatorias para trabajadores del Estado en materia de derechos del niño.
Durante la 1ra. Sesión Ordinaria, bajo la presidencia del Vicegobernador Fabián Leguizamón, los legisladores sancionaron la Adhesión a la Ley Nacional N° 27.709 “Ley Lucio” que tiene por objeto crear el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en materia de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a las personas que se desempeñan en el Estado.
Durante la sesión ordinaria llevada adelante en el día de ayer los legisladores sancionaron por unanimidad la adhesión a la mencionada Ley Nacional, estableciendo la capacitación para el personal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de las infancias y adolescencias.
Por último, en el articulado de la mencionada ley se estableció la invitación formal a Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a los términos de la norma que tendrá al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración como Autoridad de Aplicación.
QUE DICE LA LEY
La Ley nacional crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
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