El Gobierno confirmó ante el Congreso que avanza en negociaciones para retomar las obras en las represas de Santa Cruz, paralizadas de manera total desde diciembre por falta de desembolsos de al menos US$500 millones por parte de los bancos chinos que financian el proyecto.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brindó un informe de gestión ante el Senado, donde anunció que “la decisión del Gobierno es finalizar la ejecución de las represas del río Santa Cruz. Enarsa se encuentra en el proceso de resolución de reclamos pendientes planteados por la UTE Contratista a lo largo de los últimos años (2018/2022). Y la empresa está negociando con la UTE contratista el reinicio de las obras a la mayor brevedad posible a un ritmo de ejecución del proyecto que posibilite su concreción en plazos razonables”, señala el informe de Jefatura.

Así, mientras el Gobierno realiza gestiones ante los bancos chinos para que destraben entre US$500 y US$1000 millones, la estatal Enarsa -a cargo de la obra- negocia con el consorcio constructor (integrado por empresas chinas y argentinas) “un cronograma de avance de obra realista y ejecutable, que permita certificar tareas en función de hitos críticos para su terminación antes de la finalización del contrato de financiamiento”.

La reactivación de las obras se espera para después de la veda invernal, según ya indicó el Ministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Gutiérrez, tras la reunión de conciliación obligatoria por los 2200 despidos efectuados en marzo.

Ayer en respuesta a las preguntas de los senadores, el jefe de Gabinete remarcó que los plazos para las represas de Santa Cruz están muy demorados. “La obra debió haber sido finalizada en su totalidad y estar entregando energía desde el 1 de abril de 2022″.

Posse añadió que el avance global del contrato está hoy en 27,3%, con un avance físico de la represa Néstor Kirchner de 19,2%; mientras en la Jorge Cepernic es de 46% y la línea de alta tensión, de apenas 0,7%.

“Definitivamente, no se ha cumplido el cronograma de ejecución de tareas de la obra; prueba de ello es que debieran estar finalizadas, operativas y entregando energía y se estima que su finalización no estará antes de 2027″, se detalló en el documento.

Del crédito total de US$4714 millones de dólares más IVA, se desembolsaron hasta el momento US$1850 millones en seis pagos, que estuvieron cruzados por cambio de gobierno y renegociaciones.

En diciembre, la obra quedó paralizada cuando por el cambio de gobierno se demoró un giro de US$500 millones que permitiría reanudar los trabajos en ambas represas.

Durante tres meses, la mayoría de los trabajadores estuvieron licenciados y a fines de marzo comenzaron a llegar los telegramas de despido, lo que derivó en protestas y el reclamo del gobernador Claudio Vidal a la administración de Milei para garantizar la reanudación de las tareas y la fuente laboral.

“Los problemas en proceso de resolución no tienen que ver con falta de financiamiento, la obra cuenta con financiamiento de un consorcio de bancos chinos. De llegarse a los acuerdos necesarios con la UTE contratista, quien tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de determinar la cantidad de trabajadores necesarios a contratar para cumplir con sus obligaciones contractuales en tiempo y forma, se regularizará la situación de los trabajadores. La baja de personal sobre finales de 2023 y principios del 2024 se debió a la desmovilización llevada a cabo por la UTE contratista de manera unilateral, quien es la responsable del personal”, remarcó el informe que se presentó en el Congreso.

Detalló que UTE constructora tiene asignadas a 312 personas en las obras “abocadas a tareas de mantenimiento y cuidado de los obradores” a la espera de las gestiones para que lleguen los fondos frescos y se reactiven las tareas.