Juez intima al desalojo de ocupaciones. La Defensoría apela la medida

El juez en lo penal de El Calafate, Dr. Carlos Albarracín notificó a quienes ocupan el ex Hotel La Aldea y el asentamiento 23 de Abril para que se retiren voluntariamente en un plazo de 60 días. Ahora Calafate supo que la Defensoría Pública apela la medida al considerar que vulnera derechos básicos. El conflicto refleja un problema estructural que crece en la villa turística.

Foto: la Nación

En los últimos días, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de El Calafate, a cargo del Dr. Carlos Albarracín, emitió una serie de intimaciones a desalojo en El Chaltén, dirigidas a ocupantes del ex Hotel La Aldea y del asentamiento 23 de Abril, ambos situados dentro del ejido urbano de la villa cordillerana.

Las medidas buscan que los ocupantes realicen un retiro voluntario en un plazo determinado, evitando llegar a instancias de desalojo forzoso. En el caso del Hotel La Aldea, se otorgó un plazo de 60 días. 

También el magistrado notificó a la Municipalidad de El Chaltén, quien desde hace unos días viene manteniendo contacto con los ocupantes del ex hotel y con el Juez. 

Ahora Calafate supo que en estas horas la Defensoría Pública Oficial N°2 de El Calafate, representada por la Dra. Ornela Guidi, presenta una apelación ante la Justicia contra la resolución del juez Albarracín, argumentando que la medida “causa un gravamen irreparable” a numerosas familias con menores y personas mayores.

Es que ese hotel abandonado y judicializado en el marco de la causa Hotesur, vive aproximadamente un centenar de personas. Entre ellas unos 25 niños, uno de los cuales nació la semana pasada, según informaron vecinos a Ahora Calafate.

La defensora pidió que el caso sea tratado en el fuero civil y, de manera alternativa, solicitó la extensión del plazo de desalojo hasta el fin de la temporada turística, señalando que la crisis habitacional en El Chaltén se agrava cada año y que el acceso a alquileres permanentes es prácticamente imposible.

Las intimaciones judiciales y la apelación de la Defensoría reflejan un conflicto que combina cuestiones judiciales, sociales y de vivienda, en una localidad donde la falta de suelo urbano y la especulación inmobiliaria se profundizan temporada tras temporada.

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En el caso del asentamiento “23 de abril”, que recuerda la fecha en que se ocuparon esas tierras (23 de abril de 2022), viven unas 35 personas, entre las que también hay menores.

Por otra parte Ahora Calafate supo que vendrán otras intimaciones de desalojo en El Chaltén, esta vez por casos particulares. Y lo mismo está ocurriendo con casos de usurpación en El Calafate.

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