Diputados rechazaron en forma unánime el veto del Ejecutivo y dejaron firme la ley “Santa Cruz Alquila”

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves por unanimidad la insistencia sobre la Ley “Santa Cruz Alquila”, dejando sin efecto el veto total que el gobernador había emitido días atrás.

Con los dos tercios necesarios, la Legislatura ratificó la normativa sancionada el 28 de agosto pasado y la ley quedó promulgada de hecho, aun sin la firma del Ejecutivo.

La decisión implicó un respaldo político unánime al proyecto impulsado originalmente por el bloque oficialista Por Santa Cruz, que busca generar una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en un mercado altamente tensionado en toda la provincia.

De qué se trata la Ley “Santa Cruz Alquila”

La norma crea el programa provincial para que el Banco Santa Cruz S.A. implemente una línea de crédito específica destinada a cubrir hasta tres veces el canon locativo inicial de un alquiler. La asistencia está dirigida a viviendas unifamiliares y apunta tanto a nuevos contratos como a renovaciones.

La ley establece que el Banco deberá destinar hasta el 5% de su cartera crediticia a esta línea, la cual además tendrá condiciones particulares. Por ejemplo un Plazo máximo de devolución de 18 meses; un monto tope hasta tres veces el valor del primer mes de alquiler. 

También una tasa de interés fija, y que  no podrá superar en más de 5 puntos la tasa nominal anual de los plazos fijos. Y que el alquiler inicial no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

El veto del Ejecutivo

Luego de su sanción, el gobernador Claudio Vidal vetó la ley de forma total el proyecto impulsado desde su propia bancada. Asesorado por su área jurídica, el mandatario sostiene que la ley obliga a un banco privado a destinar parte de su cartera crediticia y a fijar condiciones específicas para el otorgamiento de préstamos, lo cual consideró una “injerencia indebida “en la administración de una entidad regida por la Ley de Sociedades y la Ley de Entidades Financieras.

Según indica el decreto que veta la ley al que accedió Ahora Calafate, esto afecta competencias federales, ya que el crédito y la actividad bancaria son regulados exclusivamente por el Banco Central y el Congreso Nacional.

Además, la ley vulneraría la normativa societaria, al interferir en decisiones que corresponden al directorio del Banco de Santa Cruz, que opera bajo supervisión del BCRA.

En su decreto, el Ejecutivo afirmó que la ley es contraria al ordenamiento nacional que regula el sistema bancario, y que la Legislatura no puede imponerle al banco un porcentaje de su cartera ni condiciones de riesgo, tasas o requisitos de otorgamiento.

Tras el rechazo de la comisión de Asuntos Constitucionales, el tema llegó al recinto este jueves, donde la totalidad de los diputados presentes votó por insistir.

Los fundamentos de la insistencia

A pesar de estos fundamentos, la comisión de Asuntos Constitucionales resolvió este martes rechazar el veto del Ejecutivo, con acompañamiento de todos los diputados presentes, incluidos los oficialistas que impulsaron la iniciativa.

Este jueves, durante el debate en el recinto, el diputado Piero Boffi, autor de la iniciativa, defendió la insistencia y agradeció el acompañamiento de todas las bancadas.

“Quiero dejar expresado y agradecer el acompañamiento de todos los bloques a los fines de volver a insistir, entendiendo que el Banco de la Provincia de Santa Cruz, como bien dice su nombre, es el Banco de la Provincia de Santa Cruz, y nosotros somos diputados de la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo.

Boffi remarcó que el objetivo de la ley es estrictamente social: “Vamos a insistir en el cumplimiento de este proyecto que lo único que busca es generar una herramienta positiva para que los habitantes de la provincia tengan acceso a una línea de crédito para poder renovar o alquilar en el caso que lo necesiten”.

El proyecto quedó incorporado al temario de la sesión y fue aprobado con 21 votos afirmativos, unanimidad de los presentes.

Al quedar firme la ley por insistencia, se abre una eventual vía judicial, ya que el Ejecutivo había advertido que la normativa podría contravenir regulaciones nacionales del sistema bancario.

De avanzar algún planteo, será la Justicia la que determine si la Legislatura tiene competencia para imponer obligaciones crediticias a un banco privado con participación provincial.

Mientras tanto, la norma ya es ley vigente y el Banco Santa Cruz deberá instrumentar la línea de crédito prevista.