Buscan que el ingreso al Poder Judicial sea solo por concurso público

La iniciativa impulsada por diputados del oficialismo propone modificar la Ley 1.600 para garantizar el acceso mediante concursos públicos, establecer estabilidad laboral y fijar cupos para personas con discapacidad y del colectivo trans. Con esto se busca romper la lógica de la “familia judicial”, aseguran sus autores.  

En la primera sesión ordinaria del año, realizada el pasado jueves, ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley que busca introducir cambios de fondo en el funcionamiento del Poder Judicial provincial, especialmente en lo referido al ingreso de personal y designación en cargos.

La iniciativa, impulsada por los diputados Adriana Nieto, Santiago Aberastain y Fabiana Loreiro, plantea que todos los ingresos al Poder Judicial se realicen exclusivamente mediante concursos públicos, abarcando desde cargos administrativos y de maestranza hasta funciones letradas, periciales y jerárquicas como secretarías, fiscalías y defensorías adjuntas.

El proyecto propone modificar el artículo 9 de la Ley 1.600 e incorporar nuevos artículos que apuntan a reforzar criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización dentro del sistema judicial.

También se establece que el Tribunal Superior de Justicia deberá garantizar la estabilidad laboral del personal luego de seis meses de ingreso, además de regular el escalafonamiento y los ascensos en base a criterios como formación, antigüedad, desempeño y resultados en concursos.

Otro de los puntos destacados en el proyecto al que accedió Ahora Calafate es la incorporación de cupos de inclusión laboral, fijando que al menos un 4% de los cargos sea ocupado por personas con discapacidad y un 1% por personas travestis, transexuales y transgénero, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada función.

Diputada Adriana Nieto, una de las autoras del proyecto

Asimismo, el proyecto establece que los cargos de secretarios del Tribunal Superior de Justicia deberán ser cubiertos también mediante concurso público, además de exigir requisitos como título de abogado, edad mínima de 30 años y experiencia profesional.

En los fundamentos, los autores sostienen que la propuesta apunta a “romper la inercia de la familia judicial” y garantizar que el acceso a los cargos no dependa de vínculos personales o recomendaciones, sino del mérito y la capacidad demostrada. En ese sentido, advierten que muchas veces el ingreso o ascenso dentro del Poder Judicial está condicionado por factores informales, lo que limita la igualdad de oportunidades.

También remarcan la necesidad de avanzar hacia un sistema que promueva mayor equidad, transparencia y apertura, en línea con los principios del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional.

El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Trabajo, Familia y Género y Legislación General, donde comenzará su tratamiento en las próximas semanas.

 

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