Jefe de Policía vinculó la denuncia contra efectivos de El Calafate con la fuga de Núñez Servín

La fuga de Nicolás Adrián Núñez Servín de la Comisaría Segunda de El Calafate fue, según el jefe de la Policía de Santa Cruz, un motivo que llevó a la institución a presentar una denuncia penal contra efectivos que participaron de la retención de tareas durante el reciente conflicto salarial.

Así lo confirmó el comisario general Diego Agüero en una entrevista con FM Dimensión, donde explicó que la presentación judicial se limitó a Río Gallegos y El Calafate porque fueron las únicas localidades donde, a criterio de la Jefatura de Policía, ocurrieron hechos de suficiente gravedad como para requerir la intervención de la Justicia.

"La denuncia fue consecuencia de situaciones que sucedieron allá, como la fuga de la persona que se encontraba detenida en la Comisaría Segunda", afirmó Agüero.

El jefe policial sostuvo que la reducción del personal operativo durante la medida de fuerza comprometió el normal funcionamiento de algunas dependencias y generó riesgos tanto para la seguridad pública como para la custodia de personas privadas de la libertad.

"La Justicia nos pide una serie de informes y, a través de esos informes, logramos determinar que la capacidad operativa de la dependencia era menor de la que requería. Yo tengo que proteger al personal que sí se encontraba trabajando, porque si no tal vez ellos terminaban siendo los procesados en lugar del personal que se encontraba en la medida", explicó.

Agüero señaló además que la institución esperó durante varias semanas que el conflicto pudiera resolverse por la vía del diálogo antes de recurrir a la Justicia.

"Nunca habíamos hecho una presentación judicial. Esperábamos que esta situación se resolviera por la vía de la comunicación y del buen diálogo, porque sabemos que una denuncia trae complicaciones institucionales y también personales para los efectivos."

Solo dos denuncias judiciales

Durante la entrevista, el jefe policial confirmó que solo se promovieron denuncias penales en Río Gallegos y El Calafate, descartando que exista una presentación similar respecto de efectivos de El Chaltén.

Consultado sobre por qué la medida no se extendió al resto de la provincia, respondió que únicamente en esas dos ciudades ocurrieron hechos que justificaban una intervención judicial. "Sí, graves en estas dos localidades, en Río Gallegos y Calafate."

En el caso de El Calafate, insistió en que el episodio determinante fue la evasión del detenido.

AUDIO: Crio. Gral Diego Agüero - Jefe de la Policía de Santa Cruz - FM Dimensión

Qué investiga la Justicia

La fuga de Núñez Servín no solo derivó en una causa contra el detenido por haberse evadido de la custodia policial. El Juzgado de Instrucción de El Calafate también abrió una investigación para determinar si existieron deficiencias en las condiciones de seguridad de la dependencia o responsabilidades funcionales del personal encargado de la custodia.

Ahora Calafate supo que entre las medidas ordenadas figura establecer cómo se encontraba asegurada la puerta del sector donde estaba alojado el detenido, quiénes estaban de guardia, si se realizaban controles periódicos y si existían fallas de seguridad previamente conocidas.

También se busca determinar si la evasión pudo verse facilitada por una conducta negligente, imprudente, omisiva o incluso deliberada de quienes tenían bajo su responsabilidad la vigilancia del detenido.

Agüero fue consultado sobre si la Policía sospecha que algún efectivo pudo haber colaborado intencionalmente con la fuga. El jefe policial evitó hacer afirmaciones en ese sentido y aclaró que esa hipótesis forma parte de la investigación judicial.

"Eso está en la etapa de investigación. No podría decirte si se colaboró con la fuga de esta persona."

También explicó que la denuncia presentada por la Policía no apunta específicamente a una presunta facilitación de la evasión, sino a investigar si la retención de tareas y la disminución del personal tuvieron relación con lo ocurrido.

"Nosotros pedimos que se investigue el accionar del personal policial con la medida y si, como consecuencia de eso, se produce la fuga; no si algún efectivo colaboró en ella."

Respecto de la información conocida sobre la puerta del lugar donde estaba alojado Núñez Servín, que habría podido abrirse desde el interior mediante un picaporte, respondió:

"No o puedo asegurar porque eso surge de la investigación que haga la Justicia. Podría haber sido que utilizando un elemento desde el interior haya podido abrir la puerta, pero no es algo que pueda afirmar en este momento."

La denuncia alcanza a quienes participaron de la medida

Agüero explicó que la presentación judicial comprende al personal de El Calafate que participó de la retención de tareas, aunque aclaró que ello no implica que todos resulten finalmente imputados.

"Lo que se hace mención en la denuncia es todo el personal que se encuentra en la medida en la localidad. No quiere decir que todos van a ser objeto de investigación."

La denuncia fue presentada por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales individuales.

También avanzan los sumarios administrativos

En paralelo a la causa judicial, la Policía inició actuaciones administrativas contra el personal alcanzado por la denuncia.

Agüero confirmó que esos sumarios se abrieron automáticamente tras la presentación judicial y precisó que también existen actuaciones administrativas en Río Gallegos y Puerto Deseado, aunque por motivos diferentes.

En el caso de Puerto Deseado, explicó que la decisión respondió al incumplimiento de una directiva interna que ordenaba retomar las tareas luego de que el Gobierno provincial oficializara el aumento salarial acordado.

Finalmente, el jefe policial aseguró que el conflicto se encuentra superado y que todas las dependencias de la provincia recuperaron su funcionamiento habitual.

"Por suerte el personal policial en todas las localidades ya volvió a prestar funciones como corresponde."

Agregó que las sanciones derivadas de los sumarios administrativos dependerán de lo que determinen tanto esas actuaciones como la investigación judicial y que, según la gravedad de cada caso, podrían ir desde sanciones disciplinarias hasta la cesantía.