Por Ley se creó un programa para prevenir el desgaste emocional y el burnout docente

La Cámara de Diputados de Santa Cruz convirtió en ley el Programa Integral de Psicoprofilaxis y Bienestar Docente, una iniciativa destinada a prevenir y abordar problemas de salud mental, emocional y física asociados al ejercicio de la docencia.

El proyecto había ingresado a la Legislatura durante 2025 y fue impulsado por los diputados del oficialismo Fabiola Carolina Loreiro, Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Patricia Urrutia y Adriana Isabel Nieto López. Antes de llegar al recinto fue analizado por cinco comisiones legislativas, que emitieron despacho favorable por unanimidad y con modificaciones.

La norma parte de reconocer como riesgos propios del trabajo docente al agotamiento mental, el estrés crónico, el síndrome de desgaste profesional o burnout y otros trastornos psicosociales. Su objetivo es identificar, evaluar y prevenir esos factores antes de que produzcan un deterioro sostenido en la salud de quienes trabajan en las escuelas.

La propia ley define a la psicoprofilaxis como el conjunto de intervenciones preventivas, psicoeducativas y terapéuticas orientadas a preservar el equilibrio psíquico y emocional de los docentes, facilitar su adaptación al entorno laboral y prevenir afecciones derivadas del desgaste profesional.

El programa será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos y de gestión privada de Santa Cruz, en todos los niveles. La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente.

La ley dispone que el programa incluya evaluaciones periódicas de bienestar psicosocial, acceso gratuito y confidencial a atención psicológica preventiva, talleres de contención emocional y autocuidado, capacitaciones sobre manejo del estrés y resiliencia, supervisiones clínicas optativas y acciones destinadas a mejorar el clima institucional.

También prevé líneas telefónicas y plataformas virtuales de asistencia, protocolos ante situaciones de crisis emocional, estrés agudo o agotamiento profesional y mecanismos de derivación prioritaria hacia los servicios públicos de salud mental cuando sea necesario.

Durante la sesión, la diputada Fabiola Loreiro, del bloque Por Santa Cruz, puso el acento en la realidad cotidiana de quienes trabajan en las aulas. “Esto es una deuda pendiente que tenemos con los docentes”, sostuvo al presentar la iniciativa ante sus pares.

Loreiro vinculó el origen del proyecto con una experiencia personal y recordó a su madre, que también había sido docente. Señaló que desde hacía años hablaba sobre la necesidad de atender preventivamente el impacto que produce la tarea educativa y definió uno de los problemas centrales como “el desgaste emocional, el desgaste mental”, que con el paso del tiempo puede derivar en enfermedades y tratamientos prolongados.

Uno de los aspectos más concretos de la norma está relacionado con la organización cotidiana del trabajo. Los establecimientos deberán garantizar descansos intermedios no inferiores a 15 minutos cada tres horas de trabajo efectivo cuando exista una jornada laboral prolongada y promover al menos una pausa activa o recreativa por turno.

También deberán respetar plenamente el receso invernal y el descanso estival como períodos de recuperación psíquica y emocional, limitando durante esos lapsos la sobrecarga de tareas administrativas o pedagógicas.

La nueva ley también incorpora la evaluación anual del clima institucional. Las escuelas deberán relevar cómo percibe el personal la carga laboral, el agotamiento mental y las condiciones de trabajo, además de identificar periódicamente factores de riesgo psicosocial y adoptar medidas preventivas o correctivas.

En ese mismo sentido, deberán promoverse ambientes de trabajo respetuosos y libres de violencia laboral, acoso, hostigamiento, discriminación y maltrato institucional.

El programa contempla además campañas permanentes de información y prevención dirigidas a docentes, equipos directivos y a toda la comunidad educativa. La ley menciona expresamente la prevención del síndrome de burnout, el suicidio, los consumos problemáticos, la violencia laboral, el acoso y otras formas de maltrato institucional.

El objetivo declarado es mejorar el bienestar integral del personal, reducir el ausentismo por razones de salud mental y disminuir las licencias prolongadas que también terminan afectando la continuidad educativa de los estudiantes.

Otro punto especialmente sensible es la protección de los datos personales. Toda información obtenida durante evaluaciones, consultas, tratamientos o intervenciones deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad y no podrá utilizarse para afectar la estabilidad laboral, la carrera docente ni los derechos estatutarios de los trabajadores de la educación. La norma también aclara que el programa se incorpora al régimen vigente de licencias sin modificar ni reducir derechos adquiridos.

La legisladora planteó además que el trabajo docente implica absorber situaciones que muchas veces exceden lo estrictamente pedagógico. “Es en la escuela donde se recibe no solamente el desgaste de cada uno o el de los niños, sino el de las cargas familiares completas”, expresó. Según explicó, maestros y profesores reciben diariamente a niños y adolescentes atravesados por problemas económicos, situaciones de violencia, maltrato o conflictos familiares, y terminan cargando también con una parte de esas realidades.

En ese mismo sentido agregó: “Es el docente el que tiene que recibir toda esa carga emocional y después tiene que volver a su casa a recibir las suyas”. La frase sintetiza uno de los fundamentos centrales de la norma: entender que el desgaste psicológico asociado a la tarea educativa no puede tratarse solamente como una situación individual, sino como un problema que requiere herramientas preventivas y acompañamiento institucional.

Loreiro también hizo referencia a las consecuencias que puede tener un tratamiento psiquiátrico prolongado y al estrés adicional que genera la situación laboral de quienes no logran reincorporarse dentro de determinados plazos. En ese contexto sostuvo que el nuevo programa permitirá un mayor seguimiento y una intervención más temprana ante situaciones de desgaste emocional.

La ley autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias para poner en marcha el programa. Los gastos deberán ser atendidos con partidas específicas incorporadas al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.

Además, el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días desde la promulgación para reglamentar la norma. A partir de esa reglamentación deberán definirse los mecanismos concretos para implementar las evaluaciones, la asistencia psicológica, las líneas de acompañamiento, los protocolos y la articulación entre Educación y Salud.