Pilas y baterías: el proyecto que quiere repartir responsabilidades entre empresas, Estado y consumidores
La Legislatura de Santa Cruz comenzó a analizar un proyecto que busca cambiar la forma en que se gestionan las pilas y baterías una vez que dejan de utilizarse, distribuyendo responsabilidades entre quienes las producen o introducen en el mercado, quienes las comercializan, el Estado y los propios consumidores.
La iniciativa es el proyecto presentado por la diputada Rocío García, de Unión por la Patria. Comenzó su recorrido parlamentario luego de tomar estado en la sesión del jueves 10. Deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.
El texto al que accedió Ahora Calafate crea un Régimen Provincial de Gestión Integral y Responsabilidad Extendida de Pilas y Baterías, destinado a ordenar la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación, reciclado y disposición final de esos residuos.
Santa Cruz ya cuenta con un Programa Provincial de Gestión Transitoria para Residuos de Pilas y Baterías. El proyecto no lo elimina, sino que propone incorporarlo y adaptarlo a un esquema legal permanente.
En sus fundamentos, García explica que la intención es superar ese carácter transitorio mediante obligaciones concretas para productores, distribuidores y comercializadores, además de incorporar metas, trazabilidad y responsabilidad extendida.
Uno de los ejes principales es la denominada Responsabilidad Extendida del Productor. Esto significa que quienes fabriquen, ensamblen, importen o introduzcan por primera vez pilas y baterías en el mercado santacruceño deberán hacerse cargo también de la etapa posterior al consumo.
El proyecto establece que esos productores tendrán que organizar y financiar, en forma individual o colectiva, la gestión de los residuos que generen los productos que colocan en el mercado. Para ello deberán presentar un plan que detalle cantidades introducidas, sistema de recepción y recolección, logística, operadores habilitados, tratamiento, destino final, metas de recuperación y mecanismos de trazabilidad.
“La responsabilidad ambiental no puede recaer exclusivamente sobre el consumidor”
Ese concepto aparece expresamente en los fundamentos del proyecto. García sostiene que las empresas tienen capacidad de decisión sobre los materiales, el diseño, la durabilidad y la cantidad de productos que colocan en circulación, por lo que también deben asumir parte de la responsabilidad económica y operativa cuando esos productos se transforman en residuos.
“La responsabilidad ambiental no puede recaer exclusivamente sobre el consumidor”, señala la iniciativa. Y agrega que el Estado debe regular, fiscalizar y garantizar que las pilas y baterías agotadas tengan un destino seguro.
La lógica que plantea la diputada es que cada actor tenga una obligación concreta. El consumidor deberá entregar correctamente el residuo; las empresas deberán hacerse cargo del impacto postconsumo; y el Estado tendrá que controlar que el sistema funcione.
Al menos un punto de recepción por localidad
El proyecto crea además una Red Provincial de Puntos de Recepción de Pilas y Baterías, integrada por dependencias públicas, comercios, municipios y comisiones de fomento adheridos, instituciones educativas, universidades y otras entidades autorizadas.
La autoridad de aplicación deberá procurar una cobertura territorial efectiva y garantizar progresivamente al menos un punto permanente de recepción accesible en cada localidad de Santa Cruz.
Los comercios que vendan pilas o baterías también tendrán obligaciones. Deberán recibir, sin costo y sin exigir una nueva compra, unidades agotadas equivalentes a las que comercializan. En el caso de grandes establecimientos y cadenas, la incorporación como puntos permanentes de recepción será obligatoria.
Este esquema busca resolver además una dificultad propia de Santa Cruz: las grandes distancias y la existencia de localidades alejadas de centros de tratamiento o transferencia.
Por eso el articulado dispone que deberán establecerse condiciones específicas para la logística y el almacenamiento, evitando acumulaciones prolongadas y garantizando condiciones seguras de acopio. Una vez habilitados los sistemas previstos por la ley, quedará prohibido mezclar estos residuos con la basura domiciliaria.
Saber qué ocurre con cada pila recolectada
Otro componente importante es la trazabilidad. Cada operación de recolección, transporte, transferencia, tratamiento, reciclado o disposición final deberá quedar documentada. El sistema deberá permitir conocer cantidades, origen, transportistas, operadores intervinientes, tratamiento realizado y destino final.
La autoridad ambiental también tendrá que publicar anualmente información sobre cuántas pilas y baterías fueron introducidas al mercado, cuántas se recolectaron, qué porcentaje pudo recuperarse, qué localidades participaron y cuál fue el destino final de los residuos.
La propuesta prioriza la recuperación y el reciclado cuando sean técnica y ambientalmente viables. Las fracciones que no puedan aprovecharse deberán recibir tratamiento y ser enviadas exclusivamente a instalaciones habilitadas. Si Santa Cruz o incluso el país no cuentan con capacidad técnica suficiente, podrán utilizarse alternativas interjurisdiccionales o de exportación autorizadas.
La iniciativa también crea un Registro Provincial de Productores y Sistemas de Gestión, junto con un sello denominado “Empresa Responsable Ambiental”, que podrá otorgarse a quienes acrediten un cumplimiento sostenido de las obligaciones previstas.
Ese reconocimiento no reemplazará los controles ni tendrá el alcance de una certificación ambiental integral, sino que identificará específicamente a quienes cumplan con este régimen de gestión postconsumo.
También habrá sanciones. El proyecto contempla apercibimientos, multas, suspensiones temporales, baja del registro y obligación de recomponer o asumir los costos de la gestión omitida, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o ambientales que pudieran corresponder.