Piden quitarle el beneficio de prisión domiciliaria a las dos mujeres detenidas nuevamente por venta de drogas

Las dos imputadas ya cumplían condenas anteriores en sus domicilios por tener hijas menores a cargo. Tras quedar nuevamente detenidas en una causa por presunta comercialización de drogas, la Fiscalía Federal pidió al juez de ejecución que revise y revoque ese beneficio. “La situación de estar detenidas en domicilio es un beneficio”, explicó el fiscal Julio Zárate a FM Dimensión.

La situación judicial de las dos mujeres detenidas en el último operativo antidrogas realizado en El Calafate podría agravarse en los próximos días.

Además de permanecer con prisión preventiva por 90 días en la nueva causa, la Fiscalía Federal solicitó que se les revoque la prisión domiciliaria que cumplían por condenas anteriores.

Así lo confirmó el fiscal federal Julio Zárate en una entrevista con el programa A Diario, de FM Dimensión.

Las dos mujeres fueron detenidas junto a un hombre durante los allanamientos realizados el pasado fin de semana en dos viviendas ubicadas en un mismo terreno de calle Justo Azúa, en el barrio Cerro Calafate. La investigación está a cargo del fiscal Pablo Mansilla, dentro de la Unidad Fiscal Federal.

Los tres están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas y quedaron bajo prisión preventiva por 90 días. 

Cumplían condenas en sus casas

La particularidad del caso es que las dos mujeres ya tenían condenas anteriores y las cumplían bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debido a que tenían hijas menores a cargo.

Zárate explicó que, luego de la nueva detención, el área de Ejecución de la Unidad Fiscal puso la situación en conocimiento del juez correspondiente.

“Las dos mujeres ya fue notificado por el área de ejecución también de la Unidad Fiscal al juez de ejecución para que revoque esas prisiones domiciliarias”, afirmó. 

El fiscal señaló que el régimen domiciliario había sido otorgado precisamente por la situación familiar de ambas.

“La situación de estar detenidas en domicilio es un beneficio, y ese beneficio se daba justamente en presencia de las menores que tenían que estar a cargo”, explicó. 

Por eso, la aparición de una nueva causa penal mientras cumplían sus condenas en sus viviendas abrió ahora una instancia específica ante el juez de ejecución.

La revocación todavía debe ser resuelta

Un punto importante es que la prisión domiciliaria todavía no fue formalmente revocada. Zárate aclaró que el trámite está siendo impulsado por el área de Ejecución de la Fiscalía y que será el juez quien deberá resolverlo.

“Eso está ahora en la parte de ejecución de la Unidad Fiscal para justamente pedirle al juez eso”, indicó. 

Si el planteo prospera, las condenas anteriores que hasta ahora cumplían en sus domicilios pasarían a ejecutarse en establecimientos de detención comunes.

Esto es independiente de la prisión preventiva dictada en la nueva investigación por drogas, que tiene un plazo inicial de 90 días.

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Una nueva causa mientras cumplían condena

Como informó Ahora Calafate, en los allanamientos realizados en calle Justo Azúa fueron secuestrados 208,43 gramos de cocaína y 12 gramos de marihuana, además de elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Las dos mujeres y el hombre detenido fueron acusados de actuar de manera organizada para comercializar drogas.

Zárate explicó que esa circunstancia fue considerada por la Fiscalía al momento de solicitar la prisión preventiva.

“Estamos hablando de que estaban organizados, son tres o más personas organizadas, o sea la tenencia de estupefaciente con fin de comercialización agravada por la cantidad de personas”, sostuvo.

El fiscal agregó que, por la calificación legal atribuida en esta etapa, se trata de delitos que “no son excarcelables en principio”.

La Fiscalía continuará ahora con dos caminos paralelos respecto de las mujeres: por un lado, la investigación de la nueva causa por presunta venta de drogas y, por otro, el pedido para que dejen de cumplir en sus domicilios las condenas anteriores.

La decisión sobre este último punto quedará en manos del juez de ejecución.

 

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