Garay defendió el proyecto turístico en Península Magallanes y aseguró que cumple con el Plan de Manejo
El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, volvió a defender el proyecto turístico de Península de Magallanes, cuya operación inmobiliaria fue autorizada excepcionalmente por el Gobierno de Santa Cruz mediante el Decreto 915/2026.
En nuevas declaraciones difundidas este lunes, el funcionario aseguró que el emprendimiento cumple con las restricciones ambientales vigentes, explicó que los inversores debieron modificar la propuesta original y cuestionó a sectores de la oposición por criticar una iniciativa que comenzó a tramitarse durante el gobierno de Alicia Kirchner.
Garay también aportó información sobre otros emprendimientos turísticos en áreas protegidas. Entre ellos mencionó una construcción solicitada para el Hotel Los Notros que, según afirmó, no fue autorizada por el Consejo Agrario Provincial debido a que no cumplía con las condiciones del Plan de Manejo.
El proyecto original debió modificarse
Uno de los principales argumentos de Garay es que el proyecto turístico no fue autorizado tal como había sido presentado inicialmente por los inversores.
“Cuando se presenta el proyecto, la verdad que no se ataba totalmente al Plan de Manejo de Península de Magallanes. Entonces nosotros lo devolvimos y les dijimos que debían trabajar en base a esas condiciones”, explicó.
Según afirmó, los responsables del emprendimiento realizaron las modificaciones solicitadas por el organismo provincial. “Así lo hicieron, se apegaron al Plan de Manejo y modificaron el proyecto”, sostuvo.
Como informó anteriormente Ahora Calafate, el denominado Master Plan Ecocentro contempla la construcción de 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 plazas, además de un salón de usos múltiples y senderos peatonales.
El proyecto abarca aproximadamente 20 hectáreas, de las cuales unas cuatro quedarían ocupadas efectivamente por construcciones, de acuerdo con los datos que el propio Garay brindó en septiembre.
El presidente del CAP aseguró ahora que el emprendimiento cuenta con los estudios ambientales correspondientes y que las modificaciones exigidas permitieron adecuarlo a las restricciones establecidas para el área protegida.
“Lo que se quiere hacer en la fracción G de Península de Magallanes está apegado al Plan de Manejo, respeta toda la normativa, no tiene un impacto visual, no va a afectar el paisaje que hoy tiene”, afirmó.
También sostuvo que el proyecto no contempla acceso al lago y rechazó los cuestionamientos sobre su proximidad con el Glaciar Perito Moreno.
Estas afirmaciones representan la posición del organismo provincial que intervino en la tramitación del emprendimiento. Uno de los aspectos que todavía requiere precisiones es qué modificaciones fueron incorporadas al proyecto y cómo quedaron comprendidas dentro de las evaluaciones ambientales realizadas.
Un Plan de Manejo aprobado durante la gestión anterior
Garay hizo especial hincapié en que el procedimiento administrativo comenzó antes de la llegada de Claudio Vidal al Gobierno provincial.
“Esto se viene trabajando hace mucho tiempo, no es que nació ahora recientemente. Desde el año 2023 se empezó a trabajar este proyecto. Nosotros como Estado lo que hicimos fue darle continuidad a algo que se había empezado”, manifestó.
El expediente administrativo del Master Plan Ecocentro, identificado con el número CAP 495.894/2023, efectivamente comenzó a tramitarse durante el gobierno de Alicia Kirchner.
En octubre de aquel año, el Consejo Agrario dictó la Resolución 390/2023, que autorizó una primera etapa del emprendimiento, condicionada al cumplimiento de las exigencias ambientales.
Posteriormente, durante 2026, se incorporaron nuevas actuaciones y autorizaciones relacionadas con la denominada Parcela G.
En cuanto al Plan de Manejo, corresponde precisar que fue aprobado el 16 de marzo de 2022 mediante el Decreto Provincial 303/2022, también durante la administración de Alicia Kirchner.
Su elaboración estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario e incluyó instancias de participación de organismos provinciales, instituciones y actores vinculados con el área protegida.
Garay cuestionó particularmente al diputado provincial Carlos Alegría, uno de los impulsores del proyecto que busca derogar el Decreto 915.
“Que hoy desconozcan ese Plan de Manejo y se muestren disconformes cuando ellos mismos fueron parte del armado del mismo, me hace ruido”, expresó.
De todas maneras, los cuestionamientos legislativos no se limitan al contenido del Plan de Manejo. También abarcan la legalidad de la excepción que habilitó la transferencia de las tierras a una sociedad vinculada con capitales extranjeros y el procedimiento administrativo que permitió esa operación.
Los antecedentes de Los Notros y Explora El Chaltén
Para respaldar su posición, el titular del Consejo Agrario mencionó otros emprendimientos turísticos que tuvieron intervención de organismos provinciales.
Uno de ellos es el Hotel Los Notros, ubicado en el sector del Parque Provincial Península de Magallanes, próximo al acceso al Glaciar Perito Moreno.
Garay aseguró que el CAP no autorizó una construcción propuesta para ese establecimiento porque no cumplía con las disposiciones del Plan de Manejo.
La normativa establece restricciones particulares para ese sector. En el caso de la antigua Hostería Los Notros, contempla la utilización de estructuras existentes y aprobadas, pero no permite ampliarlas.
El funcionario no precisó las características de la obra rechazada, cuándo se presentó la solicitud ni qué acto administrativo formalizó la decisión.
También utilizó como ejemplo al hotel Explora El Chaltén, de capitales chilenos, que comenzó a recibir turistas en diciembre de 2021, durante el gobierno de Alicia Kirchner.
El establecimiento, ubicado en la Reserva Natural Los Huemules, cuenta con 20 habitaciones y representó una inversión informada de aproximadamente 9 millones de dólares.
“Hoy nos critican a nosotros cuando ellos fueron los primeros en generar los antecedentes”, cuestionó Garay, en referencia a las inversiones extranjeras autorizadas durante administraciones anteriores.
Sin embargo, se trata de emprendimientos emplazados en áreas con regímenes territoriales diferentes. Explora se encuentra dentro de una reserva natural privada, mientras que la operación de Península de Magallanes requirió una excepción específica a las restricciones provinciales sobre transferencia de tierras.
Garay espera que lo convoquen a Diputados
El presidente del Consejo Agrario también se refirió al tratamiento legislativo del Decreto 915 y aseguró que el organismo ya remitió la documentación solicitada.
“Estamos a la espera de que nos citen y estamos a disposición para dar las explicaciones técnicas, pero hasta ahora no nos han convocado”, afirmó.
Como informó Ahora Calafate, el expediente administrativo fue enviado a la Cámara de Diputados y quedó a disposición de la Comisión de Recursos Naturales.
El pasado 21 de octubre, esa comisión decidió no emitir despacho sobre el proyecto de ley presentado por Carlos Alegría y otros legisladores para derogar el Decreto 915.
En cambio, acordó convocar a Garay y a funcionarios del área de Ambiente, además de solicitar opiniones jurídicas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno y a Fiscalía de Estado.
La intención de los legisladores es conocer con mayor precisión las actuaciones de cada organismo, las autorizaciones otorgadas y los fundamentos legales de la excepción.
Ahora Garay asegura que, pese a esa decisión de la comisión, todavía espera recibir una citación para concurrir personalmente y brindar explicaciones.
“Antes de haber hecho esto nos tendrían que haber convocado a nosotros para ver qué dudas tenían. El expediente está y se respetó punto por punto todo lo que había que hacer”, sostuvo.
La controversia judicial continúa
El Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1.º de septiembre, autorizó excepcionalmente la transferencia de dos parcelas de Península de Magallanes desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad argentina vinculada con capitales de Dubái.
La decisión generó cuestionamientos políticos, ambientales y jurídicos, además de reclamos de organizaciones y vecinos de El Calafate.
El conflicto también llegó a la Justicia Federal. El 16 de octubre, el juez federal Claudio Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que no inscriba transferencias, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3 involucradas en la operación.
El magistrado se declaró incompetente para resolver el fondo del amparo y dispuso remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida no anuló ni suspendió el Decreto 915, pero mantiene sin modificaciones la situación registral de las tierras mientras esté vigente.
Frente a este escenario, Garay ratificó la posición del Consejo Agrario Provincial y sostuvo que la preservación del patrimonio natural puede compatibilizarse con inversiones privadas que generen actividad económica y empleo.
“Queremos cuidar nuestro patrimonio con inversiones que vengan y que sirvan para el desarrollo de nuestra provincia”, concluyó.
Las explicaciones anunciadas ante la Legislatura serán una instancia para profundizar aspectos que continúan en debate, particularmente las modificaciones exigidas al proyecto original, el alcance de las autorizaciones ambientales y los fundamentos administrativos que acompañaron la operación de tierras.