Península Magallanes: el proyecto para derogar el Decreto 915 quedó en espera de informes y explicaciones oficiales

Después de las primeras discusiones políticas sobre su derogación, el debate legislativo sobre el Decreto 915/2026 entró en una nueva etapa. Ayer martes los diputados decidieron  avanzar primero sobre los documentos y las explicaciones de distintas áreas del propio Gobierno provincial antes de de tomar una decisión.

En la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de Santa Cruz, comenzó a tratarse el Proyecto de Ley 717/2026, impulsado por el diputado por El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, Carlos Alegría.

La iniciativa que ya informó Ahora Calafate propone derogar el decreto mediante el cual el gobernador Claudio Vidal habilitó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, la operación de venta de tierras de Península Magallanes desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate S.A.U.

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Pero el proyecto no obtuvo despacho. Por propuesta de Alegría, la comisión acordó profundizar primero el análisis, convocar al presidente del Consejo Agrario Provincial y a autoridades de Ambiente, y solicitar opinión a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y a Fiscalía de Estado. 

“Necesitamos hacer las consultas pertinentes”, resumió Alegría durante el tratamiento.

La decisión coincidió con otro dato relevante. Al comienzo de la misma reunión se informó oficialmente que el Consejo Agrario Provincial remitió documentación correspondiente al Expediente Nº 495.894/2023, en respuesta a la Resolución 335/2026 aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de septiembre.

Se trata de dos cuerpos que reúnen 441 fojas que ahora la Comisión de Recursos Naturales tiene formalmente sobre la mesa mientras debe decidir si recomienda o no la derogación del decreto.

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Qué quieren saber los diputados

El Consejo Agrario Provincial aparece como el primer organismo central porque allí tramita el expediente  y porque tuvo participación directa en distintas etapas administrativas vinculadas con el proyecto.

Su presidente podrá ser consultado sobre el origen del trámite, las actuaciones técnicas realizadas, las autorizaciones concedidas, la evolución del proyecto, las condiciones establecidas para su eventual transferencia y, especialmente, sobre el procedimiento que desembocó en la solicitud de una excepción al Decreto 994/2017.

También se decidió convocar a Ambiente. En este punto habrá que diferenciar dos cuestiones que muchas veces aparecen mezcladas: una cosa es la evaluación ambiental del emprendimiento turístico y otra, la decisión administrativa que autorizó la operación inmobiliaria.

El Decreto 915 sostiene que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental y dispone que su ejecución deberá cumplir la legislación ambiental, el Plan de Manejo y las medidas de control correspondientes. 

Lo que los legisladores podrán intentar precisar ahora es qué versión del emprendimiento fue evaluada ambientalmente, qué modificaciones posteriores hubo y qué intervención tuvo específicamente el área de Ambiente frente a la operación de transferencia y a la excepción concedida por el Ejecutivo.

Legal y Técnica y Fiscalía, las consultas jurídicas

El diputado Alegría también pidió incorporar al análisis a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. “Se trata de un expediente y se trata de un decreto”, argumentó al solicitar que el organismo aporte su opinión. 

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Allí una de las cuestiones centrales será conocer cuál fue el sustento jurídico utilizado para considerar posible que el Poder Ejecutivo exceptuara, mediante el Decreto 915, una restricción establecida previamente por el Decreto 994/2017.

También se solicitó opinión a Fiscalía de Estado. Alegría vinculó ese pedido con el carácter excepcional de la autorización y sostuvo durante la reunión que correspondía conocer la actuación de Fiscalía en ese proceso.

Pero aquí hay una diferencia importante: hasta el momento no está documentado públicamente que Fiscalía de Estado haya intervenido efectivamente antes de la firma del Decreto 915.

Por eso, una de las primeras preguntas deberá ser precisamente esa: si fue consultada, cuándo intervino y qué dictaminó. Y, en caso de no haber participado, conocer ahora su posición jurídica sobre la excepción y sobre el proyecto que propone derogarla.

Qué propone el Proyecto 717

Como ya informó Ahora Calafate el proyecto ingresó a la Legislatura el 7 de octubre y está firmado por Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic. 

La iniciativa pide la derogación del Decreto 915 y declarar nulos los actos administrativos, autorizaciones, permisos o instrumentos realizados como consecuencia de esa norma.

Además, plantea otorgar jerarquía de ley al Decreto 994/2017 y prohibir que en el futuro el Poder Ejecutivo conceda excepciones individuales que modifiquen las restricciones establecidas para Península Magallanes. 

Es precisamente por ese alcance que el análisis jurídico cobra importancia: si el proyecto avanza, los diputados no sólo deberán pronunciarse sobre la conveniencia política de derogar el 915, sino también sobre las consecuencias legales de dejar sin efecto actuaciones administrativas que podrían haberse realizado a partir de aquella autorización.

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El proyecto todavía tiene un largo camino legislativo

El Proyecto 717 ya atravesó su primera comisión. El lunes pasado fue tratado en Asuntos Constitucionales, donde se aprobó su pase a Recursos Naturales por mayoría, con la abstención de una diputada. Un día después llegó a Recursos Naturales.

Allí, en lugar de emitir inmediatamente un nuevo despacho, los legisladores decidieron mantenerlo pendiente mientras analizan el expediente y reciben las respuestas solicitadas.

El recorrido parlamentario previsto originalmente contempla además su paso posterior por Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, antes de quedar eventualmente en condiciones de llegar al recinto.

Por lo tanto, la derogación del Decreto 915 no está próxima a ser votada por la Cámara. El proyecto sigue en comisión y acaba de ingresar en una fase de análisis que puede resultar decisiva.