Detalles del caso que puede marcar precedente sobre un hecho de estafa
El abogado Berkovich representa a la víctima de una estafa, que es jubilada estatal. El impostor le hizo creer que era de un organismo oficial y la convenció de ir un cajero a hacer una extracción por 10 mil pesos que tenía en su cuenta del Banco Santa Cruz.
Al acceder el estafador gestionó un préstamo pre aprobado por 500 mil pesos, que en pocos minutos se acreditó. Desde allí hizo tres transferencias consecutivas a distintas cuentas. Dos por 150 mil pesos y una tercera por casi 200 mil. Estafa consumada.
Fue un sábado a la mañana por lo que ni la víctima ni sus familiares pudieron contactarse con el banco para alertar lo que les estaba pasando. El lunes acudieron a la sucursal de El Calafate donde les respondieron que no podían hacer nada para devolver el dinero o dejar sin efecto el préstamo que ella no pidió.
El pedido de medida cautelar fue presentado hace cuatro meses. En ese tiempo el banco le descontó cuotas mensuales de unos 20 mil pesos de su jubilación.
Al dar a conocer el caso, Berkovich aclaró que lo que decidió el juez Narvarte “no es un fallo”, sino tal como informó AHORA CALAFATE una medida cautelar o de pronto despacho. La entidad bancaria deberá abstenerse de seguir descontando las cuotas del préstamo.
Recordemos que el Juez Narvarte acotó en FM Dimensión que la suspensión de cobro de las cuotas es por 90 días en principio, aunque podría extenderse por más tiempo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo
En tanto Berkovich adelantó que no solo se pretende dejar de pagar el préstamo sino que la presentación es para obtener la devolución del dinero que su clienta tuvo que pagar, además de un resarcimiento por daño moral y punitorios.
Como informamos la medida cautelar dispuesta por Narvarte es la primera en Santa Cruz sobre este tema. Una segunda se realizó días después en un juzgado de Río Gallegos.
Medidas similares se tomaron en otros lugares del país. Si bien hay muchas causas iniciadas, hasta el momento no hay precedente (jurisprudencia) de un fallo judicial que se expida en la cuestión de fondo y determine la responsabilidad de los bancos frente a este tipo de delitos.