Argentina: Congreso y Gobierno avanzan hacia la emergencia turística

Turismo 29 de junio de 2020 Por Por Hosteltur
Desde que empezó la pandemia, el sector turístico de la Argentina viene reclamando al Gobierno la declaración de la Emergencia Económica para la industria, dado que ha sido una de las más afectadas y probablemente la última en recuperarse. Cien días después, el Congreso y el Poder Ejecutivo están avanzando por caminos separados.
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Llamados, cartas, comunicados, reuniones (una de ellas con el propio presidente). Desde el minuto cero de la pandemia el sector privado turístico argentino probó absolutamente todas las vías para insistir en la necesidad de que el Gobierno declare la Emergencia Económica de la industria. Inclusive, se llegaron a presentar varios proyectos para ello en el Congreso.

El argumento de los empresarios argentinos fue y es el mismo que el de los empresarios de todo el mundo en este contexto: el turismo fue la primera actividad afectada y probablemente sea la última en recuperarse; por lo tanto, requiere medidas focalizadas y por plazos más extensos.

En Argentina, no fue sino hasta la mencionada reunión de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) con el presidente Alberto Fernández que este reclamo empezó a tomar cuerpo. De hecho, inmediatamente se avanzó en el famoso programa de asistencia bautizado ATP, que permite cubrir un porcentaje de los salarios de los trabajadores del sector privado en general; y luego, de manera específica para la industria, la cartera turística dispuso un programa de financiamiento de AR$ 4.500 millones para empresas y destinos, titulado Pacit.

Pero la extensión de la cuarentena por el incremento de los casos positivos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está tornando insuficientes estas medidas. A tal punto, que en medio del aislamiento se produjeron algunas manifestaciones reclamando la emergencia, como una masiva movilización de los Agentes de Viajes Autoconvocados en la ciudad de Córdoba, este viernes 26 de junio.

Con el regreso de los vuelos regulares pautado recién para el 1° de septiembre y una cuarentena en Fase 1 en el AMBA al menos hasta el 17 de julio, la posibilidad de declarar la Emergencia Turística empieza a cuajar de verdad. Y ya hay avances concretos.

Segunda vuelta en el Congreso

El primer legislador en presentar un proyecto de declaración de emergencia, allá por marzo, fue el senador por la provincia de Misiones, Maurice Closs, vicepresidente primero de esa cámara, considerado un “hombre del turismo” en el Congreso (luego lo hicieron las senadoras Ianni y García Larraburu). Pero en ese entonces el Poder Legislativo estaba paralizado por la primera etapa de la pandemia, y ni siquiera se habían formado las comisiones correspondientes.

Pero ante este nuevo escenario, y en la primera sesión de la Comisión de Turismo del Senado, Closs informó que daba de baja esa propuesta para reformularla, cosa que hizo esta semana, pero ahora dividida en dos proyectos: uno de contención de la emergencia empresarial; y otro para motorizar la recuperación durante el “día después”.

El primero de ellos propone crear una versión focalizada el mencionado programa ATP, pero abonando hasta el 75% de los salarios de los empleados del sector (y de los sectores que el Ejecutivo considere necesario) al menos hasta septiembre; reduce en un 95% las contribuciones patronales; y prorroga todos los vencimientos impositivos del año.

¿A quiénes alcanzaría en caso de ser aprobado? “A agencias de viajes mayoristas y minoristas; servicios de alojamiento; servicios gastronómicos; transporte automotor interjurisdiccional de pasajeros y aerocomercial de cabotaje; parques de diversiones y parques temáticos; jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales; producción de espectáculos teatrales y musicales; promoción y producción de espectáculos deportivos; salones de baile, discotecas y similares; toda otra actividad que determine el Poder Ejecutivo Nacional cuyas actividades se encuentren paralizadas o su facturación se encuentre afectada en más del 70%, todo ello en función de la situación sanitaria relacionada con el COVID-19”, aseguraron a través de un comunicado.

El segundo proyecto apunta al poscoronavirus, incentivando fuertemente el consumo turístico doméstico, y se puede dividir en tres focos: los argentinos de clase media y alta, que son los que verán menos afectada su capacidad de gasto y serán los primeros en viajar; los adultos mayores; y los estudiantiles.

Para motivar el consumo en los sectores medio-bajo y medio-medio, se establece la posibilidad de acceder a un Bono Fiscal Vacacional (un voucher), que funcionará como un descuento en el pago de alojamiento, emulando al sistema implementado en Italia. Esto aplica para quienes tienen ingresos por hasta cuatro salarios vitales y móbiles, es decir, que no abonen Impuesto a las Ganancias. Pero para las capas de la sociedad que sí superen ese ingreso, se propone deducir de Ganancias los consumos en alojamiento, gastronomía e intermediación a través de agencias habilitadas.

En lo que respecta a los adultos mayores, se propone un sistema similar al Imserso de España, para el cual las agencias deberían presentarse a licitación; mientras que para los viajes de egresados se postula la creación de un nuevo fideicomiso del Banco Nación, con el que se financien los paquetes y se abone directamente a cada actor de la cadena su parte. Según aclararon, no se trata de una modificación a la normativa y la operatoria regular del estudiantil, sino un sistema complementario, diseñado para favorecer la compra y, a su vez, evitar defraudaciones al Estado.

Se espera que este proyecto, que contaría con el apoyo de varios miembros de la Comisión de Turismo, sea tratado por ese cuerpo la semana entrante. De tener dictamen favorable, pasaría al “recinto”, que actualmente sesiona de manera virtual.

Proyecto propio

Pero más allá de que el proyecto de Closs logre avanzar en la comisión, la realidad es que el Poder Ejecutivo Nacional está trabajando en uno de propia confección, que implicaría “diversas facetas para la pospandemia”.

Consultadas algunas voces del sector privado, coinciden en que es positivo este movimiento por parte del sector público en pos de la declaración de la emergencia y en que, más allá de cuál sea el proyecto que se imponga, es clave que se defina con “urgencia”, ya que la industria lleva 100 días sin facturar.

Por Rolando Klempert

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