Guillermo Pérez Luque
El Gobernador de Santa Cruz ordenó por decreto la suspensión de todo ingreso y/o designación de personal, bajo cualquier modalidad, a la Administración Pública Provincial. La medida ya entró en vigencia el jueves con la publicación en el Boletín Oficial.
“El inicio de esta gestión de Gobierno está signada por la prioritaria necesidad de enfrentar la crítica situación económica, tanto a nivel nacional y particularmente en la provincia, que afecta a la totalidad de las áreas administrativas”, afirma el decreto 0068/2024
La prohibición de incorporar personal abarca tanto a la administración central como la descentralizada, el Tribunal de Cuentas, Unidades Ejecutoras, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria.
Ya durante el gobierno de Alicia Kirchner se habían dictado normas en el mismo sentido. Sin embargo, a pesar de la vigencia del Decreto N°1260/18 y el Decreto N°0696/23, se siguió incorporando personal al Estado Provincial.
“Esas normas citadas y sus sucesivas modificaciones, no tuvieron la ejecutividad y operatoria suficiente para su aplicación”, afirma el actual gobernador. Por lo tanto corresponde “reducir al máximo la posibilidad de ingresos de personal, a los fines de organizar el gasto y optimizar los recursos”.
El último dato oficial recabado por Ahora Calafate, se remite a la Ley de Presupuesto de 2023, en la que Alicia Kirchner manifestó que había 37.365 empleados en el Estado provincial, de los cuales 35.680 son Planta permanente y 1.685 son temporarios.
De acuerdo al último Censo, la provincia tiene 337.226 habitantes, por lo tanto hay 110 empleados públicos cada 1.000 habitantes.
El gobernador de Santa Cruz aclara que solo se exceptuarán “aquellos ingresos que resulten imprescindibles para asegurar el cumplimiento de las funciones” del Estado. Asegura que cada caso será evaluado y deberá contar “con autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo”. Es decir, de su propia firma.
En su segundo artículo el decreto de Vidal advierte que la posesión de empleo, o los ingresos que se efectúen en contraposición a su decisión “harán responsable al funcionario que lo autorice de manera personal y exclusiva respecto a las prestaciones de servicios irregulares”.
También indica que “cualquier acto administrativo emitido en violación a lo dispuesto” por el decreto “será nulo de nulidad absoluta”.
EL DECRETO COMPLETO
